Opinión

Descentralizar Galicia

Durante la campaña electoral de 2005 que llevó al Bipartito a la Xunta de Galicia, el socialista Emilio Pérez Touriño prometió trasladar a Vigo la Consellería de Pesca. Ya en la presidencia del Gobierno gallego, las pulsiones localistas fueron enfriando una idea que podría pasar a la historia por sensata e innovadora. Otro expresidente socialista de la Xunta, Fernando González Laxe, siempre se ha mostrado partidario de dar un paso más y llevar a Vigo un potente Ministerio de Pesca para impregnar de salitre cada decisión.  Claro que él también impulsó la creación de los distintos campus universitarios. 

Con criterios racionales y no partidistas, a nadie le tendría que ofender que en Lugo se instalase la Consellería de Medio Rural, cerca de la Facultad de Veterinaria; Industria en A Coruña, desde hace unos años motor económica de Galicia; o Sanidad con una especialización en termalismo terapéutico en Ourense. Si alguien vuelve a plantear una idea de descentralización del Gobierno gallego, Santiago se levantaría en armas, como hizo con la propuesta de Touriño, Pontevedra diría que la capital de la provincia no es Vigo; Ferrol preguntaría por lo suyo y hasta Oleiros levantaría la mano por ser el concello con el PIB más alto. Y también vendrían con la milonga del gasto, que sería el mismo. 

En Galicia todas las instituciones estatutarias se encuentran en Santiago de Compostela, excepto el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que se mantuvo en A Coruña.  La decisión parece tomada por un capellán y no por unos políticos preocupados por vertebrar el territorio. En Castilla y León, ahí al lado,  no tienen capital ni falta que le hace. Ni José María Aznar lo creyó necesario cuando presidió la Junta. El Gobierno, la presidencia y las Cortes tienen su sede en Valladolid, pero las otras instituciones se reparten por el territorio. El Procurador del Común está en León; el Tribunal de Cuentas tiene su sede en Palencia;  el Consejo Consultivo fue llevado a Zamora después de estar los primeros tres años en Valladolid, donde también se encuentra el Consejo Económico y Social, un órgano estatutario que no se considera básico. Burgos se quedó con el Tribunal Superior de Justicia. En Galicia no se mueve un papel sin que pase por Santiago.  

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