Los abogados de Santiago son contrarios a habilitar los juzgados en el mes de agosto

El Colegio de Abogados de Santiago considera que la propuesta realizada recientemente por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de habilitar el mes de agosto 'empeoraría el funcionamiento de los juzgados', ya que, a su entender, quedarían 'a medio gas' los tres meses de verano.
El decano de los letrados compostelanos y adjunto a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Evaristo Nogueira, ha opinado que el atraso de la Justicia en España 'no se va a resolver' con un mes de agosto que cuenta con 20 días hábiles, 'pues no producirá ningún avance en el funcionamiento de los juzgados y sí permitiría que jueces y funcionarios se tomen vacaciones en otros meses, lo que empeoraría la situación'. 'Perjudicaría a los profesionales del Derecho, y no es la solución para agilizar los procedimientos', aseguró Nogueira.

'La vigente inhabilitación de agosto', recuerda el decano compostelano, 'opera sólo en el ámbito civil y contencioso-administrativo, ya que todo el mes es hábil para tramitar asuntos laborales y de instrucción penal; también durante los 365 días del año los abogados del turno de oficio atienden cualquier asunto'.

Asimismo, sobre el caso de su ámbito como decano, ha explicado que 'hay numerosos despachos unipersonales, sobre todo de abogados jóvenes' a los cuales esta propuesta 'les impediría tener descanso en todo el año'.

Para los abogados compostelanos, existen otras formas más efectivas de reducir dilaciones en los procedimientos judiciales, como 'la adecuada informatización de los tribunales y el aumento del número de jueces y funcionarios, así como la potenciación de la mediación y el arbitraje'.

Así las cosas, Evaristo Nogueira ha afirmado que los abogados entienden que para que las medidas sean eficaces y alivien el atasco endémico que padece la Administración de Justicia, 'deben concretarse y ser fruto del debate, el consenso y el pacto entre todos los operadores jurídicos y las Administraciones Públicas', como paso previo 'al tan demandado e imprescindible Pacto de Estado por la Justicia'.

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