Doce asociaciones de empresarios vinculados al sector de la construcción en Galicia solicitarán al nuevo Gobierno de la Xunta que obligue a reducir a 45 días los pagos a contratas y subcontratas para hacer frente a la morosidad y el retraso en los cobros que, según denunciaron, ha situado a las más de 2.000 firmas que representan en una coyuntura insostenible en cuanto a financiación, tesorería y liquidez.
En concreto, solicitarán que la Administración incluya una cláusula de pago en ese plazo de 45 días a contratas y subcontratas; otra disposición que verifique el cobro por parte de las subcontratas y suministradores antes del pago que efectúa la Administración a la adjudicataria del concurso público; y el cumplimiento de la Ley 3/2004, una trasposición de la Directiva europea 2000/35/CE, para combatir la morosidad.
En una rueda de prensa, el asesor externo de Aexga (Asociación de Excavadores de Galicia), Diego Maraña, destacó la urgencia de buscar una solución para reducir el periodo medio de los plazos de pago a las empresas, que, como señaló, supera los 250 días en la mayoría de las obras, incluida la pública.
El problema, sumado a las dificultades de acceso a crédito derivadas de la crisis económica global, es, según insistió, inasumible y hace peligrar tanto el mantenimiento de la actividad empresarial como del empleo.
Según expuso, las más de 2.000 firmas integradas en las 12 asociaciones, cuya facturación conjunta asciende a 4.000 millones de euros, generan unos 60.000 puestos de trabajo directos, que están en juego. En su mayoría, la plantilla de estas firmas, como aseguró el presidente de Instaelectra, José Alonso, es fija en un 60 y 70 por ciento.
La estabilidad en el empleo se va a ver un poco mermada si no podemos subsistir, advirtió para añadir que confían en la sensibilidad del nuevo Ejecutivo gallego a fin de que no queden empresas sin cobrar.
Por su parte, el responsable de la Asociación Galega de Graniteiros, José Angel Lorenzo, recordó que los plazos de pago en la Unión Europea no superan los 60 días, mientras que en España y, por tanto, en Galicia la situación es anómala. Puede significar la muerte de muchas empresas que trabajan en galicia y mayor pobreza para pymes y empresas de construcción, alertó.
PREMURA
En representación de estas 12 asociaciones, Maraña subrayó la premura de una situación muy delicada y afirmó que conforme pasa el tiempo más se complica desde la perspectiva de la financiación, tesorería y liquidez de las empresas. Por ello, señaló que si el nuevo Gobierno actúa en la primera quincena de su toma de posesión habrá una gran diferencia respecto a si lo hace cinco meses después.
Asimismo puntualizó que sus demandas se hacen extensibles a las administraciones local y central. En este sentido afirmó que las asociaciones recibieron llamadas de organizaciones de ámbito estatal para interesarse por estas medidas, aunque precisó que su prioridad es resolver de manera común en Galicia.
Los empresarios defendieron que mantendrán la misma postura que hace una semana con el anterior Gobierno, centrada en el diálogo.
También recordaron ser grandes inversores aunque, en la actual situación, temen estar avocados a la quiebra.
De igual modo confiaron en que se unan a sus reivindicaciones más empresas. Por el momento, estas demandas son secundadas por la Asociación de Excavadores de Galicia (Aexga), Asociación de Empresas del Cerramiento (Aecalpo), Asociación de Fabricantes de Hormigón y Mortero de Galicia (Asfhorgal), Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón (Anefhop), Asociación de Empresarios de Instalaciones de Fontanería, Saneamiento, Calefacción, Aire Acondicionado y Afines de Pontevedra (Asfadece), Asociación Galega de Graniteiros (AGG), Asociación Galega de Pizarristas (AGP), Asociación Gallega de Industriales de Ferralla (Agferralla), Asociación de Empresarios de Materiales de Construcción (Asemaco), Asociación de Empresas Electricidad y Telecomunicaciones de la provincia de Pontevedra (Instaelectra) y Asociación de Canteiras de Galicia (ACG).
En una rueda de prensa, el asesor externo de Aexga (Asociación de Excavadores de Galicia), Diego Maraña, destacó la urgencia de buscar una solución para reducir el periodo medio de los plazos de pago a las empresas, que, como señaló, supera los 250 días en la mayoría de las obras, incluida la pública.
El problema, sumado a las dificultades de acceso a crédito derivadas de la crisis económica global, es, según insistió, inasumible y hace peligrar tanto el mantenimiento de la actividad empresarial como del empleo.
Según expuso, las más de 2.000 firmas integradas en las 12 asociaciones, cuya facturación conjunta asciende a 4.000 millones de euros, generan unos 60.000 puestos de trabajo directos, que están en juego. En su mayoría, la plantilla de estas firmas, como aseguró el presidente de Instaelectra, José Alonso, es fija en un 60 y 70 por ciento.
La estabilidad en el empleo se va a ver un poco mermada si no podemos subsistir, advirtió para añadir que confían en la sensibilidad del nuevo Ejecutivo gallego a fin de que no queden empresas sin cobrar.
Por su parte, el responsable de la Asociación Galega de Graniteiros, José Angel Lorenzo, recordó que los plazos de pago en la Unión Europea no superan los 60 días, mientras que en España y, por tanto, en Galicia la situación es anómala. Puede significar la muerte de muchas empresas que trabajan en galicia y mayor pobreza para pymes y empresas de construcción, alertó.
PREMURA
En representación de estas 12 asociaciones, Maraña subrayó la premura de una situación muy delicada y afirmó que conforme pasa el tiempo más se complica desde la perspectiva de la financiación, tesorería y liquidez de las empresas. Por ello, señaló que si el nuevo Gobierno actúa en la primera quincena de su toma de posesión habrá una gran diferencia respecto a si lo hace cinco meses después.
Asimismo puntualizó que sus demandas se hacen extensibles a las administraciones local y central. En este sentido afirmó que las asociaciones recibieron llamadas de organizaciones de ámbito estatal para interesarse por estas medidas, aunque precisó que su prioridad es resolver de manera común en Galicia.
Los empresarios defendieron que mantendrán la misma postura que hace una semana con el anterior Gobierno, centrada en el diálogo.
También recordaron ser grandes inversores aunque, en la actual situación, temen estar avocados a la quiebra.
De igual modo confiaron en que se unan a sus reivindicaciones más empresas. Por el momento, estas demandas son secundadas por la Asociación de Excavadores de Galicia (Aexga), Asociación de Empresas del Cerramiento (Aecalpo), Asociación de Fabricantes de Hormigón y Mortero de Galicia (Asfhorgal), Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón (Anefhop), Asociación de Empresarios de Instalaciones de Fontanería, Saneamiento, Calefacción, Aire Acondicionado y Afines de Pontevedra (Asfadece), Asociación Galega de Graniteiros (AGG), Asociación Galega de Pizarristas (AGP), Asociación Gallega de Industriales de Ferralla (Agferralla), Asociación de Empresarios de Materiales de Construcción (Asemaco), Asociación de Empresas Electricidad y Telecomunicaciones de la provincia de Pontevedra (Instaelectra) y Asociación de Canteiras de Galicia (ACG).
