La inmobiliaria Martinsa Fadesa no entregó a 1.955 familias el aval por las cantidades entregadas a cuenta para la adquisición de inmuebles en construcción, unas cantidades que se cifran en 68,5 millones de euros.
Así figura en el informe de la administración concursal presentado ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, que también critica actuaciones de ventas de viviendas en masa, que permitieron a la inmobiliaria inflar los informes de gestión.
Pese a que una ley de 1968 obliga a los promotores inmobiliarios a entregar a los compradores de inmuebles un aval, los tres administradores concursales se quejan de que la sociedad no ha puesto a su disposición un registro de los avales entregados en cada uno de los inmuebles, ni tenía identificados aquellos casos en que no les ha sido entregado este documento.
Esa falta de información obligó a los administradores nombrados por el juez a dirigirse a los clientes, con el objetivo de contrastar los datos de los que disponían.
Los administradores también ponen de manifiesto la práctica que utilizó la sociedad de ventas de viviendas en grandes paquetes, con condiciones muy gravosas para la misma, por los plazos de realización de las promociones, que han devenido en imposibles de cumplir.
Estas ventas han de ser analizadas desde el efecto imagen que provocaban no en los estados financieros, pues no había cantidades recibidas a cuenta y tampoco han producido resultados, pero sí permitía mostrar ratios de ventas elevados, en los informes de gestión.
Con uno solo de estos clientes se han llegado a firmar 8 contratos en los que se produciría la adquisición de 2.267 viviendas, por precios de venta -IVA no incluidode 241,1 millones de euros. De estos contratos 5 están resueltos y los otros 3 el cliente ha comunicado su voluntad de rescindir, añaden los administradores.
Pese a que una ley de 1968 obliga a los promotores inmobiliarios a entregar a los compradores de inmuebles un aval, los tres administradores concursales se quejan de que la sociedad no ha puesto a su disposición un registro de los avales entregados en cada uno de los inmuebles, ni tenía identificados aquellos casos en que no les ha sido entregado este documento.
Esa falta de información obligó a los administradores nombrados por el juez a dirigirse a los clientes, con el objetivo de contrastar los datos de los que disponían.
Los administradores también ponen de manifiesto la práctica que utilizó la sociedad de ventas de viviendas en grandes paquetes, con condiciones muy gravosas para la misma, por los plazos de realización de las promociones, que han devenido en imposibles de cumplir.
Estas ventas han de ser analizadas desde el efecto imagen que provocaban no en los estados financieros, pues no había cantidades recibidas a cuenta y tampoco han producido resultados, pero sí permitía mostrar ratios de ventas elevados, en los informes de gestión.
Con uno solo de estos clientes se han llegado a firmar 8 contratos en los que se produciría la adquisición de 2.267 viviendas, por precios de venta -IVA no incluidode 241,1 millones de euros. De estos contratos 5 están resueltos y los otros 3 el cliente ha comunicado su voluntad de rescindir, añaden los administradores.
