La Fiscalía Anticorrupción decidió solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) que impute al expresidente de esta comunidad Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, por apreciar indicios de delito en la contratación del Instituto Nóos para organizar los eventos Valencia Summit.
Castro remitió el pasado 31 de mayo una exposición razonada de 70 páginas al TSJCV para proponer que este tribunal asuma la competencia de la instrucción del caso Nóos en lo que se refiere a los hechos de Valencia y a Camps y Barberà, por ser ambos aforados.
Según el juez, las contrataciones al Instituto Nóos por parte de administraciones públicas fueron actos 'estrictamente voluntaristas' porque no obedecían a procurar el interés general sino 'sólo al deseo de doblegarse a las exigencias de Iñaki Urdangarin en atención a su parentesco con la Casa de S.M. el Rey', con adjudicaciones a dedo. Añadía el juez que Camps y Barberá asentían verbalmente 'a cuanto se les ofrecía'.
El juez señalaba además que de la investigación del caso Nóos se desprenden 'indicios racionales de que en la ciudad de Valencia tuvieron lugar una serie de hechos de apariencia delictiva' en los que Camps y Barberápudieron tener 'decisiva e imputable intervención'.
En esta causa se investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, presidido por Urdangarin y su exsocio Diego Torres, al que las administraciones valencianas aportaron 3,5 millones para organizar las tres cumbres Valencia Summit de 2004, 2005 y 2006 y para elaborar los proyectos de los Juegos Europeos y los de la Juventud, que no llegaron a celebrarse.
Según el juez, las contrataciones al Instituto Nóos por parte de administraciones públicas fueron actos 'estrictamente voluntaristas' porque no obedecían a procurar el interés general sino 'sólo al deseo de doblegarse a las exigencias de Iñaki Urdangarin en atención a su parentesco con la Casa de S.M. el Rey', con adjudicaciones a dedo. Añadía el juez que Camps y Barberá asentían verbalmente 'a cuanto se les ofrecía'.
El juez señalaba además que de la investigación del caso Nóos se desprenden 'indicios racionales de que en la ciudad de Valencia tuvieron lugar una serie de hechos de apariencia delictiva' en los que Camps y Barberápudieron tener 'decisiva e imputable intervención'.
En esta causa se investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, presidido por Urdangarin y su exsocio Diego Torres, al que las administraciones valencianas aportaron 3,5 millones para organizar las tres cumbres Valencia Summit de 2004, 2005 y 2006 y para elaborar los proyectos de los Juegos Europeos y los de la Juventud, que no llegaron a celebrarse.
