El Ejecutivo establecerá una serie de obligaciones legales a los gestores públicos para poder sancionarlos penalmente si incurren en una falta de 'dolo acreditado' o tienen 'gran culpa' en el incumplimiento de sus presupuestos económicos regionales o en el de los objetivos de déficit público establecidos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que la nueva Ley de Transparencia acordada en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera determinará primero un conjunto de obligaciones legales de los gestores públicos para poder establecer posteriormente un régimen de infracciones y sanciones que podría ampliarse.
En este sentido, la portavoz del Gobierno explicó que se se procederá a revisar el régimen sancionador para reforzarlo, según sean infracciones administrativas o contables, lo que conllevará una reforma del código penal sin efectos retroactivos, como había propuesto el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago.
En este sentido, la portavoz del Gobierno explicó que se se procederá a revisar el régimen sancionador para reforzarlo, según sean infracciones administrativas o contables, lo que conllevará una reforma del código penal sin efectos retroactivos, como había propuesto el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago.
