El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados del Grupo Socialista, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y el PNV contra la decisión del Gobierno de no revalorizar las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) de 2012.
El Alto Tribunal acordó dar traslado al Congreso y al Senado y al Gobierno, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes en el plazo de quince días.
Se trata del primer recurso promovido por hasta siete grupo de la oposición, con la firma de 140 diputados, contra el real Decreto-ley de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, que hace referencia a la no revalorización de las pensiones conforme a la inflación.
Los recurrentes piden al Constitucional que declare la inconstitucionalidad y la consecuente nulidad del precepto mencionado, así como el abono de las cantidades dejadas de percibir por aplicación de la norma recurrida.
Fue el pasado 26 de febrero cuando la oposición interpuso este recurso, que inicialmente iba a contar con la firma de otras formaciones del Grupo Mixto, aunque la negativa de PSOE y UPyD a suscribir una iniciativa con la coalición Amaiur llevó a ERC, BNG, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Compromís-Equo y Geroa Bai a descolgarse de la iniciativa.
Los grupos defendieron que a los pensionistas se les mantenga el poder adquisitivo y criticaron una medida que creen injusta y contraria a los derechos adquiridos de los jubilados, y que, en consecuencia, vulnera preceptos relativos a la irretroactividad de las leyes.
Se trata del primer recurso promovido por hasta siete grupo de la oposición, con la firma de 140 diputados, contra el real Decreto-ley de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, que hace referencia a la no revalorización de las pensiones conforme a la inflación.
Los recurrentes piden al Constitucional que declare la inconstitucionalidad y la consecuente nulidad del precepto mencionado, así como el abono de las cantidades dejadas de percibir por aplicación de la norma recurrida.
Fue el pasado 26 de febrero cuando la oposición interpuso este recurso, que inicialmente iba a contar con la firma de otras formaciones del Grupo Mixto, aunque la negativa de PSOE y UPyD a suscribir una iniciativa con la coalición Amaiur llevó a ERC, BNG, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Compromís-Equo y Geroa Bai a descolgarse de la iniciativa.
Los grupos defendieron que a los pensionistas se les mantenga el poder adquisitivo y criticaron una medida que creen injusta y contraria a los derechos adquiridos de los jubilados, y que, en consecuencia, vulnera preceptos relativos a la irretroactividad de las leyes.
