La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, adelantó ayer las nuevas medidas que el Gobierno prevé aprobar con la mayor brevedad posible. A la eminente subida del IRPF y el IBI, el Ejecutivo añadió medidas contra el fraude fiscal como la limitación del pago en efectivo. La otra novedad de este tercer Consejo de Ministros fue el control de los sueldos en los bancos que hayan sido rescatados, para ver si están 'justificados' en el momento actual.
FRAUDE FISCAL
El fraude fiscal será combatido mediante un plan centrado, sobre todo, en la lucha contra la economía sumergida y los paraísos fiscales. Soraya Saénz de Santamaría, explicó que, una vez aprobado, se aplicará la limitación del uso del pago en efectivo en determinadas transacciones económicas para aflorar parte de la economía sumergida de estas operaciones. Se limitará por tanto, el uso de los billetes de 500 euros. Además se ejercerá un control sobre ciertos sectores ligados a la economía sumergida o la colaboración entre las administraciones tributarias del Estado y las comunidades autónomas. Sáenz de Santamaría también adelantó que el plan intensificará el control sobre ciertos sectores -que no especificó- más ligados a la economía sumergida, en los que se pondrá el foco en datos como el consumo eléctrico o el uso de terminales de tarjetas de crédito.
En fase recaudatoria, se adelantará la intervención de los órganos de recaudación en los procedimientos de gestión tributaria y se fomentará la adopción de medidas cautelares desde el inicio del procedimiento.
Además, el Gobierno pondrá algunas facilidades a los contribuyentes, como la ampliación del plazo para enviar los borradores del IRPF y la posibilidad de subsanar voluntariamente los errores que se hayan cometido en las declaraciones antes de que se abra un procedimiento. 'Se trata de evitar comprobaciones de pequeños contribuyentes para llevar a cabo grandes operaciones contra el fraude', indicó la portavoz.
Con todas estas medidas, el Gobierno pretende recaudar 8.171 millones de euros en el 2012, una cantidad que Saénz de Santamaría consideró 'muy importante' en estos momentos de crisis
REUNIÓN CON LAS CCAA
El Gobierno tratará con las comunidades y las corporaciones locales 'el redimensionamiento del sector público' y contemplará la posibilidad de fusionar, traspasar o enajenar algunas empresas. Según los datos que maneja el Gobierno, actualmente hay más de 4.000 entidades que dependen de las administraciones públicas, lo que obliga a llevar a cabo una acción 'compartida'.
Montoro será el encargado de convocar el Consejo y lo primero que hará será analizar el cumplimiento del objetivo que se había fijado el año pasado, que consistía en reducir 515 los organismos públicos. 'No se cumplió más de un 13%, unas 70 entidades de este tipo', dijo la portavoz, quien afirmó que la reunión también servirá para actualizar esos objetivos en función del déficit, lo que deja la puerta abierta para un recorte mayor. Por su parte, el Gobierno pactará con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que planea convocar este mes, 'todos los mecanismos' para que las administraciones públicas cumplan con los objetivos de déficit, así como medidas que les permitan disponer de una mayor liquidez.
No obstante, la vicepresidenta evitó referirse a la posibilidad de que los gobiernos de las comunidades autónomas deban someter sus presupuestos al control previo del Gobierno central, a pesar de que le han sido planteadas varias preguntas en ese sentido.
SEGURIDAD SOCIAL
La Seguridad Social cerró 2011 con un déficit de 668 millones de euros, el equivalente al 0,06% del PIB, frente al superávit inicialmente previsto por el Gobierno socialista del 0,4% del PIB, según anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra portavoz y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría.El Gobierno señaló que, pese a esta desviación negativa sobre lo previsto en las cuentas de la Seguridad Social, los pensionistas pueden estar 'tranquilos', pues las pensiones se pagarán puntualmente. La vicepresidenta, qrecordó que esta situación le recuerda a la de 1996, insistió en que la realidad económica es 'más dura' de lo que pensaba el Gobierno, por lo que advirtió de que las medidas que adoptará en el futuro 'también lo serán'.
Sáenz de Santamaría informó de que la ministra de Empleo y la Seguridad Social, Fátima Báñez, ha elevado al Consejo de Ministros un informe sobre el empleo y la 'preocupante' situación de la Tesorería General de la Seguridad Social tras la publicación el pasado martes de los datos de paro y afiliación al sistema.
De acuerdo con dichos datos, el número de parados se situó al finalizar diciembre en 4,42 millones de personas, tras subir en 322.286 desempleados en el conjunto de 2011, con un aumento porcentual del 7,86% respecto a 2010.
La Seguridad Social entra así en déficit por primera vez desde 1999, cuando alcanzó un superávit del 0,18 % del PIB. En los presupuestos generales del Estado de 1998 se aprobó la separación de fuentes y la Sanidad pasó a financiarse con impuestos a partir del 1 de enero de 1999, año en que la Seguridad Social comenzó a registrar superávit.
Sáenz de Santamaría aseguró que el Gobierno tiene 'constancia documental' de que el Ejecutivo anterior no suministró la cifra de desviación de déficit de la Seguridad Social, aunque reconoció que sí informó de que era muy difícil cumplir con el objetivo de superávit del 0,4 %. La vicepresidenta precisó que aunque el anterior Gobierno sí informó de que dudaba sobre si podría cumplir con ese superávit, 'nunca dijo que se iba a producir una desviación así'.
RAJOY NO COMPARECERÁ
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no comparecerá en el Congreso de los Diputados para explicar las medidas de reducción del déficit público adoptadas hasta ahora por el Consejo de Ministros hasta después del Consejo Europeo del próximo 30 de enero. Así lo explicó Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, quien recordó que es habitual que el jefe del Ejecutivo informe al Congreso de los acuerdos adoptados en Bruselas, y que será entonces cuando explique los recortes que haya ido aprobando hasta esa fecha el Consejo de Ministros y las medidas que tenga previsto adoptar en adelante.
Como las medidas se vienen adoptando desde el primer Consejo de Ministros, parece oportuno que se produzca una comparecencia después de esa fecha en la que se aborden los acuerdos del Consejo Europeo y las medidas que puedan adoptarse en los meses siguientes', indicó.
Según Sáenz de Santamaría, Rajoy informará a la Cámara Baja después de que se hayan celebrado cinco Consejos de Ministros y algo más de un mes después de tomar posesión, por lo que considera que no se trata de una comparecencia 'demorada en el tiempo'. La vicepresidenta remarcó que con esto no quiere decir que Rajoy no comparezca antes del 30 de enero ante la prensa
A la pregunta de si el presidente del Gobierno no cree conveniente explicar las medidas que ya se han adoptado después de haber dicho en su discurso de investidura que no subiría los impuestos, Sáenz de Santamaría recalcó que el programa electoral del PP se elaboró con una previsión de cifras de déficit diferente a la que se encontró el Ejecutivo, que las sitúa en el 8 por ciento.
