El Consejo de Ministros limitó ayer a 105.000 euros anuales el sueldo base de directivos de grandes empresas públicas , al que se añadirá una variable por objetivos. La portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó en rueda de prensa que con este real decreto los directivos de empresas medianas cobrarán como máximo un sueldo básico de 80.000 euros al año y las de menor dimensión 55.000.
El porcentaje medio de bajada estará entre un 25 y un 30 %, pero podrá llegar a 35 % en las empresas públicas más pequeñas. La retribución será así 'sensiblemente menor' que en la empresa privada, pero 'razonable y suficiente' para el sector público, según el criterio del Gobierno.
Al sueldo base se añadirá un complemento de puesto además de una variable ligada al cumplimiento de los objetivos de la entidad, con un límite máximo que fijará el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que todavía no fue determinado.
'Por primera vez' esta variable estará estrictamente ligada al cumplimiento de dichos objetivos y por tanto 'podrá perfectamente no ser cobrada', advirtió la vicepresidenta del Gobierno.
'Buscamos un equilibrio para garantizar que las empresas estarán dirigidas por personas de la suficiente solvencia, pero siempre teniendo muy presente que las cantidades que se conocen hoy no pueden sostenerse para el sector público. Son tiempos de austeridad', recalcó la vicepresidenta.Para primar los criterios de transparencia, se establece la obligación de que todas las retribuciones se conozcan públicamente.
REDUCCIÓN DE CONSEJEROS
Por otro lado, el real decreto también contempla la reducción de un centenar de consejeros del sector público empresarial, y limita a quince consejeros el número máximo que podrán tener las empresas públicas de mayor tamaño. Las empresas medianas no podrán contar con más de doce directivos y las más pequeñas, con un máximo de nueve. Como ejemplos del resultado de estas medidas, Sáenz de Santamaría mencionó que dentro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la retribución fija es de 200.600 euros anuales, con lo que la bajada será del 27 %.
Dentro de esta estructura, el consejero delegado de Navantia cobrará un 28 % menos, mientras que el de Hunosa bajará su retribución anual del 23 %, ejemplificó la vicepresidenta. También sufre los recortes la empresa Tragsa que tiene en la actualidad veintidós consejeros, y que quedan reducidos a quince. No obstante, la portavoz del Gobierno no quiso especificar el ajuste del gasto al ser preguntada por el ahorro que supondrá la entrada en vigor de la medida. Sí dijo que supondrá al menos un ahorro de un millón de euros solo en concepto de dietas. En cualquier caso, indicó que con este real decreto el Ejecutivo pretende potenciar tres principios fundamentales: la transparencia, la homologación de criterios a la hora de fijar las retribuciones y los límites a dichas retribuciones.
PRESIDENTE RTVE
El Gobierno se marcó como una prioridad el nombramiento de un presidente de RTVE y la renovación del Consejo de Administración para que puedan ejecutar 'de manera ordenada' el recorte de 204 millones de euros dictado por el Ejecutivo a los presupuestos de la pública para este año.
En este sentido, la vicepresidenta subrayó que el futuro presidente 'tiene cosas importantes que hacer', como la aprobación de las cuentas anuales, que, a su juicio, así como 'llevar a cabo de una manera ordenada el acuerdo de no disponibilidad que afecta a todo el ámbito de la administración pública'.
Al sueldo base se añadirá un complemento de puesto además de una variable ligada al cumplimiento de los objetivos de la entidad, con un límite máximo que fijará el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que todavía no fue determinado.
'Por primera vez' esta variable estará estrictamente ligada al cumplimiento de dichos objetivos y por tanto 'podrá perfectamente no ser cobrada', advirtió la vicepresidenta del Gobierno.
'Buscamos un equilibrio para garantizar que las empresas estarán dirigidas por personas de la suficiente solvencia, pero siempre teniendo muy presente que las cantidades que se conocen hoy no pueden sostenerse para el sector público. Son tiempos de austeridad', recalcó la vicepresidenta.Para primar los criterios de transparencia, se establece la obligación de que todas las retribuciones se conozcan públicamente.
REDUCCIÓN DE CONSEJEROS
Por otro lado, el real decreto también contempla la reducción de un centenar de consejeros del sector público empresarial, y limita a quince consejeros el número máximo que podrán tener las empresas públicas de mayor tamaño. Las empresas medianas no podrán contar con más de doce directivos y las más pequeñas, con un máximo de nueve. Como ejemplos del resultado de estas medidas, Sáenz de Santamaría mencionó que dentro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la retribución fija es de 200.600 euros anuales, con lo que la bajada será del 27 %.
Dentro de esta estructura, el consejero delegado de Navantia cobrará un 28 % menos, mientras que el de Hunosa bajará su retribución anual del 23 %, ejemplificó la vicepresidenta. También sufre los recortes la empresa Tragsa que tiene en la actualidad veintidós consejeros, y que quedan reducidos a quince. No obstante, la portavoz del Gobierno no quiso especificar el ajuste del gasto al ser preguntada por el ahorro que supondrá la entrada en vigor de la medida. Sí dijo que supondrá al menos un ahorro de un millón de euros solo en concepto de dietas. En cualquier caso, indicó que con este real decreto el Ejecutivo pretende potenciar tres principios fundamentales: la transparencia, la homologación de criterios a la hora de fijar las retribuciones y los límites a dichas retribuciones.
PRESIDENTE RTVE
El Gobierno se marcó como una prioridad el nombramiento de un presidente de RTVE y la renovación del Consejo de Administración para que puedan ejecutar 'de manera ordenada' el recorte de 204 millones de euros dictado por el Ejecutivo a los presupuestos de la pública para este año.
En este sentido, la vicepresidenta subrayó que el futuro presidente 'tiene cosas importantes que hacer', como la aprobación de las cuentas anuales, que, a su juicio, así como 'llevar a cabo de una manera ordenada el acuerdo de no disponibilidad que afecta a todo el ámbito de la administración pública'.
