Casi cien personas fueron detenidas o imputadas en Canarias y Zaragoza por comerciar ilegalmente con gas R-22, utilizado por los barcos pesqueros para congelar en alta mar el producto de la pesca pero prohibido por los países de la Unión Europea (UE) por sus efectos dañinos en la capa de ozono.
En una operación denominada 'Refresco', dirigida por la Fiscalía de Medio Ambiente y llevada a cabo por la Guardia Civil, los agentes de este cuerpo intervinieron 150.000 kilos de este gas y pusieron a disposición judicial a 97 personas imputadas por un comercio que hubiera reportado a las empresas implicadas 4 millones de euros de beneficios en este año.
El teniente Oscar Fernández Camacho, perteneciente a la jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del instituto armado, explicó que se practicaron dieciséis registros de sedes y almacenes de diversas empresas e inspeccionado siete buques de distintas nacionalidades, muchos con bandera de conveniencia.
PROHIBICIÓN
Fernández Camacho recordó que el protocolo de Montreal, suscrito por los socios de ONU y otros países, acordó un calendario progresivo de eliminación de ese gas especialmente tóxico y que genera daños en la capa de ozono, lo que permite la entrada de rayos UVA que pueden afectar al ADN y provocar desde quemaduras hasta ceguera y mutaciones.
Los implicados obtenían importantes beneficios, toda vez que adquirían el gas a un precio de entre 4 y 8 euros el kilo y lo vendían a 40 euros.
Esta práctica impedía competir en igualdad de condiciones a otras empresas que actuaban dentro de la legalidad. De hecho, sólo en lo va de año los beneficios rondarían los 4 millones de euros, a los que habría que sumar los obtenidos desde 2010, cuando comenzó esta actividad ilegal.
El teniente Oscar Fernández Camacho, perteneciente a la jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del instituto armado, explicó que se practicaron dieciséis registros de sedes y almacenes de diversas empresas e inspeccionado siete buques de distintas nacionalidades, muchos con bandera de conveniencia.
PROHIBICIÓN
Fernández Camacho recordó que el protocolo de Montreal, suscrito por los socios de ONU y otros países, acordó un calendario progresivo de eliminación de ese gas especialmente tóxico y que genera daños en la capa de ozono, lo que permite la entrada de rayos UVA que pueden afectar al ADN y provocar desde quemaduras hasta ceguera y mutaciones.
Los implicados obtenían importantes beneficios, toda vez que adquirían el gas a un precio de entre 4 y 8 euros el kilo y lo vendían a 40 euros.
Esta práctica impedía competir en igualdad de condiciones a otras empresas que actuaban dentro de la legalidad. De hecho, sólo en lo va de año los beneficios rondarían los 4 millones de euros, a los que habría que sumar los obtenidos desde 2010, cuando comenzó esta actividad ilegal.
