El 'caso del ácido bórico' no volverá a los periódicos, de momento. La Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid decidió hoy suspender hasta el próximo 25 de marzo su decisión sobre si se inicia el juicio por el presunto fraude documental cometido por cuatro altos cargos de la Policía Científica o si decreta el sobreseimiento de la causa. Todo depende de los fundamentos jurídicos que esgrima la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa.
Si en esos fundamentos se desmonta la llamada 'doctrina Botín', serán juzgados, en caso contrario, quedarán absueltos.
El presidente del Grupo Santander, Emilio Botin, no llegó a sentarse en el banquillo de los acusados gracias a lo que se conoce desde encontes como 'doctrina Botin'. El Tribunal Supremo interpretó entonces que no es posible la apertura de un juicio oral cuando se cuenta únicamente con la acusación ejercida por parte de la acusación popular. Esta doctrina fue reinterpretada recientemente en el 'caso Atutxa', donde la acusación particular era únicamente el sindicato de funcionarios Manos Limpias, aunque hasta que no se haga pública la sentencia del Supremo se desconocerá en qué medida la 'doctrina Botin' se puede o no aplicar en el 'caso Atutxa' y, por tanto, en qué medida se puede o no aplicar en el 'caso del ácido bórico'.
Sin embargo, la 'doctrina Botín' fue empleada hoy por la Fiscalía y la Abogacía del Estado para solicitar a la Sala el sobreseimiento de la causa contra cuatro altos mandos policiales: el comisario general de la Policía Científica, Miguel Angel Santano; el secretario general, Pedro Luis Mélida; el jefe de la Unidad de Análisis, José Andradas; y el jefe de la Sección de esa unidad, Francisco Ramírez.
Todos ellos están acusados de tres delitos de falsedad documental, falso testimonio y, en el caso de Santano, también por encubrimiento por, presuntamente, corregir de forma fraudulenta un informe que relacionaba el hallazgo de ácido bórico en el domicilio del procesado por el 11-M Hassan el Haski con la organización terrorista ETA, eliminando la alusión a la banda terrorista. En contra de la postura defendida por los servicios jurídicos del Estado, las asociaciones que ejercen la acusación popular -el sindicato Manos Limpias, Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)solicitaron la apertura del proceso al tribunal. Tras una deliberación de diez minutos, la Sala consideró absolutamente imprescindible conocer la sentencia del 'caso Atutxa', que, según explicó el propio magistrado, se hará pública la semana que viene, según las informaciones que obran en su poder. Sería un absurdo acordar el sobreseimiento o la apertura de juicio antes de conocer los matices de esa sentencia, añadió el juez, cuya decisión no recibió ninguna protesta de ninguna de la partes.
Antes de eso, el representante del Ministerio Público reiteró su petición de sobreseer la causa debido a la ausencia de la acusación particular tal y como indicó el Tribunal Supremo a través de la 'doctrina Botín'. Por su parte, la defensa de los acusados ejercida por José Antonio Choclán, solicitó al tribunal la nulidad del auto de apertura de juicio oral amparándose también en que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han presentado cargos contra sus defendidos. En ese sentido, añadió que en la presente causa el único que tiene legitimidad para ejercer la acusación particular es el abogado del Estado.
UNA ASOCIACION DE ANIMALES Además, tildó la personación de la Asociación de Ayuda a las Víctimas de 11-M, el sindicato Manos Limpias y la AVT como un pretexto para que hoy se sienten en el banquillo cuatro personas inocentes. Además, la ley atribuye la acusación popular a determinadas personas físicas no a asociaciones, quienes deben acreditar un interés legítimo, prosiguió Choclán y agregó que se ha demostrado que esta causa no guarda ninguna relación con el 11-M.
