El Consejo de la Competencia, institución catalana con fama de realizar los mejores sondeos porque dispone de los necesarios medios económicos para contratar encuestas muy amplias, realizó uno los últimos días que augura la mayoría absoluta para Just pel Sí, la plataforma impulsada por Artur Mas y Oriol Junqueras que encabeza el eurodiputado Raúl Romeva, que cuando abandonó Iniciativa per Cataluña (Izquierda Unida) hace unos meses aseguró que jamás se presentaría en una lista de otro partido.
El sondeo del Consejo lo conoció de inmediato toda la clase política catalana y no candidata, muy preocupante para los constitucionalistas –llamados despectivamente “unionistas” por los independentistas- que hasta entonces hacían sus cálculos mirando si la suma de Junts y la CUP sumaban la mayoría absoluta que necesitaban para proclamar unilateralmente, como decían, la independencia de Cataluña.
Que fuera conocida no significa que los medios de comunicación más influyentes publicaran esa encuesta en lugar destacado: no interesaba hacerlo. Junts quiere movilizar a los suyos haciéndoles ver que el triunfo depende de cada uno de los votos, y que por tanto no se queden en casa pensando que el triunfo está asegurado.
Los partidos constitucionalistas llevan meses tomando decisiones que tienen como principal objetivo detener la ola independentista, que cualquier conocedor de la sociedad catalana sabe que es creciente por varias razones, sentimentales, victimismo, escasa mano izquierda del gobierno de Rajoy para tender puentes con Mas cuando se podían tender, y una mayoría de medios de comunicación absolutamente serviles ante una Generalitat que, en muchos casos, es la única fórmula que garantiza su supervivencia.
CORAJE Y COBARDÍA
Entre las operaciones para intentar restar votos al independentismo, las declaraciones de líderes internacionales ha estado entre las prioridades, y el último dirigente que lanzó un mensaje de alerta fue Obama, al hilo de su encuentro con el Rey Felipe.
En todas las visitas de un Jefe de Estado, o del jefe de gobierno, las delegaciones de los dos países pactan los comunicados finales y también se intenta que en las declaraciones públicas se “eche una mano” al dignatario anfitrión o invitado, es práctica habitual, y por tanto no ha sido extraño que en los últimos meses se haya podido contar con importantes declaraciones de Merkel, Cameron, Hollande y otros dirigentes europeos.
Porque lo que más importaba era echar por tierra el argumento de Artur Mas de que Cataluña podía continuar en la UE si se independizaba “porque no pueden expulsar a siete millones y medio de ciudadanos”. Sí pueden, porque los ciudadanos catalanes forman parte de la UE por ser ciudadanos españoles. En ese sentido, que Cataluña quedaría fuera de la UE, se manifestaron hace meses el presidente de la Comisión, el conservador Jean Claude Juncker, y el presidente del Parlamento Europeo, el socialista Martin Shulz. Y realizó un viaje a Barcelona, para decirlo también de forma muy clara, el portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch. Una voz especialmente significativa … porque es catalán y ejerce de catalán.
A pocas semanas del 27-S, empezaron a movilizarse los empresarios catalanes. Al fin. Se han visto posturas cobardes, por miedo a enfrentarse a una clientela independentista o al gobierno regional, aunque en otros casos han prevalecido los sentimientos, siempre respetables aunque no se compartan.
El único empresario que desde el primer momento se declaró contrario a la independencia e incluso advirtió que si Cataluña se independizaba sus sedes se irían a otra ciudad, fue José Manuel Lara, presidente del Grupo Planeta, fallecido antes de que se celebraran las elecciones, pero cuya línea mantienen sus sucesores. También lo hizo después el presidente de Freixenet, Josep Lluis Bonet. Y algunos empresarios más se fueron sumando gradualmente al barco no independentista aunque no con la firmeza y la valentía de los dos mencionados. La prueba es que el manifiesto en contra de la independencia la hizo Foment del Treball –la patronal catalana-, solo tres semanas antes de las elecciones, y que el comunicado también en contra del Consejo para la Competencia, a una semana de las elecciones, en el último momento estuvo a punto de no publicarse por las discrepancias internas en su equipo de dirección. Finalmente se pronuncian a favor de una consulta, pero el no a la independencia queda devaluado porque se conocía la contundencia del texto acordado previamente.
En Burgos, representantes de las Cámaras de Comercio de provincias que representaban a todas a todas las comunidades españolas excepto Cataluña – no invitadas a la reunión porque se trataba de un acto para expresar su solidaridad con el comercio catalán- así como los ex presidentes del Consejo de Cámaras, redactaron un manifiesto de “apoyo y cercanía” a las cámaras catalanas, y advirtiendo que “ en el actual debate político en Catalunya están manejándose escenarios que están fuera de la legalidad constitucional española y europea”, expresando su “rechazo a tales posicionamientos, y defender la legalidad como principio infranqueable de convivencia en un estado democrático”. La última iniciativa en contra del independentismo procede de la Fundación España Constitucional creada por José Bono y Eduardo Zapana entre otros.
En el último fin de semana previo a las elecciones, fin de semana en el que tanto los candidatos como los líderes nacionales echan el resto para tratar de que sus partidos mejoren las expectativas, esa Fundación ha movilizado a 25 ex ministros de todos los partidos que han gobernado, para hacer público un manifiesto en el que aboga por una Cataluña española aunque defienden su singularidad, y piden que se reconozca el derecho a decidir “entre todos”. Es decir, desde la legalidad, con el respaldo de las instituciones y teniendo en cuenta a todos los españoles, no solo a los catalanes.
