La institución cree que su pago puede condicionar el derecho al acceso a la justicia del ciudadano

La Audiencia Nacional lleva las tasas judiciales al Constitucional

Sesión de un juicio desarrollado en la sala de un juzgado de Galicia.
La Audiencia Nacional planteó y ante el Tribunal Constitucional (TC) una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de tasas judiciales en la que consulta al alto tribunal sobre si esta norma vulnera la ley fundamental. En un auto, la sección séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional considera que el pago de las tasas puede condicionar el acceso de los ciudadanos a los tribunales y afectar a la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional.
El tribunal responde así al recurso contencioso-administrativo interpuesto el pasado 8 de abril y a la formalización de la demanda del 26 de abril por parte de la mercantil Préstamos y Javaloyes contra la modificación de la Ley de Tasas, en el que pide a la Audiencia Nacional que plantee cuestión de inconstitucionalidad por presunta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

La exigencia de una tasa, dentro de ciertos límites y procedimientos y circunstancias, 'es perfectamente constitucional', explica el tribunal, 'lo que puede no ser constitucional, es que el pago de dicha tasa, condicione: primero, la posibilidad de acceder a la jurisdicción; y segundo la posibilidad de obtener la tutela judicial'.


PROPORCIONALIDAD

En este sentido, indica que 'las consecuencias de la falta de pago de las mismas sí pueden constituir trabas que resulten innecesarias, excesivas y que carezcan de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador'.

La Audiencia Nacional duda, además, de que la norma tenga en cuenta la proporcionalidad necesaria para conseguir financiar el servicio público de la justicia, en referencia a una posible vulneración de principios de igualdad, equidad y Justicia.

Asimismo, el auto recuerda que en algunos casos las tasas pueden suponer un gravamen igual o mayor que el propio contenido del acto administrativo, constituyendo 'un impedimento innecesario'.

Te puede interesar