El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se reunirá a partir del lunes para estudiar el recurso de súplica presentado por la Fiscalía en el que solicita que se revoque la puesta en libertad del etarra Antonio Troitiño. El presidente de la Sala, Javier Gómez Bermúdez, como ponente del caso al mismo magistrado que liberó ayer al miembro de ETA. Troitiño, condenado por 22 asesinatos perpetrados entre los años 1983 y 1986 a un total de 2.746 años de prisión, quedó en libertad después de cumplir 24 años en prisión.
Gómez Bermúdez, dictó un acuerdo según el cual 'dada la complejidad y trascendencia' de la solicitud formulada por la Fiscalía convoca a todos lo magistrados para estudiar el asunto. La Fiscalía pidió que 'se deje sin efecto la puesta en libertad del penado Antonio Troitiño' y que 'se proceda al abono de las prisiones provisionales sufridas de manera sucesiva según se vayan cumpliendo las diversas penas por la que fue condenado, hasta alcanzar el límite de 30 años de prisión'. La ponencia de Guevara será sometida al criterio de sus 15 compañeros de la Sala. Fuentes jurídicas indicaron que es previsible que la reunión del Pleno se prolongue durante varios días.
Según se desprende del recurso de súplica presentado por el Ministerio Público su petición supondría mantener como fecha de cumplimiento y excarcelación el 17 de enero de 2017, en aplicación de la conocida como doctrina 'Parot'.
La Fiscalía se opone de este modo a la aplicación por parte del tribunal presidido por Guevara de la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en la sentencia 57/08, que se opone a la del Tribunal Supremo y contempla la obligación de restar el tiempo que permanezca un recluso en prisión preventiva de cada una de las penas que esté cumpliendo por otros delitos.
Según se desprende del recurso de súplica presentado por el Ministerio Público su petición supondría mantener como fecha de cumplimiento y excarcelación el 17 de enero de 2017, en aplicación de la conocida como doctrina 'Parot'.
La Fiscalía se opone de este modo a la aplicación por parte del tribunal presidido por Guevara de la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en la sentencia 57/08, que se opone a la del Tribunal Supremo y contempla la obligación de restar el tiempo que permanezca un recluso en prisión preventiva de cada una de las penas que esté cumpliendo por otros delitos.
