Cabe preguntarse si la recuperación es fruto de la flexibilidad laboral o se basa en otros condicionantes externos
En este artículo pretendemos ofrecer una visión alternativa a la que sostienen actualmente los economistas del establishment, sobre la mal entendida flexibilidad laboral o devaluación interna. Nuestra visión comparte lo postulado por Keynes, en el sentido de que la disminución de los salarios no necesariamente tiene por qué llevar a un incremento de la demanda de factor trabajo, dada su repercusión en el ahorro, y por consiguiente, en la caída de la inversión y el consumo, lo que desembocaría en una menor demanda de trabajo. De hecho, en una economía altamente globalizada, la competitividad exterior vía salarios bajos puede llevar a efectos de suma cero, por lo menos a medio plazo.
El significado de flexibilidad laboral en el período económico expansivo se relacionaba con la mejora de calidad de vida de las personas a través de fórmulas como conciliación laboral y familiar, teletrabajo,… Sin embargo, como otros muchos términos cambian de significado durante la crisis, pasando a utilizarse como sinónimo de devaluación interna para endulzar la desprotección o recorte de derechos laborales del trabajador, que afectarían a retribuciones, contratación, condiciones de laborales y despido. El efecto sería, en definitiva, un recorte de salarios reales (descuelgue, desindexación,…) y una mayor inseguridad laboral (derivada de temporalidad, parcialidad, movilidad funcional y geográfica, inseguridad jurídica, laxitud en el despido…)
La flexibilidad laboral, como sinónimo de recorte de derechos del trabajador, es una de las reformas estructurales establecidas y exigidas por la UE y FMI para hacer frente a la crisis económica, sobre todo, en los países del sur de Europa. Los objetivos teóricos perseguidos por esta política serían: 1) ganar competitividad, a través del incremento de la productividad y competitividad exterior; 2) contener la destrucción de empleo: reduciendo los costes de las empresas y actuando como estímulo a la contratación; y por último, 3) generar las condiciones que actúen como acicate para atraer inversión extranjera. Sin embargo, se infravaloran, o simplemente, no se contemplan otros posibles efectos contraproducentes en los siguientes apartados: 1) el consumo, como consecuencia tanto de unas peores condiciones económicas como de una mayor incertidumbre; 2) el ahorro, motivado por la bajada de rentas en la clase media afectando así a la capacidad de pago de sociedades altamente endeudadas, caso de España, y reduciendo también, por tanto, las alternativas de nuevos proyectos de inversión; 3) en la seguridad social, dado que las menores bases de cotización dificultan la sostenibilidad del sistema; 4) a nivel social, al multiplicarse la precariedad, la desigualdad, el empobrecimiento y la exclusión social. Aspectos que inciden en la calidad de vida y que por lo tanto deberían de primar como fin sobre el medio. A pesar de todo esto, seguramente muchos sigan considerando esta política como necesaria, pero la realidad es que los estímulos han funcionado en el pasado si se orientan a la economía productiva y no a la especulativa.
En España, en los años 2010 y 2012 se llevaron a cabo sendas reformas laborales a fin de dotar a las empresas de flexibilidad interna. Ambas incidían en rebajar el coste del despido, la del 2010 bajo determinados condicionantes y la del 2012 de forma generalizada. Además, la reforma laboral del 2012 establece la posibilidad de descuelgue en materia de negociación colectiva, nuevas formas de contrato precario y la reducción salarial unilateral por parte de la empresa por diversas razones (económicas, técnicas, organizativas y productivas). Recientemente, tanto desde la UE como desde la patronal y el Banco de España se ha vuelto a pedir al gobierno medidas encaminadas a dotar al mercado laboral de mayor flexibilidad salarial. Destacan, en su demanda, la rigidez que supone la negociación colectiva y establecimiento de salarios mínimos. En definitiva, como actualmente ya existe la posibilidad de celebrar convenios sectoriales y en el ámbito de la empresa, parece que el objetivo es someter totalmente la relación laboral del trabajador a las peores condiciones que pueda establecer el empresario. Por el contrario, otros organismos internacionales, como la OIT o la OCDE, reclaman subidas salariales a fin de recuperar la demanda interna.
Pudiera parecer que no procede cuestionarse la flexibilización laboral con el actual cuadro macroeconómico de la economía española, a partir de estimaciones de crecimiento del PIB en torno al 3% y creación de 500.000 puestos de trabajo para el ejercicio en curso. Llegados a este extremo nos preguntamos: ¿en qué ha cambiado el tejido productivo para alcanzar semejante velocidad de crucero?. ¿Estamos ante una realidad o un espejismo circunstancial?. ¿Tal recuperación es fruto flexibilidad laboral u otros condicionantes externos?. ¿Cómo a tal ritmo de creación de empleo la tasa paro se mantendrá por encima del 20% hasta el 2020, según la OIT?. ¿De qué calidad son los empleos creados?. Son todas interrogantes que surgen y que posiblemente ya tengan respuestas para todas y cada una de ellas, pero a nosotros nos llevan a cuestionar los beneficios de la flexibilización laboral.
Si analizamos los datos de la EPA para el período 2009-2015, observamos que, tanto la evolución del número de parados como de ocupados confirman que ambas reformas laborales aceleraron la destrucción de empleo, sobre todo la de 2012, aprobada en febrero. El número de parados en la serie alcanza su pico en el primer trimestre del 2013, con 6.278.000; siendo 2012 el año en que más empleo se destruye, en concreto, el número de ocupados se reduce entre el cuarto trimestre del 2011 y el cuarto trimestre de 2012 en 813.600 personas. Estos resultados sugieren que la flexibilización laboral fue aprovechada para reestructurar plantillas. El número de ocupados a final del primer trimestre de 2015 es inferior en 310.300 personas al del primer trimestre de 2012.
En cuanto al recorte salarial en España, los datos difieren de forma importante para trabajadores temporales y fijos, además de para las distintas categoría y sectores; de media la caída de renta acumulada de salarios entre el año 2012 y 2013 ronda el 7%, según datos INE.
En conclusión, la flexibilidad laboral en España ha contribuido, por lo menos en sus etapas iniciales, a la destrucción de empleo y a la caída de los salarios, afectando está última a los diferentes colectivos de manera dispar, lo que ha contribuido al aumento de la desigualdad.
