El exchófer de Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo e imputado en el caso de los ERE fraudulentos, dijo a la Policía que parte de las ayudas que cobró las destinó a comprar cocaína para su jefe, mientras que el ex alto cargo de la Junta negó estas acusaciones.
El chófer, Juan Francisco T.B., manifestó que recibió 900.000 euros en subvenciones para dos proyectos de su propiedad, y declaró ante la Policía que parte del dinero se lo dio en mano a su jefe y también, a solicitud suya, le compró 'varios efectos como material de telefonía, artículos de música, antigüedades y ropa'. 'La mayor parte del dinero lo dedicó a comprar cocaína para su jefe y para él' y para 'otros gastos como ir de fiestas y de copas', afirmó.
Con el dinero de las ayudas públicas se compró un terreno en la sierra destinado a casas rurales y un piso en la calle San Luis de Sevilla que iba a ser destinado a sede de la empresa. Asimismo, el abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, señaló que son 'totalmente falsas' y 'no tienen ningún fundamento' las declaraciones del chófer y dijo que su cliente niega haber comprado droga y objetos como haber recibido él mismo parte de las ayudas que la Junta concedió a dos empresas creadas por su antiguo chófer.
El magistrado denunciará a los funcionarios policiales o judiciales que hayan filtrado la declaración a la prensa, ya que el acta que fue divulgada está 'foliada', lo que significa que fue extraída de unas diligencias policiales o judiciales.
Con el dinero de las ayudas públicas se compró un terreno en la sierra destinado a casas rurales y un piso en la calle San Luis de Sevilla que iba a ser destinado a sede de la empresa. Asimismo, el abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, señaló que son 'totalmente falsas' y 'no tienen ningún fundamento' las declaraciones del chófer y dijo que su cliente niega haber comprado droga y objetos como haber recibido él mismo parte de las ayudas que la Junta concedió a dos empresas creadas por su antiguo chófer.
El magistrado denunciará a los funcionarios policiales o judiciales que hayan filtrado la declaración a la prensa, ya que el acta que fue divulgada está 'foliada', lo que significa que fue extraída de unas diligencias policiales o judiciales.
