El Tribunal Constitucional (TC) dictaminó que el Estado puede imponer 'límites presupuestarios' en materias concretas a las comunidades autónomas, sin que ello suponga un menoscabo de la autonomía financiera de los gobiernos regionales consagrada en la Constitución. Así se desprende de la desestimación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento catalán en 2001 contra la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y la Ley Orgánica complementaria de la misma, al considerar que vulneraban la autonomía política y financiera de la Generalitat de Cataluña.
Para el Constitucional, la definición de estabilidad presupuestaria se configura como una 'orientación de política general que el Estado puede dictar', y añade que la autonomía financiera de las comunidades autónomas 'no excluye la existencia de controles, incluso específicos'.
LEGITIMIDAD
Según la magistrada ponente Elisa Pérez Vera, es legítimo el establecimiento por parte del Estado de límites presupuestarios en materias concretas, porque la limitación de gasto impuesto 'encuentra su apoyo en la competencia estatal de dirección de la actividad económica general, y su establecimiento está encaminado a la consecución de la estabilidad económica y la gradual recuperación del equilibrio presupuestario'.
Además, añade que la imposición de estos topes máximos por parte del Estado también encuentra su fundamento en el límite de la autonomía financiera que establece el principio de coordinación con la Hacienda estatal, el cual exige a las comunidades autónomas 'la acomodación' de su actividad financiera a las medidas oportunas que adopte el Estado, tendentes a conseguir la estabilidad económica interna y externa , toda vez que a la Administración Central corresponde la responsabilidad de garantizar el equilibrio económico general.
LEGITIMIDAD
Según la magistrada ponente Elisa Pérez Vera, es legítimo el establecimiento por parte del Estado de límites presupuestarios en materias concretas, porque la limitación de gasto impuesto 'encuentra su apoyo en la competencia estatal de dirección de la actividad económica general, y su establecimiento está encaminado a la consecución de la estabilidad económica y la gradual recuperación del equilibrio presupuestario'.
Además, añade que la imposición de estos topes máximos por parte del Estado también encuentra su fundamento en el límite de la autonomía financiera que establece el principio de coordinación con la Hacienda estatal, el cual exige a las comunidades autónomas 'la acomodación' de su actividad financiera a las medidas oportunas que adopte el Estado, tendentes a conseguir la estabilidad económica interna y externa , toda vez que a la Administración Central corresponde la responsabilidad de garantizar el equilibrio económico general.
