Un mal común a muchos de mis colegas es tener que aparecer ante algunos paisanos como juristas expertos en todas las múltiples ramas del Derecho. Me explico: semejara que uno, por el mero hecho de ser abogado, debiera tener cumplida y ágil respuesta a cualquier duda jurídica que albergara el cliente repentino del bar donde vas asiduamente a tomar café, y que te asalta con alevosía en ese sitio para así evitar soltar la guita de una consulta en tu despacho. Y como le dijeras, por ejemplo, que tú no llevas temas fiscales, o medioambientales, o de servidumbres prediales, y que por ello sería conveniente que acudiera a algún compañero ducho en tales materias, es posible que te mire de arriba a abajo con un deje de desprecio mientras piensa, estoy seguro de ello, “vaya mierda de abogado”. De nada servirá que le pongas como símil el del paciente con un problema ocular al que nunca se le ocurriría acudir a la consulta del proctólogo para que le revisara la vista (eviten el chiste fácil); el abogado tiene que saber resolver cualquier duda al instante y de modo eficaz, bajo pena de ser tachado de inepto o panarra.
Es por eso que este menda, que de derecho financiero sabe más bien poco y ha de echar mano de otros hasta para hacer sus declaraciones trimestrales, en principio no ha de ser tan osado como para poner en solfa el criterio de la cúpula de la Agencia Tributaria. En este organismo trabaja (o debiera hacerlo) lo más granado de este país en materia fiscal, y su fin básico no ha de ser otro que perseguir el fraude y evitar, por ejemplo, que las grandes fortunas, usando alambicados procesos de ingeniería financiera, eludan el pago de impuestos y oculten sus millones en los paraísos fiscales. Pero cuando uno oye a un responsable político de la Agencia decir que las donaciones ocultas al PP de las grandes constructoras y promotoras de este puñetero país, son como unas inocentes dádivas al uso de las aportaciones que usted hace a Cáritas o a Unicef, y que, pelillos al mar, en la ocultación de esa fuente de ingresos no hay delito ni cosa que se le parezca, a uno le hierve la sangre, no sabe si más porque le quieran tomar por pazguato, o por la sinvergonzonería de estos cuates, cómplices así de los (presuntamente) corruptos receptores de esas aportaciones vergonzantes.
Sabed, pues, incautos, que a decir de algún súbdito de Montoro, cuando el recadero enviado a Génova por OHL, Sacyr, FCC, y demás grandes constructoras dejaba en el despacho del jefe el sobre con la mordida millonaria, no buscaba contrapartidas inconfesables, sino que a estos señores del ladrillo les guiaba el ánimo de la lucha contra la hambrina endémica del tercer mundo, en un puro ejercicio de altruismo y solidaridad. Y es que su corazón es tan grande como las moles de ladrillo que levantan imponentes a golpe de cohecho y recalificación.
No, repito que no soy experto en derecho tributario; pero por puro sentido común, dudo mucho que una interpretación “justa” de esa norma permita colegir que el PP funcione como una ONG, y por tanto quede liberado del deber de declarar las millonarias aportaciones de esas empresas, estampadas en la maldita contabilidad B. Si son inocentes dádivas, ¿por qué anotarlas a mano en libretas o destruir su rastro en los archivos informáticos?
Más bien parece, con tal burda excusa, que el alto funcionario servil de Montoro quiere evitar la afrenta que supondría ver al PP acusado, no ya de “inocente” partícipe a título lucrativo en la trama Gürtel, sino de presunto autor de un delito fiscal, y entonces verlo sentado, como vulgar cuatrero, en el banquillo de los acusados.
Y es que, en verdad, a esa foto de portada, de producirse, no habría comicios electorales ni eslóganes de campaña que la pudiesen dulcificar.
