El tribunal pone freno al deseo del gobierno catalán pero reconoce la capacidad de decisión del mismo.
El Constitucional anuló ayer por unanimidad la declaración aprobada en el Parlament en enero de 2013 que definía a Cataluña como "sujeto jurídico y político soberano", pero reconoce el derecho a decidir si se lleva a cabo en el marco constitucional.
En la sentencia notificada ayer, el tribunal estimó parcialmente el recurso del Gobierno, de manera que declara "inconstitucional y nulo" el principio primero de la declaración, según el cual "el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano".
El Tribunal Constitucional considera que una comunidad autónoma "no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España".
El TC añade que la Constitución no contempla "el reconocimiento al pueblo de Cataluña de la cualidad de soberano", ya que ello es incompatible con su artículo 2, y que lo contrario supondría conferir a Cataluña "el poder de quebrar, por su sola voluntad", dicha unidad.
Por otra parte, el tribunal declara constitucionales las referencias al "derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña", ya que considera que pueden ser interpretadas de conformidad con la Carta Magna, puesto que no consagran un derecho de autodeterminación no reconocido en la Constitución.
El pleno del Constitucional, presidido por Francisco Pérez de los Cobos, sostiene que se puede cambiar "el fundamento mismo del orden constitucional" siempre que no se haga "a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales", sino en "en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución".
Desde Barcelona
Precisamente, la Mesa del Parlament había decidido presentar una petición de recusación contra el presidente del TC y dos magistrados al considerar que no cumplían con la imparcialidad necesaria para deliberar sobre la declaración de soberanía, una recusación que ha llegado más tarde que el fallo.
Además, los consejeros de la Generalitat Francesc Homs) y Josep Maria Pelegrí acudirán al Congreso el 8 de abril para presenciar el debate sobre la petición del Parlamento catalán de que se traspase a Cataluña la competencia de convocar una consulta de autodeterminación mientras que Artur Más no viajará como tenía previsto.
El conseller de Presidencia, Francesc Homs, avanzó además que el Govern no alterará el proceso soberanista tras la "chocante" y "contradictoria" sentencia del TC, que a su entender acepta una vía para el derecho a decidir y niega a que Cataluña sea sujeto soberano.
Mientras, el Gobierno expresó su respeto y acatamiento a la sentencia, mientras que el PSOE afirmó que la sentencia "señala claramente" que "el único camino sensato" es "el respeto a la ley".
Los partidos catalanes analizaron de forma urgente la decisión, que se produjo pocos días antes de que se debata en el Congreso la petición para que la Generalitat pueda convocar una consulta.
Para el presidente de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, la sentencia es un "error innecesario" porque entiende que es "una declaración política y no una norma de derecho positivo".
Frente a los partidos soberanistas, el portavoz parlamentario del PP Catalán, Enric Millo, opinó que el TC "pone punto final" al "camino sin salida" del proceso soberanista, por lo que pidió al president Artur Mas que "reflexione".
Por su parte, el portavoz del PSC, Maurici Lucena, cree que la sentencia de ayer del Constitucional es "una oportunidad para poner el contador a cero" y que Mas se dé cuenta que el "único camino" debe ser un acuerdo.
