El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer que no se siente amenazado por lo que pueda revelar el extesorero del PP Luis Bárcenas, en prisión desde el jueves, expresó su respeto por la decisión judicial y pidió a la Justicia que actúe con celeridad.
Un día después de que el juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ordenase el ingreso en prisión de Bárcenas se sucedieron las reacciones políticas a esta decisión.
Desde Bruselas, donde asistió al Consejo Europeo, Rajoy negó sentirse amenazado por lo que pueda contar Bárcenas y, al ser preguntado sobre si se siente atemorizado por lo que el extesorero del PP pueda decir, subrayó en declaraciones a los medios: 'No, ni ahora ni en ningún otro momento eso se ha producido'. En respuesta a otra pregunta, garantizó la estabilidad tanto del Gobierno como del Partido Popular. 'Eso, desde luego. Nadie las ha puesto en tela de juicio', precisó antes de agregar: 'Colaboraremos en todo lo que pida la Justicia y esperemos que ésta actúe con celeridad'.
La misma línea es la que siguieron tanto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Santamaría, en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, dijo que el Ejecutivo respeta 'cualquier decisión judicial' y que, como en todos los procesos, lo que espera es que los tribunales 'investiguen todo lo que tengan que investigar' para esclarecer la verdad y que lo hagan con agilidad.
OPOSICIÓN EN BLOQUE
Cospedal, que asistió a la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil de El Casar (Guadalajara), apostilló además que su partido colaboró con la Justicia como no lo han hecho otros.
Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, manifestó que 'cada uno debe asumir la responsabilidad que le corresponde' y confió en que 'se clarifiquen las cosas' y que 'se llegue hasta el fondo'.
La oposición en bloque coincidió en exigir explicaciones al PP y a Rajoy, en calidad de presidente del PP, por estos hechos. Así, la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, aseveró que Rajoy debe dar una explicación 'a todos los españoles' sobre la presunta financiación irregular del PP y del cobro de sobresueldos por parte del altos cargos de este partido.
Fue un poco más lejos el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, al exigir la dimisión de Rajoy y de los máximos dirigentes del PP por haber 'mentido' sobre la relación del extesorero. Para el lehendakari, Íñigo Urkullu, Bárcenas representa 'lo más rastrero' de lo que debería ser el servicio público de la política.
El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, que evitó polemizar con el PP por el encarcelamiento de Bárcenas, pidió explicaciones al partido de Mariano Rajoy.
En el mismo orden de cosas, la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, exigió autocrítica al presidente del Gobierno, y advirtió del daño que estos hechos provocan en la imagen de España. En Oviedo, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, consideró que el encarcelamiento de Bárcenas es 'una medida ciertamente severa, pero absolutamente coherente', y negó de forma tajante que se haya actuado por indicación del Gobierno. Según sus palabras, la petición de prisión incondicional para Bárcenas 'no significa un cambio' de criterio del ministerio público 'sino sencillamente el aquilatamiento por acumulación de una serie de indicios'.
Desde Bruselas, donde asistió al Consejo Europeo, Rajoy negó sentirse amenazado por lo que pueda contar Bárcenas y, al ser preguntado sobre si se siente atemorizado por lo que el extesorero del PP pueda decir, subrayó en declaraciones a los medios: 'No, ni ahora ni en ningún otro momento eso se ha producido'. En respuesta a otra pregunta, garantizó la estabilidad tanto del Gobierno como del Partido Popular. 'Eso, desde luego. Nadie las ha puesto en tela de juicio', precisó antes de agregar: 'Colaboraremos en todo lo que pida la Justicia y esperemos que ésta actúe con celeridad'.
La misma línea es la que siguieron tanto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Santamaría, en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, dijo que el Ejecutivo respeta 'cualquier decisión judicial' y que, como en todos los procesos, lo que espera es que los tribunales 'investiguen todo lo que tengan que investigar' para esclarecer la verdad y que lo hagan con agilidad.
OPOSICIÓN EN BLOQUE
Cospedal, que asistió a la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil de El Casar (Guadalajara), apostilló además que su partido colaboró con la Justicia como no lo han hecho otros.
Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, manifestó que 'cada uno debe asumir la responsabilidad que le corresponde' y confió en que 'se clarifiquen las cosas' y que 'se llegue hasta el fondo'.
La oposición en bloque coincidió en exigir explicaciones al PP y a Rajoy, en calidad de presidente del PP, por estos hechos. Así, la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, aseveró que Rajoy debe dar una explicación 'a todos los españoles' sobre la presunta financiación irregular del PP y del cobro de sobresueldos por parte del altos cargos de este partido.
Fue un poco más lejos el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, al exigir la dimisión de Rajoy y de los máximos dirigentes del PP por haber 'mentido' sobre la relación del extesorero. Para el lehendakari, Íñigo Urkullu, Bárcenas representa 'lo más rastrero' de lo que debería ser el servicio público de la política.
El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, que evitó polemizar con el PP por el encarcelamiento de Bárcenas, pidió explicaciones al partido de Mariano Rajoy.
En el mismo orden de cosas, la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, exigió autocrítica al presidente del Gobierno, y advirtió del daño que estos hechos provocan en la imagen de España. En Oviedo, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, consideró que el encarcelamiento de Bárcenas es 'una medida ciertamente severa, pero absolutamente coherente', y negó de forma tajante que se haya actuado por indicación del Gobierno. Según sus palabras, la petición de prisión incondicional para Bárcenas 'no significa un cambio' de criterio del ministerio público 'sino sencillamente el aquilatamiento por acumulación de una serie de indicios'.
