El portal de transparencia que está diseñando el Gobierno para gestionar la presentación de toda la información que tendrá que hacerse pública una vez que entre en vigor la futura Ley de Transparencia incluirá un ranking sobre su cumplimiento, de manera que se podrá consultar cuáles son las administraciones qué más y mejor responden a las peticiones de los ciudadanos y cuáles lo hacen peor.
Así lo anunció ayer el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José Luis Ayllón, durante su participación en el primer encuentro del 'Foro X las Oportunidades', dedicado a la 'Transparencia y Regeneración Democrática'.
Aunque admitió que habrá que estudiar la inclusión de sanciones para las entidades que no cumplan los mandatos sobre transparencia que se recogerán en la ley, dejó claro que es más partidario de los 'incentivos' que de los 'castigos' porque los considera más efectivos.
A su juicio, para una administración resulta mucho más incentivador verse reflejada con un mal indicador sobre transparencia que tener que hacer frente a una multa por no ofrecer la información que debería a los ciudadanos, bien por que así lo mandate la norma o bien en respuesta al requerimiento de un particular.
Por eso, se evaluará el nivel de cumplimiento de cada administración y los resultados se 'colgarán' en el Portal de Transparencia, con una relación de las administraciones según el lugar que ocupen en el ranking, lo que permitirá saber a los ciudadanos cuáles son las administraciones que están dando más información y mejor, o que están respondiendo en menos tiempo, entre otros indicadores.
A dos días de la reunión que mantendrá con los grupos parlamentarios para lograr una ley pactada, Ayllón rechazó su demanda -compartida por Transparencia Internacional- de que sea un organismo independiente del Gobierno el que haga el papel de árbitro en los conflictos y vele por el cumplimiento de la ley, si bien aceptó la idea de que su presidente sea elegido por el Parlamento.
Ayllón dijo que le 'hubiera encantado crear un Consejo Nacional de la Transparencia', pero que en estos momentos sobran organismos públicos y que no es posible crear uno desde su Ministerio. La solución fue 'dotar de un poco más de contenido' a una agencia que ya existe, la Agencia de Evaluación y Calidad de los Servicios (Aeval), que depende de Hacienda y Administraciones Públicas.
Para elegir al nuevo responsable será precisa una 'votación en el Parlamento', apuntó Ayllón, sin precisar que tipo de mayoría se requeriría. También se mostró dispuesto a introducir en el sistema de elección del presidente que éste pueda ser cesado por la mayoría absoluta del Parlamento y que su mandato no coincida con el tiempo de una legislatura.
Ayllón no desveló cuánto calcula el Ejecutivo que costará aplicar la futura norma, pero sí apuntó que 'no va a ser una ley cara'. Su idea de que toda su gestión se haga 'desde dentro' de la Administración lo que, según confesó, obligará a un 'plus de esfuerzo' a los funcionarios que se ocupen de tramitar las demandas ciudadanas.
Asimismo, aseguró que la nueva norma obligará a las administraciones públicas a hacer inventario de todos su patrimonio, algo que, según dijo, algunos de estos entes desconocen cuáles son todos sus bienes, lo que les beneficiará.
Aunque admitió que habrá que estudiar la inclusión de sanciones para las entidades que no cumplan los mandatos sobre transparencia que se recogerán en la ley, dejó claro que es más partidario de los 'incentivos' que de los 'castigos' porque los considera más efectivos.
A su juicio, para una administración resulta mucho más incentivador verse reflejada con un mal indicador sobre transparencia que tener que hacer frente a una multa por no ofrecer la información que debería a los ciudadanos, bien por que así lo mandate la norma o bien en respuesta al requerimiento de un particular.
Por eso, se evaluará el nivel de cumplimiento de cada administración y los resultados se 'colgarán' en el Portal de Transparencia, con una relación de las administraciones según el lugar que ocupen en el ranking, lo que permitirá saber a los ciudadanos cuáles son las administraciones que están dando más información y mejor, o que están respondiendo en menos tiempo, entre otros indicadores.
A dos días de la reunión que mantendrá con los grupos parlamentarios para lograr una ley pactada, Ayllón rechazó su demanda -compartida por Transparencia Internacional- de que sea un organismo independiente del Gobierno el que haga el papel de árbitro en los conflictos y vele por el cumplimiento de la ley, si bien aceptó la idea de que su presidente sea elegido por el Parlamento.
Ayllón dijo que le 'hubiera encantado crear un Consejo Nacional de la Transparencia', pero que en estos momentos sobran organismos públicos y que no es posible crear uno desde su Ministerio. La solución fue 'dotar de un poco más de contenido' a una agencia que ya existe, la Agencia de Evaluación y Calidad de los Servicios (Aeval), que depende de Hacienda y Administraciones Públicas.
Para elegir al nuevo responsable será precisa una 'votación en el Parlamento', apuntó Ayllón, sin precisar que tipo de mayoría se requeriría. También se mostró dispuesto a introducir en el sistema de elección del presidente que éste pueda ser cesado por la mayoría absoluta del Parlamento y que su mandato no coincida con el tiempo de una legislatura.
Ayllón no desveló cuánto calcula el Ejecutivo que costará aplicar la futura norma, pero sí apuntó que 'no va a ser una ley cara'. Su idea de que toda su gestión se haga 'desde dentro' de la Administración lo que, según confesó, obligará a un 'plus de esfuerzo' a los funcionarios que se ocupen de tramitar las demandas ciudadanas.
Asimismo, aseguró que la nueva norma obligará a las administraciones públicas a hacer inventario de todos su patrimonio, algo que, según dijo, algunos de estos entes desconocen cuáles son todos sus bienes, lo que les beneficiará.
