La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) acordó el sobreseimiento libre de la causa abierta por supuesto delito de cohecho contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano archivó la causa abierta contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por un delito de cohecho al estimar que no hay relación entre los agasajos que pudo recibir y la adjudicación de contratos públicos a Orange Market. El auto, dictado el pasado sábado y hecho público ayer, incluye el voto particular de uno de los tres magistrados que componen la Sala, Juan Montero, quien cuestiona la interpretación del artículo 426 del Código Penal (cohecho impropio) que han hecho los otros dos jueces y admite no estar convencido de que los hechos no sean constitutivos de delito, como argumenta la resolución.
La Fiscalía Anticorrupción y el PSPV-PSOE, que ejerce la acusación popular, han anunciado ya que recurrirán esta resolución ante el Tribunal Supremo.
La Sala reconoce que tanto Camps como el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret podrían poseer diferentes prendas de vestir abonadas por Orange Market, empresa ligada a la trama Gürtel. Así lo dijo en su momento el juez instructor de la causa y así admite la Sala que podría haber ocurrido, aunque agrega que ninguna conclusión extraída de la fase de instrucción puede tener el grado de certeza, ya que no cabe descartar otras posibles versiones de los hechos, como las sostenidas por los imputados.
Argumentos
No obstante, el auto argumenta que no existe un nexo de causalidad entre estas dádivas o regalos que podrían haber recibido los cuatro imputados y las adjudicaciones de contratos públicos obtenidas por Orange Market, lo que a su juicio anula la existencia de delito.
El artículo 426 señala literalmente que la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses.
En este sentido, niega cual quier posibilidad de delito por parte de Costa, ya que desde su cargo de diputado autonómico no es capaz de influir para elaborar una ley que beneficie a la citada empresa -una hipótesis extravagante, califica el auto-, y su cargo político queda fuera de la función pública.
Respecto al resto de los imputados, los argumentos son similares. Según detalla, el ámbito de las funciones desempeñadas por Camps, Betoret y Campos no tienen por objeto la aprobación y adjudicación de los concretos actos de contratación que le fueron adjudicados a la sociedad Orange Market. No existe relación directa entre el pago de las prendas y los concretos actos de contratación realizados por las autoridades y funcionarios de cada uno de los organismos que decidieron la contratación de Orange Market, y tampoco hay constancia de que los agasajos fueran la causa determinante de esa concreta adjudicación.
El voto particular de Montero dice al respecto que no parece a este magistrado que ese tipo penal (el 426) tenga que requerir una relación de causalidad, por lo menos en los términos que en el auto se dice y respecto a los señores Camps, Campos y Betoret.
La resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, que no entrará en materia penal ni valorará nuevas pruebas, según confirmaron fuentes jurídicas, sino que se limitará a decidir si hay razones y datos suficientes para archivar o la causa, o por el contrario debe ser reabierto en el TSJCV.
Contrarios a derecho
La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que recurrirá el archivo de la causa ante el Supremo por entender que los argumentos de la Sala del TSJCV son contrarios a derecho y a la propia jurisprudencia del Supremo, además de improcedentes jurídicamente.
Además de archivar la causa, la Sala desestima los recursos de las acusaciones para que se imputara en esta misma causa a los supuestos cabecillas de la trama Gürtel, ya que consideraban que se debía enjuiciar en un mismo procedimiento la conducta de quienes aceptan los regalos y de quienes los ofrecen.
El PP pide que comparezca Conde-Pumpido
El secretario general del PP en el Congreso, José Luis Ayllón, aseguró ayer que el Gobierno de Zapatero es el de peor calidad democrática desde el final del franquismo, tras la decisión de la Fiscalía General del Estado de recurrir el archivo de la causa contra el presidente valenciano, Francisco Camps. Ayllón, que ha solicitado la comparecencia urgente del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se mostró sorprendido por la agilidad del Gobierno en pedir a la fiscalía que recurra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de archivar la demanda contra Camps.
Expresó que es muy poco edificante para la democracia que la calle esté llena de delincuentes y el fiscal general del Estado esté más preocupado en seguir las órdenes del Gobierno para perseguir al PP. Además, criticó el anuncio hecho por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha solicitado el recurso en un viaje a Costa Rica.
El presidente de Valencia muestra su respeto por la decisión judicial
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, dijo ayer que su obligación, convicción y compromiso adquirido con la Comunitad Valenciana y con España le harán seguir trabajando ahora y en los próximos años por la prosperidad del pueblo valenciano y por los españoles. En una declaración institucional realizada en el Palau de la Generalitat y hecha pública esta por el gabinete de prensa de la Conselleria de Presidencia, Camps se manifestó así después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana haya archivado la causa abierta contra él por un supuesto delito de cohecho en la investigación valenciana del caso Gürtel. Camps mostró su respeto por la decisión de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV.
Asimismo, expresó su agradecimiento a todas las personas que estos meses estuvieron a su lado, tanto en la Comunitad Valenciana como en toda España. Como presidente, he intentado y seguiré intentando hacer de la Comunitad Valenciana una comunidad de prosperidad y oportunidades, añadió Camps, quien reiteró su deseo de seguir trabajando para sus conciudadanos y sus compatriotas.
Francisco Camps, que ayer carecía de agenda oficial, llegó al Palau de la Generalitat en torno a las dos de la tarde, donde le aguardaban varios de sus consellers, y salió sobre las cuatro acompañado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Agradecimiento de Costa
Por su parte, el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, señaló que no es un día de reproches sino de respeto, de agradecimiento y de reconocimiento de que, al final, la Justicia siempre sale adelante.
