Hay evidencias 'suficientes' para concluir que 'violó el reglamento'

Valverde, suspendido dos años por dopaje

Valverde, el pasado abril, durante una contrarreloj en la Vuelta a Romandía.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha suspendido por dos años a Alejandro Valverde por su presunta implicación en la 'Operación Puerto', apoyando las posturas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y la Unión Ciclista Internacional (UCI), que querían extender a nivel mundial el castigo impuesto en 2009 por el Comité Olímpico Italiano (CONI). La sanción se hará efectiva desde enero de 2010, por lo que el último ganador de la Vuelta no regresará a la competición hasta enero de 2012.

El TAS, que hace dos meses ya había dado su visto bueno al uso de pruebas de la 'Operación Puerto' para el caso, encontró 'por mayoría' que las evidencias (la bolsa 'número 18', la prueba científica de que ésta contenía EPO y la prueba de ADN que certificaba que esta sangre pertenecía a Valverde) eran 'suficientes' para concluir que el murciano 'cometió una violación del reglamento antidopaje'.

Sin embargo, el máximo organismo de la justicia deportiva ha negado la petición de la UCI y la AMA de anular los resultados obtenidos por el deportista antes del 1 de enero de 2010. Eso sí, el número uno del ránking de la UCI perderá tal condición, ya que le serán retirados los puntos obtenidos este año con sus victorias en el Tour del Mediterráneo, la Vuelta al País Vasco y la Vuelta a Romandía.

En mayo de 2009, el Tribunal Antidopaje del CONI castigó con dos años de suspensión en territorio italiano al ciclista de Las Lumbreras por considerarle relacionado con la Operación Puerto, castigo que le impidió correr el último Tour.

Antes, en 2007, tanto la UCI como la AMA habían presentado una apelación ante el tribunal suizo, después de que la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) se negase a abrir procedimientos disciplinarios contra el jefe de filas del Caisse d'Epargne, siempre por su presunta vinculación con la Operación Puerto y la bolsa 'número 18', incautada por la Guardia Civil en 2004.

Por su parte, el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Agencia Estatal Antidopaje (AEA) señalaron que respetan la decisión adoptada por el TAS. El CSD y la AEA manifiestan su 'máximo respeto' por la decisión del TAS 'puesto que, aunque es un órgano de arbitraje deportivo de ámbito privado, las partes se someten a sus resoluciones de forma voluntaria'.

'Respetamos asimismo las posibles actuaciones del corredor en defensa de sus intereses', agregan ambos organismos en una nota del CSD. Además, el CSD 'instará a la Federación Española de Ciclismo a que inicie las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a la resolución del TAS'.

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