La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, concluyó que el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ya en prisión por estos hechos, concedió, 'en connivencia con otros, a sabiendas de su absoluta falta de competencia' y 'omitiendo clamorosamente y de manera continuada el procedimiento legalmente aplicable', 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas directas a empresas'.
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, concluyó que el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ya en prisión por estos hechos, concedió, 'en connivencia con otros, a sabiendas de su absoluta falta de competencia' y 'omitiendo clamorosamente y de manera continuada el procedimiento legalmente aplicable', 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas directas a empresas'.
En el auto de 36 páginas por el cual dicta su ingreso en la cárcel, la magistrada pone de manifiesto que, 'omitiendo el procedimiento, y por supuesto sus controles, el inculpado en connivencia con otros, concedió ayudas conociendo la ausencia de cobertura presupuestaria para el pago de las mismas, y por supuesto pudo conceder, con la misma connivencia, y de manera manifiestamente injusta y arbitraria, un número muy importante de ayudas para favorecer a familiares, amigos o personas próximas al entorno de Guerrero, al entorno de altos cargos de la Junta o del PSOE, partido que gobernaba durante el ejercicio de su cargo y gobierna en Andalucía'.
EMPRESARIOS
Según la jueza, 'los empresarios favorecidos estaban ubicados fundamentalmente en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, a los que durante su etapa como director general se les concedió la suma de 50.866.325,47 euros, enorme agravio comparativo, pues en el resto de Andalucía las ayudas a empresas fueron de 24.618.728,47 euros, incluyendo en esta cifra las concedidas a los ayuntamientos no pertenecientes a dicha comarca', punto en el que la juez hace referencia a Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.
La magistrada hace una relación del 'elenco de personas a las que arbitrariamente favoreció el inculpado', entre ellas su suegra, Victorina Madrid Pisabarro, o su chófer, Juan Francisco Trujillo, a quien, además de concederle en 2004 varias subvenciones de 450.000 euros -en total, 1.350.000 euros- 'para empresas creadas exprofeso' le ofreció 'que le facilitara el número de cuenta de una persona mayor y el DNI de la misma para que pudiera cobrar él las prestaciones de esta póliza', ascendente a 122.649,21 euros. Además, 'cuanto terminaba al mediodía su jornada laboral, acudían ambos a establecimientos de copas, consumiendo alcohol y cocaína a diario que Trujillo pagaba con el dinero de las ayudas públicas', agrega la juez.
La juez, que imputa a Guerrero dos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y cohecho, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil, asevera que la actuación de Guerrero 'supuso indiciariamente una distracción continuada de dinero público y un absoluto dispendio dilatado lamentablemente en el tiempo'.
En el auto de 36 páginas por el cual dicta su ingreso en la cárcel, la magistrada pone de manifiesto que, 'omitiendo el procedimiento, y por supuesto sus controles, el inculpado en connivencia con otros, concedió ayudas conociendo la ausencia de cobertura presupuestaria para el pago de las mismas, y por supuesto pudo conceder, con la misma connivencia, y de manera manifiestamente injusta y arbitraria, un número muy importante de ayudas para favorecer a familiares, amigos o personas próximas al entorno de Guerrero, al entorno de altos cargos de la Junta o del PSOE, partido que gobernaba durante el ejercicio de su cargo y gobierna en Andalucía'.
EMPRESARIOS
Según la jueza, 'los empresarios favorecidos estaban ubicados fundamentalmente en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, a los que durante su etapa como director general se les concedió la suma de 50.866.325,47 euros, enorme agravio comparativo, pues en el resto de Andalucía las ayudas a empresas fueron de 24.618.728,47 euros, incluyendo en esta cifra las concedidas a los ayuntamientos no pertenecientes a dicha comarca', punto en el que la juez hace referencia a Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.
La magistrada hace una relación del 'elenco de personas a las que arbitrariamente favoreció el inculpado', entre ellas su suegra, Victorina Madrid Pisabarro, o su chófer, Juan Francisco Trujillo, a quien, además de concederle en 2004 varias subvenciones de 450.000 euros -en total, 1.350.000 euros- 'para empresas creadas exprofeso' le ofreció 'que le facilitara el número de cuenta de una persona mayor y el DNI de la misma para que pudiera cobrar él las prestaciones de esta póliza', ascendente a 122.649,21 euros. Además, 'cuanto terminaba al mediodía su jornada laboral, acudían ambos a establecimientos de copas, consumiendo alcohol y cocaína a diario que Trujillo pagaba con el dinero de las ayudas públicas', agrega la juez.
La juez, que imputa a Guerrero dos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y cohecho, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil, asevera que la actuación de Guerrero 'supuso indiciariamente una distracción continuada de dinero público y un absoluto dispendio dilatado lamentablemente en el tiempo'.
