Lo que parecía un pleno de trámite acabó ayer con una inusual imagen de los tres ediles nacionalistas abandonando el salón de sesiones del Concello de Celanova.
Los representantes del BNG, que minutos antes del inicio del pleno presentaron 900 firmas recogidas en 15 días en contra del endurecimiento de las normas de aparcamiento en el casco urbano, abandonaron la sesión al entender que 'nos plenos non se toman as decisións que realmente preocupan ós cidadáns', argumentaba el portavoz, Leopoldo Rodríguez, porque el gobierno municipal del PP se negó a debatir la cuestión. La salida, que sorprendió al resto de miembros de la Corporación, fue calificada como 'un acto de irresponsabilidade' por parte del portavoz 'popular' Maximino Rodríguez.
La polémica con los aparcamientos en la villa surgió a principios de mes, a raíz de una reunión donde el jefe de la Policía Local recordó a los agentes algunas de sus obligaciones, y ha derivado en un incremento de multas a coches mal aparcados o que están en lugares en los que antes se hacía la vista gorda. La socialista María Jesús Boo acusó al grupo de gobierno de 'provocar medo' en los conductores y preguntó sobre la seguridad jurídica de aquéllos que aparquen en la plaza, donde una reciente señal limita el estacionamiento a 30 minutos de tiempo máximo, aunque no hay ningún sistema o aparato que controle la hora. El alcalde, Antonio Mouriño, aseguró que para no ser multados 'os conductores teñen que aparcar ben' y recordó que hay un parking gratuito a 100 metros del centro.
La sesión, que continuó tras la marcha del BNG, incluyó como únicos puntos del orden del día la aprobación de la relación de las deudas pendientes de pago a proveedores (73 facturas por importe de 20,697 euros), así como el reconocimiento extrajudicial de crédito (por importe de 10.760 euros). 'Parece unha débeda escasa que se enmarca nunha política extremadamente conservadora', apuntaba la portavoz socialista, que lamentó que ésta 'non sexa unha débeda xerada pola inversión, nin serviu para xenerar emprego e riqueza'. Sus críticas fueron rebatidas por el popular Maximino Rodríguez, quien aseguró que 'é o resultado dunha xestión prudente, austera e realista'.
La polémica con los aparcamientos en la villa surgió a principios de mes, a raíz de una reunión donde el jefe de la Policía Local recordó a los agentes algunas de sus obligaciones, y ha derivado en un incremento de multas a coches mal aparcados o que están en lugares en los que antes se hacía la vista gorda. La socialista María Jesús Boo acusó al grupo de gobierno de 'provocar medo' en los conductores y preguntó sobre la seguridad jurídica de aquéllos que aparquen en la plaza, donde una reciente señal limita el estacionamiento a 30 minutos de tiempo máximo, aunque no hay ningún sistema o aparato que controle la hora. El alcalde, Antonio Mouriño, aseguró que para no ser multados 'os conductores teñen que aparcar ben' y recordó que hay un parking gratuito a 100 metros del centro.
La sesión, que continuó tras la marcha del BNG, incluyó como únicos puntos del orden del día la aprobación de la relación de las deudas pendientes de pago a proveedores (73 facturas por importe de 20,697 euros), así como el reconocimiento extrajudicial de crédito (por importe de 10.760 euros). 'Parece unha débeda escasa que se enmarca nunha política extremadamente conservadora', apuntaba la portavoz socialista, que lamentó que ésta 'non sexa unha débeda xerada pola inversión, nin serviu para xenerar emprego e riqueza'. Sus críticas fueron rebatidas por el popular Maximino Rodríguez, quien aseguró que 'é o resultado dunha xestión prudente, austera e realista'.
