La huelga sobrevenida de los controladores aéreos al inicio del Puente de la Constitución se ha convertido en el mayor órdago de insubordinación que le han echado al Gobierno, que se ha visto obligado a responder con una medida inédita en la historia democrática, como es la declaración del estado de alarma. Una decisión que ilustra la magnitud que ha alcanzado el conflicto, que ha cerrado el espacio aéreo español durante 20 horas, lo que ha tenido en jaque a todo el país y ha afectado a más de 600.000 pasajeros.
Veinte horas después del inicio de la crisis, los aeropuertos comenzaban a recobrar la normalidad, pero en el Palacio de la Moncloa seguía reunida la comisión delegada del Gobierno para situaciones de crisis, que presidió el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta el momento habían puesto la cara ante los medios el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el ministro de Fomento, José Blanco, con una ausencia de Zapatero de la primera línea que fue muy criticada por el PP.
Mientras la indignación crecía y se multiplicaba desde todos los ámbitos, los dos principales partidos políticos aprovecharon este conflicto para tirarse por enésima vez los trastos a la cabeza y enzarzarse en un durísimo cruce de acusaciones. Así, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, se ofrecía a 'intermediar' ante la 'incapacidad del Gobierno' para resolver el conflicto, y el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Gaspar Zarrías, le acusaba de ponerse 'al lado de presuntos delincuentes' en un 'ejercicio de obsceno oportunismo'.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
Pero la cosa no quedará ahí, porque en la tarde de ayer el PP aseguraba que el pasado martes advirtió al ministro de Fomento, José Blanco, de que en Galicia y en Canarias comenzaban a detectarse problemas cada vez más graves en el tráfico aéreo. La cerilla que prendió la crisis -porque la mecha estaba colocada hace tiempo- la puso la aprobación el viernes por parte del Consejo de Ministros de un real decreto que clarificaba el cómputo de las 1.670 horas laborales que como máximo pueden trabajar al año los controladores.
Un decreto que se esperaba desde agosto, cuando el sindicato de controladores Usca y Aena firmaron un preacuerdo sobre las condiciones laborales establecidas por el Ministerio de Fomento a cambio de flexibilizar la jornada laboral en función de la carga de trabajo de cada centro. Los controladores interpretaron ese decreto como una provocación y consensuaron un abandono masivo de sus puestos de trabajo, hasta el punto de que, a media tarde, Aena se viera abocada a cerrar todos los aeropuertos españoles.
Han sido veinte horas cargadas de situaciones insólitas, no sólo por el cierre del espacio aéreo, los miles de pasajeros amontonados y confusos en los aeropuertos, o el despliegue de miembros de la Unidad Militar de Emergencias en Barajas, sino también por las disposiciones que ha tenido que adoptar el Gobierno en su intento de restaurar la normalidad. Primero un real decreto, que el Rey sancionó desde Argentina, por el cual se encomendaba temporalmente al Ministerio de Defensa las facultades de control del tránsito aéreo atribuidas a Aena.
En la mañana de ayer, otro real decreto, en el que se declara, por primera vez en democracia, el estado de alarma en el país, por el que los controladores quedan 'movilizados' y pasan a depender de la jurisdicción militar. Bajo el apercibimiento de estar incurriendo en un delito de desobediencia tipificado en el código civil-militar, que puede conllevar penas de prisión, los controladores se fueron incorporando a sus lugares de trabajo y a las 16,00 horas se reabrió el tráfico aéreo. ¿Debería haber sido más precavido el Gobierno y no haber aprobado el decreto justo ahora? ¿Imaginaba el Ejecutivo la reacción de los controladores? Esas son algunas preguntas que sin duda darán que hablar en los próximos días, en los que se podrá calcular el coste y las consecuencias de esta protesta tanto en el exterior como en los mercados de valores.
Mientras la indignación crecía y se multiplicaba desde todos los ámbitos, los dos principales partidos políticos aprovecharon este conflicto para tirarse por enésima vez los trastos a la cabeza y enzarzarse en un durísimo cruce de acusaciones. Así, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, se ofrecía a 'intermediar' ante la 'incapacidad del Gobierno' para resolver el conflicto, y el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Gaspar Zarrías, le acusaba de ponerse 'al lado de presuntos delincuentes' en un 'ejercicio de obsceno oportunismo'.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
Pero la cosa no quedará ahí, porque en la tarde de ayer el PP aseguraba que el pasado martes advirtió al ministro de Fomento, José Blanco, de que en Galicia y en Canarias comenzaban a detectarse problemas cada vez más graves en el tráfico aéreo. La cerilla que prendió la crisis -porque la mecha estaba colocada hace tiempo- la puso la aprobación el viernes por parte del Consejo de Ministros de un real decreto que clarificaba el cómputo de las 1.670 horas laborales que como máximo pueden trabajar al año los controladores.
Un decreto que se esperaba desde agosto, cuando el sindicato de controladores Usca y Aena firmaron un preacuerdo sobre las condiciones laborales establecidas por el Ministerio de Fomento a cambio de flexibilizar la jornada laboral en función de la carga de trabajo de cada centro. Los controladores interpretaron ese decreto como una provocación y consensuaron un abandono masivo de sus puestos de trabajo, hasta el punto de que, a media tarde, Aena se viera abocada a cerrar todos los aeropuertos españoles.
Han sido veinte horas cargadas de situaciones insólitas, no sólo por el cierre del espacio aéreo, los miles de pasajeros amontonados y confusos en los aeropuertos, o el despliegue de miembros de la Unidad Militar de Emergencias en Barajas, sino también por las disposiciones que ha tenido que adoptar el Gobierno en su intento de restaurar la normalidad. Primero un real decreto, que el Rey sancionó desde Argentina, por el cual se encomendaba temporalmente al Ministerio de Defensa las facultades de control del tránsito aéreo atribuidas a Aena.
En la mañana de ayer, otro real decreto, en el que se declara, por primera vez en democracia, el estado de alarma en el país, por el que los controladores quedan 'movilizados' y pasan a depender de la jurisdicción militar. Bajo el apercibimiento de estar incurriendo en un delito de desobediencia tipificado en el código civil-militar, que puede conllevar penas de prisión, los controladores se fueron incorporando a sus lugares de trabajo y a las 16,00 horas se reabrió el tráfico aéreo. ¿Debería haber sido más precavido el Gobierno y no haber aprobado el decreto justo ahora? ¿Imaginaba el Ejecutivo la reacción de los controladores? Esas son algunas preguntas que sin duda darán que hablar en los próximos días, en los que se podrá calcular el coste y las consecuencias de esta protesta tanto en el exterior como en los mercados de valores.