Las asociaciones personadas en esta causa tienen por tanto la misma legitimidad que una asociación de animales, apostilló. En contra, las asociaciones coincidieron al cuestionar la posición procesal de la Abogacía del Estado ya que, a su entender, no ha acreditado ningún tipo de perjuicio. No corresponde su presencia en esta causa, ni pide nada ni se le ha perjudicado en nada, manifestó el abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas de 11-M, José María de Pablo. Este abogado recordó además como el primer representante del Ministerio Fiscal que se encargó de este caso vio delito y cuando llegó el momento de calificar recibió la orden de su superior de no acusar. Habrá que preguntarse cuáles eran los intereses de la Fiscalía para no acusar, indicó el letrado. En consecuencia, De Pablo finalizó su exposición defendiendo que son sus clientes los directamente perjudicados por estos hechos ya que, como víctimas del 11-M, tienen derecho a una investigación limpia. Si hay un perjudicado directo, ese no es el abogado del Estado sino las víctimas, redundó. En contra de estas alegaciones, el abogado del Estado replicó que los imputados son funcionarios públicos por lo que su presencia en la causa está legitimada debido también a que sería el responsable civil subsidiario en caso de una posible indemnización. Nuestra presencia es ajustada a derecho, matizó, al tiempo que reiteró su petición de sobreseer la causa al entender que los hechos no son constitutivos de delito alguno. A este respecto, el magistrado Barreiro apostilló que, una vez resuelta la cuestión de si se inicia el juicio o se desestima esta opción, se valorará la situación procesal de la Abogacía del Estado, no obstante, aseguró que no hay motivos para expulsarla. Asimismo, tampoco vio personación extemporánea en la participación de la AVT.
Según aclaró, la participación de esta asociación quedó acreditada antes de la presentación del escrito de las defensas, por lo que no hay indefensión.
Por su parte, el abogado del sindicato Manos limpias recordó el 'caso Otegi' en el que la Fiscalía retiraba los cargos contra él, es decir, que hace un año y medio tenía privilegios y ahora ha caído en desgracia. El letrado empleó este argumento para explicar que la 'doctrina Botín' cercena la participación de los ciudadanos en la justicia dando privilegios al poder. Finalmente, el representante de la AVT, Juan Carlos Rodríguez Segura, afirmó que en su asociación hay víctimas tanto del 11-M como de ETA como de los GRAPO o incluso de la extrema derecha, al tiempo que explicó que su presencia en la causa no responde al interés de alimentar teorías conspiratorias sino por el animo a saber la verdad, aunque concluyó: Viendo la sentencia del 11-M, aun no sabemos quienes fueron los responsables.
El presidente del Grupo Santander, Emilio Botin, no llegó a sentarse en el banquillo de los acusados gracias a lo que se conoce desde encontes como 'doctrina Botin'. El Tribunal Supremo interpretó entonces que no es posible la apertura de un juicio oral cuando se cuenta únicamente con la acusación ejercida por parte de la acusación popular. Esta doctrina fue reinterpretada recientemente en el 'caso Atutxa', donde la acusación particular era únicamente el sindicato de funcionarios Manos Limpias, aunque hasta que no se haga pública la sentencia del Supremo se desconocerá en qué medida la 'doctrina Botin' se puede o no aplicar en el 'caso Atutxa' y, por tanto, en qué medida se puede o no aplicar en el 'caso del ácido bórico'.
Sin embargo, la 'doctrina Botín' fue empleada hoy por la Fiscalía y la Abogacía del Estado para solicitar a la Sala el sobreseimiento de la causa contra cuatro altos mandos policiales: el comisario general de la Policía Científica, Miguel Angel Santano; el secretario general, Pedro Luis Mélida; el jefe de la Unidad de Análisis, José Andradas; y el jefe de la Sección de esa unidad, Francisco Ramírez.
Todos ellos están acusados de tres delitos de falsedad documental, falso testimonio y, en el caso de Santano, también por encubrimiento por, presuntamente, corregir de forma fraudulenta un informe que relacionaba el hallazgo de ácido bórico en el domicilio del procesado por el 11-M Hassan el Haski con la organización terrorista ETA, eliminando la alusión a la banda terrorista. En contra de la postura defendida por los servicios jurídicos del Estado, las asociaciones que ejercen la acusación popular -el sindicato Manos Limpias, Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)solicitaron la apertura del proceso al tribunal. Tras una deliberación de diez minutos, la Sala consideró absolutamente imprescindible conocer la sentencia del 'caso Atutxa', que, según explicó el propio magistrado, se hará pública la semana que viene, según las informaciones que obran en su poder. Sería un absurdo acordar el sobreseimiento o la apertura de juicio antes de conocer los matices de esa sentencia, añadió el juez, cuya decisión no recibió ninguna protesta de ninguna de la partes.
