Durante demasiado tiempo se ha mantenido la anomalía constitucional en Cataluña que significaba el arrinconamiento del castellano en la enseñanza y la vulneración del derecho de los padres a que sus hijos estudiaran en una de las dos lenguas cooficiales de la comunidad.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado dos meses a la Generalitat para equiparar el castellano y catalán en los colegios en respuesta a la desobediencia reincidente de una sentencia del Supremo. Es una cuestión de justicia. Por ello cuesta entender que entidades -públicas y privadas-, grupos y personas a les que se los hace la boca agua cuando hablan de justicia, se obstinan en no acatar una clara y determinante sentencia. ¿Qué pasa, que justicia sí pero sólo si me es favorable? Tantos años pidiendo que se haga justicia con el catalán y ahora esa misma justicia quienes más la pedían se le niega al castellano. Un mínimo de coherencia señores y señoras.