Tras expresar su gratitud a las direcciones nacional y regional del partido por los apoyos recibidos, recomendó a algunas fuerzas políticas que reflexionen sobre el contenido del auto.
La Fiscalía Anticorrupción y el PSPV-PSOE, que ejerce la acusación popular, han anunciado ya que recurrirán esta resolución ante el Tribunal Supremo.
La Sala reconoce que tanto Camps como el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret podrían poseer diferentes prendas de vestir abonadas por Orange Market, empresa ligada a la trama Gürtel. Así lo dijo en su momento el juez instructor de la causa y así admite la Sala que podría haber ocurrido, aunque agrega que ninguna conclusión extraída de la fase de instrucción puede tener el grado de certeza, ya que no cabe descartar otras posibles versiones de los hechos, como las sostenidas por los imputados.
Argumentos
No obstante, el auto argumenta que no existe un nexo de causalidad entre estas dádivas o regalos que podrían haber recibido los cuatro imputados y las adjudicaciones de contratos públicos obtenidas por Orange Market, lo que a su juicio anula la existencia de delito.
El artículo 426 señala literalmente que la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses.
En este sentido, niega cual quier posibilidad de delito por parte de Costa, ya que desde su cargo de diputado autonómico no es capaz de influir para elaborar una ley que beneficie a la citada empresa -una hipótesis extravagante, califica el auto-, y su cargo político queda fuera de la función pública.
Respecto al resto de los imputados, los argumentos son similares. Según detalla, el ámbito de las funciones desempeñadas por Camps, Betoret y Campos no tienen por objeto la aprobación y adjudicación de los concretos actos de contratación que le fueron adjudicados a la sociedad Orange Market. No existe relación directa entre el pago de las prendas y los concretos actos de contratación realizados por las autoridades y funcionarios de cada uno de los organismos que decidieron la contratación de Orange Market, y tampoco hay constancia de que los agasajos fueran la causa determinante de esa concreta adjudicación.
El voto particular de Montero dice al respecto que no parece a este magistrado que ese tipo penal (el 426) tenga que requerir una relación de causalidad, por lo menos en los términos que en el auto se dice y respecto a los señores Camps, Campos y Betoret.
La resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, que no entrará en materia penal ni valorará nuevas pruebas, según confirmaron fuentes jurídicas, sino que se limitará a decidir si hay razones y datos suficientes para archivar o la causa, o por el contrario debe ser reabierto en el TSJCV.
Contrarios a derecho
La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que recurrirá el archivo de la causa ante el Supremo por entender que los argumentos de la Sala del TSJCV son contrarios a derecho y a la propia jurisprudencia del Supremo, además de improcedentes jurídicamente.
Además de archivar la causa, la Sala desestima los recursos de las acusaciones para que se imputara en esta misma causa a los supuestos cabecillas de la trama Gürtel, ya que consideraban que se debía enjuiciar en un mismo procedimiento la conducta de quienes aceptan los regalos y de quienes los ofrecen.
El PP pide que comparezca Conde-Pumpido
El secretario general del PP en el Congreso, José Luis Ayllón, aseguró ayer que el Gobierno de Zapatero es el de peor calidad democrática desde el final del franquismo, tras la decisión de la Fiscalía General del Estado de recurrir el archivo de la causa contra el presidente valenciano, Francisco Camps. Ayllón, que ha solicitado la comparecencia urgente del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se mostró sorprendido por la agilidad del Gobierno en pedir a la fiscalía que recurra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de archivar la demanda contra Camps.
Expresó que es muy poco edificante para la democracia que la calle esté llena de delincuentes y el fiscal general del Estado esté más preocupado en seguir las órdenes del Gobierno para perseguir al PP. Además, criticó el anuncio hecho por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha solicitado el recurso en un viaje a Costa Rica.
El presidente de Valencia muestra su respeto por la decisión judicial
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, dijo ayer que su obligación, convicción y compromiso adquirido con la Comunitad Valenciana y con España le harán seguir trabajando ahora y en los próximos años por la prosperidad del pueblo valenciano y por los españoles. En una declaración institucional realizada en el Palau de la Generalitat y hecha pública esta por el gabinete de prensa de la Conselleria de Presidencia, Camps se manifestó así después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana haya archivado la causa abierta contra él por un supuesto delito de cohecho en la investigación valenciana del caso Gürtel. Camps mostró su respeto por la decisión de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV.
Asimismo, expresó su agradecimiento a todas las personas que estos meses estuvieron a su lado, tanto en la Comunitad Valenciana como en toda España. Como presidente, he intentado y seguiré intentando hacer de la Comunitad Valenciana una comunidad de prosperidad y oportunidades, añadió Camps, quien reiteró su deseo de seguir trabajando para sus conciudadanos y sus compatriotas.
Francisco Camps, que ayer carecía de agenda oficial, llegó al Palau de la Generalitat en torno a las dos de la tarde, donde le aguardaban varios de sus consellers, y salió sobre las cuatro acompañado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Agradecimiento de Costa
Por su parte, el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, señaló que no es un día de reproches sino de respeto, de agradecimiento y de reconocimiento de que, al final, la Justicia siempre sale adelante.
Tras expresar su gratitud a las direcciones nacional y regional del partido por los apoyos recibidos, recomendó a algunas fuerzas políticas que reflexionen sobre el contenido del auto.
