Extrabajadores del Grupo de Empresas Álvarez (GEA) salieron ayer a la calle para reclamar el cumplimiento de los acuerdos de pago por la compra de los terrenos que ocupaba la fábrica en las parroquias de Cabral y Coruxo.
Los afectados, que se concentraron en las instalaciones de Azkar en el Polígono Industrial de Valladares, forman parte del grupo de unas 200 personas a las que asesora la CIG desde que Álvarez cerró en 2001 sin haber pagado los salarios e indemnizaciones, informó el sindicato en un comunicado. Mediante la protesta de este jueves piden a Subel, inmobiliaria del grupo Azkar que compró las fincas en las que se ubicaba GEA, que les pague un adelanto.
El proceso en lo que respecta a esta empresa está en su última fase, después de que hace años se realizase la puja de la maquinaria -la cual sirvió para ejecutar algunos pagos-. Según el secretario comarcal de la CIG de Pontevedra, Rafael Iglesias, ahora queda pendiente la recalificación del Plan General de Ordenación Municipal para pasar de suelo industrial a urbanizable en las parcelas de Cabral y Coruxo. Lo que tienen que pagar es la diferencia de esa revalorización del suelo tal y como se pactó en su día, indicó el sindicalista, que dijo que la empresa no está de acuerdo porque tenía asignada una cantidad de vivienda privada muy superior, pero el Ayuntamiento de Vigo le adjudicó un número mayor de pisos de protección -por lo que recurrieron el PGOM-.
El 25 por ciento de los terrenos -parte correspondiente a la CIG- fueron comprados por Subel, mientras que otros sindicatos le vendieron su parte a Copasa a través de su inmobiliaria El Rocío. Los afectados son en su mayoría mujeres que tenían entre 50 y 60 años cuando cerró GEA, por lo que actualmente se encuentran en una situación muy delicada sin paro ni subsidios, informó la CIG.
Álvarez pasó por las manos de varios empresarios que intentaron reflotar el negocio hasta que el antiguo Instituto Nacional de Industria se hizo con el grupo, que después vendió a una firma sevillana. Entró en suspensión de pagos y en 2001 se cerró definitivamente.
El proceso en lo que respecta a esta empresa está en su última fase, después de que hace años se realizase la puja de la maquinaria -la cual sirvió para ejecutar algunos pagos-. Según el secretario comarcal de la CIG de Pontevedra, Rafael Iglesias, ahora queda pendiente la recalificación del Plan General de Ordenación Municipal para pasar de suelo industrial a urbanizable en las parcelas de Cabral y Coruxo. Lo que tienen que pagar es la diferencia de esa revalorización del suelo tal y como se pactó en su día, indicó el sindicalista, que dijo que la empresa no está de acuerdo porque tenía asignada una cantidad de vivienda privada muy superior, pero el Ayuntamiento de Vigo le adjudicó un número mayor de pisos de protección -por lo que recurrieron el PGOM-.
El 25 por ciento de los terrenos -parte correspondiente a la CIG- fueron comprados por Subel, mientras que otros sindicatos le vendieron su parte a Copasa a través de su inmobiliaria El Rocío. Los afectados son en su mayoría mujeres que tenían entre 50 y 60 años cuando cerró GEA, por lo que actualmente se encuentran en una situación muy delicada sin paro ni subsidios, informó la CIG.
Álvarez pasó por las manos de varios empresarios que intentaron reflotar el negocio hasta que el antiguo Instituto Nacional de Industria se hizo con el grupo, que después vendió a una firma sevillana. Entró en suspensión de pagos y en 2001 se cerró definitivamente.