Antes de eso, el representante del Ministerio Público reiteró su petición de sobreseer la causa debido a la ausencia de la acusación particular tal y como indicó el Tribunal Supremo a través de la 'doctrina Botín'. Por su parte, la defensa de los acusados ejercida por José Antonio Choclán, solicitó al tribunal la nulidad del auto de apertura de juicio oral amparándose también en que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han presentado cargos contra sus defendidos. En ese sentido, añadió que en la presente causa el único que tiene legitimidad para ejercer la acusación particular es el abogado del Estado.
UNA ASOCIACION DE ANIMALES Además, tildó la personación de la Asociación de Ayuda a las Víctimas de 11-M, el sindicato Manos Limpias y la AVT como un pretexto para que hoy se sienten en el banquillo cuatro personas inocentes. Además, la ley atribuye la acusación popular a determinadas personas físicas no a asociaciones, quienes deben acreditar un interés legítimo, prosiguió Choclán y agregó que se ha demostrado que esta causa no guarda ninguna relación con el 11-M.
Las asociaciones personadas en esta causa tienen por tanto la misma legitimidad que una asociación de animales, apostilló. En contra, las asociaciones coincidieron al cuestionar la posición procesal de la Abogacía del Estado ya que, a su entender, no ha acreditado ningún tipo de perjuicio. No corresponde su presencia en esta causa, ni pide nada ni se le ha perjudicado en nada, manifestó el abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas de 11-M, José María de Pablo. Este abogado recordó además como el primer representante del Ministerio Fiscal que se encargó de este caso vio delito y cuando llegó el momento de calificar recibió la orden de su superior de no acusar. Habrá que preguntarse cuáles eran los intereses de la Fiscalía para no acusar, indicó el letrado. En consecuencia, De Pablo finalizó su exposición defendiendo que son sus clientes los directamente perjudicados por estos hechos ya que, como víctimas del 11-M, tienen derecho a una investigación limpia. Si hay un perjudicado directo, ese no es el abogado del Estado sino las víctimas, redundó. En contra de estas alegaciones, el abogado del Estado replicó que los imputados son funcionarios públicos por lo que su presencia en la causa está legitimada debido también a que sería el responsable civil subsidiario en caso de una posible indemnización. Nuestra presencia es ajustada a derecho, matizó, al tiempo que reiteró su petición de sobreseer la causa al entender que los hechos no son constitutivos de delito alguno. A este respecto, el magistrado Barreiro apostilló que, una vez resuelta la cuestión de si se inicia el juicio o se desestima esta opción, se valorará la situación procesal de la Abogacía del Estado, no obstante, aseguró que no hay motivos para expulsarla. Asimismo, tampoco vio personación extemporánea en la participación de la AVT.
Según aclaró, la participación de esta asociación quedó acreditada antes de la presentación del escrito de las defensas, por lo que no hay indefensión.
Por su parte, el abogado del sindicato Manos limpias recordó el 'caso Otegi' en el que la Fiscalía retiraba los cargos contra él, es decir, que hace un año y medio tenía privilegios y ahora ha caído en desgracia. El letrado empleó este argumento para explicar que la 'doctrina Botín' cercena la participación de los ciudadanos en la justicia dando privilegios al poder. Finalmente, el representante de la AVT, Juan Carlos Rodríguez Segura, afirmó que en su asociación hay víctimas tanto del 11-M como de ETA como de los GRAPO o incluso de la extrema derecha, al tiempo que explicó que su presencia en la causa no responde al interés de alimentar teorías conspiratorias sino por el animo a saber la verdad, aunque concluyó: Viendo la sentencia del 11-M, aun no sabemos quienes fueron los responsables.
