La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza e impuso una fianza de 2,3 millones de euros en concepto de responsabilidad civil al exchófer del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, que aseguró que destinó cerca de un millón de euros de las ayudas recibidas a comprar cocaína.
La decisión de la magistrada, que se dio a conocer pasadas las 2,00 horas de ayer, se produjo después de que la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones -PP, Junta y Manos Limpias- solicitaran el ingreso en la cárcel de Juan Francisco Trujillo, argumentando para ello el riesgo de fuga, la gravedad de los hechos, pues sólo por el delito de malversación podría ser condenado hasta a 12 años de cárcel, y la posibilidad de que pueda entorpercer el curso de la investigación.
La magistrada imputa hasta 22 delitos a Juan Francisco Trujillo, entre ellos, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho, así como delitos de obtención indebida de ayudas públicas, falsedad en documento oficial, y falsedad en documento mercantil.
Tras la declaración la juez considera 'que los delitos podrían incluso aumentar con el desarrollo de la investigación', mientras que el abogado del imputado criticó el 'fuego graneado' al que se sometió a su defendido, advirtiendo de que algunos de estos delitos podrían haber prescrito y confiando en que el proceso se aleje del 'tufillo político' que 'se le pretende imponer'.
La magistrada imputa hasta 22 delitos a Juan Francisco Trujillo, entre ellos, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho, así como delitos de obtención indebida de ayudas públicas, falsedad en documento oficial, y falsedad en documento mercantil.
Tras la declaración la juez considera 'que los delitos podrían incluso aumentar con el desarrollo de la investigación', mientras que el abogado del imputado criticó el 'fuego graneado' al que se sometió a su defendido, advirtiendo de que algunos de estos delitos podrían haber prescrito y confiando en que el proceso se aleje del 'tufillo político' que 'se le pretende imponer'.
