La sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha dejado sin efecto la citación de la Infanta para que comparezca a prestar declaración en calidad de imputada en relación a la participación presuntamente delictiva del Instituto Nóos. No obstante dicha imputación queda en suspenso de momento respecto del posible delito contra la hacienda pública y/o blanqueo de capitales y condicionando la misma a las aclaraciones que pueda solicitar el juez instructor. Verificado lo cual, el juzgador, y tras dar audiencia a las partes, deberá decidir si mantiene o no las imputaciones.
El Ministerio Fiscal es dueño y señor de la acusación pública en el proceso penal. Sin embargo, las decisiones instrumentales de la investigación están en manos del juez de instrucción, único legitimado para dirigirla, acordando las diligencias oportunas y adoptando las medidas instrumentales necesarias para su práctica. Si se ve perturbado en el núcleo duro de su función, en la adopción de resoluciones encaminadas a obtener declaraciones de testigos e imputados, por apelaciones formuladas por el fiscal u otras partes y, en su caso, corregido por la Audiencia, pierde el control de la investigación y ésta se dificulta en extremo. Es por tanto el juez instructor y no el Ministerio Público, el órgano adecuado para valorar si concurren elementos necesarios para determinar la procedencia de la declaración en calidad de imputado de una persona, sin perjuicio de la facultad acusadora del fiscal en un momento procesal posterior, previamente podrá impugnar los pronunciamientos que pueda contener la resolución, pero no puede trasladar a la Audiencia, mediante el recurso de apelación, las resoluciones cotidianas.
La citación para declarar como imputado es previa a la calificación jurídica de los hechos. En el sistema penal español son las acusaciones públicas, particulares o populares, quienes determinan los hechos delictivos y los presuntos responsables en sus escritos de acusación y de solicitud de apertura del juicio oral.
La citación para declarar como imputado es previa a la calificación jurídica de los hechos. En el sistema penal español son las acusaciones públicas, particulares o populares, quienes determinan los hechos delictivos y los presuntos responsables en sus escritos de acusación y de solicitud de apertura del juicio oral.
