La Consellería de Economía e Industria expresó el 'máximo respeto a todas las decisiones judiciales', después de que la Audiencia Nacional (AN) levantase ayer las cautelarísimas al decreto del carbón.
No obstante, destacó que 'hoy por hoy' esta medida no tiene 'repercusión socioeconómica ni técnica inmediata', ya que la Audiencia se pronuncia al respecto de una resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 2010. Dicha resolución se refiere a los volúmenes de carbón que deben producir las centrales, a la electricidad que tienen que generar y a la determinación de los precios, explicaron fuentes del departamento que dirige Javier Guerra.
Al mismo tiempo, fuentes de la consellería han señalado que la Xunta se encuentra 'a la espera' de lo que decida el Tribunal de Luxemburgo. En este último foro, el Gobierno español solicitaba ayer el levantamiento de las medidas cautelares adoptadas contra el decreto español que subvenciona la generación de electricidad con carbón autóctono, por considerar que su continuidad provocaría 'el colapso' del sector hullero español. La media de 33 meses empleada por la corte europea para pronunciar una sentencia definitiva sobre este tipo de asuntos podría ser un tiempo suficiente para acabar con la actividad minera si se mantiene la paralización del citado decreto, según defendió el abogado del Estado Juan Manuel Rodríguez Cárcamo.
RECURRENTES
Por su parte, las compañías eléctricas que recurrieron esta autorización de la Comisión, Gas Natural, Iberdrola y Endesa, a las que después se unió la Xunta, solicitaron al magistrado que paralice la aplicación de la decisión hasta que adopte un fallo definitivo al respecto.
Al mismo tiempo, fuentes de la consellería han señalado que la Xunta se encuentra 'a la espera' de lo que decida el Tribunal de Luxemburgo. En este último foro, el Gobierno español solicitaba ayer el levantamiento de las medidas cautelares adoptadas contra el decreto español que subvenciona la generación de electricidad con carbón autóctono, por considerar que su continuidad provocaría 'el colapso' del sector hullero español. La media de 33 meses empleada por la corte europea para pronunciar una sentencia definitiva sobre este tipo de asuntos podría ser un tiempo suficiente para acabar con la actividad minera si se mantiene la paralización del citado decreto, según defendió el abogado del Estado Juan Manuel Rodríguez Cárcamo.
RECURRENTES
Por su parte, las compañías eléctricas que recurrieron esta autorización de la Comisión, Gas Natural, Iberdrola y Endesa, a las que después se unió la Xunta, solicitaron al magistrado que paralice la aplicación de la decisión hasta que adopte un fallo definitivo al respecto.
