Alegrarse del dolor o la desgracia de otros es un sentimiento que emponzoña el alma, la reduce en sus potencias, incluso aun cuando el sentimiento se proyecte sobre alguien que dedicó esfuerzos y tensión a causarte dolor y sufrimiento por alguna frustración oculta en recovecos interiores del alma o por alguna suerte de plato de lentejas, que en la cocina del poder se elaboran muy variados y adornados de diferentes condimentos. Pero como español, como amante del Derecho y como persona que desea vivir en un esquema de convivencia en el que impere un orden jurídico razonable, es imposible no sentir cierta satisfacción interior ante acontecimientos que caminan en esa dirección. Por ello, en mitad de este desastre colectivo en el que nos toca subsistir, una decisión como la del Tribunal Supremo anulando el indulto concedido a Alfredo Sáenz, el consejero delegado del Santander, tiene que ser recibida en nuestro interior con un mínimo de esperanza. Porque tiene mucha mas importancia de la que se aprecia a simple vista. Pero conviene despejar mentiras que rodean a ese suceso
La primera es reconducir el indulto a la decisión de Zapatero y su gobierno socialista en fase terminal. Formalmente así fue: una decisión adoptada cuando las elecciones ya se habían perdido. Pero materialmente no. Hay evidencias de que contó con el conocimiento y anuencia de Rajoy, en esos días ya Presidente del Gobierno in pectore. No se trata solo de que un gobierno en funciones no puede adoptar una decisión, el indulto, que es la negación misma del principio de separación de poderes. Tenía tanto calibre negar la efectividad de la condena al banquero que requería la anuencia de los integrantes del Sistema, incluyendo los principales medios de comunicación social. La obtuvieron y todos actuaron de consumo. La mejor prueba de la participación de este Gobierno es la defensa encendida, mas allá de lo razonable, efectuada por el abogado del Estado. ¿Se les olvidó el Supremo? Quizás pensaron que no era necesario, acostumbrados a la politización del poder Judicial.
La segunda es que no se trató de un delito de denuncia falsa. Lo que dicen las sentencias es terrible: un banquero toma dinero de su banco y contrata a un abogado en ejercicio para que compre a un juez corrupto, Estevill, con el fin de que meta en la cárcel a unos deudores del banco con el fin de obligarles a pagar una deuda cuyo pago no les correspondía. Es algo increíble, lo comprendo. Pero real. Sucedió. Ocurrió. Piensen ustedes en la posibilidad de que los encerrados de semejante manera sean sus hijos, padres, marido o mujer, nietos o amigos de íntima amistad y comprenderán de que hablo. El daño que puede causar el ingreso en prisión en semejantes condiciones pude traducirse en una lesión emocional tan profunda que acabe con la vida del afectado. Pues esto sucedió, aunque los afectados sigan viviendo.
La tercera, es que la pena finalmente impuesta, tres meses de arresto e inhabilitación, demuestra la poca entidad penal del asunto. No. La Justicia retrasó el juicio sobre los hechos muchos años, acudiendo a diversos expedientes. Cuando llegó la hora de condenar aplicó una atenuante muy cualificada de 'dilaciones indebidas'. Algunos dirán que ese comportamiento es una ofensa a los que sufrieron la cárcel y a la sociedad en general, porque piensan en que hace unos días los medios de comunicación social informaban que una joven que usó una tarjeta encontrada por azar para comprar comida fue condenada a dos años de prisión. Piensan y comparan delitos y condenas.
La cuarta es que los indultos no son recurribles y que pertenecen al ámbito de omnímoda voluntad del Gobierno. Falso. Nuestra Constitución, inservible por gastada y errónea en muchos aspectos, sigue consagrando el principio de interdicción de la arbitrariedad. Los actos que contienen desviación de poder son recurribles ante la Justicia. Precisamente por ello se empeñaron en controlarla: si tienes el poder de hacer las leyes y controlas a los hombres encargados de aplicarla, cierras el círculo. A veces hay alguna fisura.
La última es que ya está todo terminado. No creo. Caben tres opciones. La primera, cese inmediato por aplicación de la Ley. La segunda, que el gobierno cambie la ley con efecto retroactivo y atribuya al Banco de España la posibilidad de decidir que Sáenz siga. Dirá, en ese caso, que 'importa' legislación europea. ¿No es sarcasmo atribuir esa competencia a un Banco de España denostado desde Europa y denunciado desde dentro por mirar a otro lado ante delitos en las Cajas de Ahorro? Por fin: presentar recurso de Amparo, hablar con el Tribunal Constitucional, que lo admita y suspenda la sentencia, que tarde unos años en decidir y ya habrá llegado la jubilación. Yo tengo claro lo que va a suceder, pero mejor no anticiparse.
En todo caso, una decisión objetivamente arbitraria del Sistema ha sido levemente corregida por el Supremo. ¿Será un síntoma? ¿Será una esperanza? ¿Será solo un espejismo? ¿Estamos ante el desmoronamiento global de un sistema? Veremos?
