El Gobierno defendió ayer la eliminación de la preferencia histórica del apellido paterno frente al materno por considerarla 'más igualitaria' (en realidad ya se puede hacer), una idea que para el PP abre 'un debate innecesario' y sólo responde a la intención del Ejecutivo de 'lanzar cortinas de humo'.
El proyecto de ley del Registro Civil, que se encuentra en trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados, permite que sean ambos progenitores los que decidan el orden de los apellidos, primando en caso de desacuerdo el orden alfabético de los mismos. La modificación, incluida en el proyecto que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de julio, supone 'un paso más en la igualdad de género', en palabras del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, destacó que defender la preferencia del apellido paterno sobre el de la mujer es 'difícilmente compatible con el mandato de igualdad que establece la Constitución Española'. Para el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, la propuesta es 'muy razonable' porque reafirma los principios de 'libertad' de elección de los padres y de 'igualdad' entre los progenitores. Se pretende evitar discriminación por razón de sexo y seguir un 'criterio objetivo', el del orden alfabético, para los casos de falta de acuerdo entre los padres, añadió Alonso.
'NO ES UNA DEMANDA'
Desde el PP, la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró no ver 'una gran preocupación', excepto en el PSOE, para cambiar la ley. En esa línea, en un acto junto al líder del PP, Mariano Rajoy, la presidenta del partido en Aragón, Luisa Fernanda Rudi, señaló que la modificación 'no está entre las demandas sociales urgentes de los españoles' y distraen a la sociedad de las cuestiones 'realmente importantes'. Además, subrayó que, a partir de la mayoría de edad, todo el mundo puede alterar el orden de sus apellidos, por lo que no entiende la necesidad de esta normativa.
Menos crítico con la reforma se mostró el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Joan Ridao, quien reconoció que ésta puede generar 'algún problema de inseguridad jurídica', pero será 'muy excepcional' que el padre y la madre no lleguen a un acuerdo. De modo similar se expresó el diputado de CiU Jordi Jané, quien recordó que el orden de los apellidos, por acuerdo de los padres, ya viene tipificado en una ley de 1999, y opinó que el caso de disenso será 'muy difícil'.
En nombre de IU, su diputado, Gaspar Llamazares, ha dicho que la iniciativa del Gobierno es una preocupación 'menor' y alertó de que puede traer consigo 'situaciones chuscas' debido a la desaparición de ciertos apellidos. Recordó que los progenitores ya podían escoger el orden de los apellidos.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, destacó que defender la preferencia del apellido paterno sobre el de la mujer es 'difícilmente compatible con el mandato de igualdad que establece la Constitución Española'. Para el portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, la propuesta es 'muy razonable' porque reafirma los principios de 'libertad' de elección de los padres y de 'igualdad' entre los progenitores. Se pretende evitar discriminación por razón de sexo y seguir un 'criterio objetivo', el del orden alfabético, para los casos de falta de acuerdo entre los padres, añadió Alonso.
'NO ES UNA DEMANDA'
Desde el PP, la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró no ver 'una gran preocupación', excepto en el PSOE, para cambiar la ley. En esa línea, en un acto junto al líder del PP, Mariano Rajoy, la presidenta del partido en Aragón, Luisa Fernanda Rudi, señaló que la modificación 'no está entre las demandas sociales urgentes de los españoles' y distraen a la sociedad de las cuestiones 'realmente importantes'. Además, subrayó que, a partir de la mayoría de edad, todo el mundo puede alterar el orden de sus apellidos, por lo que no entiende la necesidad de esta normativa.
Menos crítico con la reforma se mostró el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Joan Ridao, quien reconoció que ésta puede generar 'algún problema de inseguridad jurídica', pero será 'muy excepcional' que el padre y la madre no lleguen a un acuerdo. De modo similar se expresó el diputado de CiU Jordi Jané, quien recordó que el orden de los apellidos, por acuerdo de los padres, ya viene tipificado en una ley de 1999, y opinó que el caso de disenso será 'muy difícil'.
En nombre de IU, su diputado, Gaspar Llamazares, ha dicho que la iniciativa del Gobierno es una preocupación 'menor' y alertó de que puede traer consigo 'situaciones chuscas' debido a la desaparición de ciertos apellidos. Recordó que los progenitores ya podían escoger el orden de los apellidos.
