Las asociaciones de jueces señalaron este viernes que debe realizarse una investigación completa y exhaustiva sobre los errores judiciales que permitieron que el presunto asesino de Mari Luz Cortés estuviera en libertad pese a estar condenado por pederastia; pero los jueces advirtieron de que, en cualquier caso, es competencia del Consejo General del Poder Judicial investigar lo sucedido y pidieron responsabilidad a los medios de comunicación.
El comunicado, que firman Antonio García Martínez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura; Lorenzo del Río, portavoz de Asociación Judicial Francisco de Vitoria; Jaime Tapia, portavoz de Jueces para La Democracia; y Conrado Gallardo Correa, presidente de Foro Judicial Independiente, indica que las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento de Mari Luz, deben ser debida y completamente esclarecidas, a través de una investigación completa y exhaustiva, con vistas a la depuración de todas las responsabilidades en las que se hubiere podido incurrir, y valorando todos los factores y medios personales y materiales, que inciden en el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.
En lo concerniente a la actuación de los jueces, las asociaciones firmantes indican que es el Consejo General del Poder Judicial el que deberá determinar, en el seno de un procedimiento disciplinario, si ha existido o no responsabilidad, calificando y sancionando, en la medida correspondiente y llegado el caso, aquella en la que hubiera podido incurrirse.
Por último, critican que muchos medios de comunicación de forma apresurada, han anticipado y concretado la responsabilidad, sin disponer de todos los elementos de juicio, lo que resulta rechazable. Por ello, apelan a la responsabilidad informativa, para no ocasionar daños personales y profesionales de difícil reparación, sin esperar a que los organismos correspondientes (CGPJ, Ministerio de Justicia, Fiscalía, etc.) terminen las investigaciones oportunas, concluyen.
En lo concerniente a la actuación de los jueces, las asociaciones firmantes indican que es el Consejo General del Poder Judicial el que deberá determinar, en el seno de un procedimiento disciplinario, si ha existido o no responsabilidad, calificando y sancionando, en la medida correspondiente y llegado el caso, aquella en la que hubiera podido incurrirse.
Por último, critican que muchos medios de comunicación de forma apresurada, han anticipado y concretado la responsabilidad, sin disponer de todos los elementos de juicio, lo que resulta rechazable. Por ello, apelan a la responsabilidad informativa, para no ocasionar daños personales y profesionales de difícil reparación, sin esperar a que los organismos correspondientes (CGPJ, Ministerio de Justicia, Fiscalía, etc.) terminen las investigaciones oportunas, concluyen.
