Agentes de la Ertzaintza han impedido esta tarde la celebración de la manifestación contra la alcaldesa de Lizartza (Guipúzcoa), Regina Otaola, del PP, que había sido prohibida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska por considerar que el acto tenía un fin ilícito: menoscabar gravemente el ejercicio de autoridad de la edil.
Numerosos efectivos de la Policía vasca se desplegaron en la plaza de Lizartza desde antes de las 19.30 horas, cuando estaba prevista la protesta, convocada por un ex concejal de Batasuna, y comunicaron a las personas que comenzaban a reunirse ante el Ayuntamiento para dar una rueda de prensa que no iban a permitir esa comparecencia ni ningún otro acto.
Durante media hora, un cordón de la Ertzaintza integrado por agentes antidisturbios permaneció frente a los congregados, más de un centenar de personas, que sobre las ocho de la tarde comenzaron a cantar el himno al soldado vasco, 'Eusko Gudari', por lo que los agentes los dispersaron empujándolos con sus escudos fuera de la plaza.
El juez ha adoptado esta decisión, a instancias de la fiscalía, en un auto en el que pide además a la Consejería de Interior del Gobierno vasco y a la Ertzaintza que adopte las medidas necesarias para impedir la manifestación y para prevenir la comisión de hechos delictivos.
Además, el juez, que recuerda en el auto que el acto ha sido convocado por una persona que fue concejal de la ilegalizada Batasuna, les solicita que, en el caso de que se produjera algún tipo de incidente, lo comuniquen a su Juzgado.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska solicitó a última hora de este viernes al Departamento vasco de Interior que le remita toda la información existente.
Entre la información solicitada se encuentran los informes sobre las amenazas que sufrió la alcaldesa la semana pasada. Grande-Marlaska podría adoptar una decisión en las próximas horas, ya que el acto, que se desarrollará bajo el lema 'Otaola kampora, errepresiorik ez' (Otaola fuera, represión no)', comenzará a las 19.30 horas.
La petición de información de Grande-Marlaska fue adoptada a raíz de una solicitud formulada por la asociación Dignidad y Justicia al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, que trasladó el asunto a la Fiscalía para que informara a este magistrado, de guardia esta semana en la Audiencia Nacional.
El colectivo de víctimas del terrorismo solicitó la prohibición de la manifestación alegando que el permiso para su celebración fue tramitado por Iñaki Elduayen, ex concejal de Herri Batasuna en Tolosa (Guipúzcoa) y candidato en los comicios de 2007 de la plataforma Tolosako Abertzale Sozialistak, anulada por el Tribunal Supremo.
Dignidad y Justicia, que acompañó su petición con varios recortes periodísticos publicados en los últimos días, solicitó la prohibición del acto al entender que la convocatoria constituye "un acto de la ilegalizada formación Herri Batasuna-Euskal Herritarrok".
