Un grupo de agentes de Vigilancia Aduanera regresó ayer al Ayuntamiento de Lugo, por orden de la juez instructora de la Operación Pokemon, Pilar de Lara, y recopiló datos en los ordenadores de diversos servicios municipales, según informó a los medios de comunicación el propio gobierno local. Otras fuentes consultadas indicaron que los agentes estuvieron en diferentes dependencias de la Casa Consistorial, como en el área de Alcaldía, en el local del grupo municipal socialista o en el área de Personal, así como en el edificio administrativo del Ayuntamiento de Lugo y en el Gabinete de Tráfico de la Policía Local.
Según esas mismas fuentes, la comitiva estaba encabezada por la secretaria del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo y, entre los agentes de Vigilancia Aduanera que se desplazaron hasta el ayuntamiento, había varios expertos en informática que volcaron archivos de los ordenadores analizados.
Al estar el alcalde, el socialista José López Orozco, fuera de la ciudad, fue el regidor accidental y portavoz del grupo socialista, Luis Álvarez, el que se dirigió a los medios de comunicación para informar de que se estaba produciendo ese nuevo registro y de que la junta de gobierno local, que tenía que celebrarse ayer, quedaba definitivamente aplazada hasta hoy.
SECRETO SUMARIAL PRORROGADO
Coincidiendo con esta nueva actuación, la juez Pilar de Lara volvió a prorrogar el secreto de sumario de la Ooperación Pokemon, una investigación destinada a aclarar una supuesta trama de contratos y concesiones públicas en varias administraciones gallegas a base de presuntos sobornos. Fuentes jurídicas consultadas confirmaron que la juez instructora prorrogó el secreto de sumario mediante un auto firmado el pasado 18 de abril, que fue notificado a las partes.
Más de una treintena de personas han sido imputadas ya en esta operación, que trascendió a la opinión pública en la última semana de septiembre pasado, cuando la juez ordenó detener a varios empresarios y a los entonces alcaldes de Ourense Francisco Rodríguez y de Boqueixón (A Coruña) Adolfo Gacio.
En la primera fase de esa operación también fue detenido el entonces presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y concejal de Economía y Urbanismo de Lugo Francisco Fernández Liñares. Posteriormente, fueron imputados también, por supuesto tráfico de influencias, los regidores locales de Lugo, José López Orozco, y el de Santiago de Compostela, Ángel Curras, que fueron puestos en libertad sin medidas cautelares tras prestar declaración.
El alcalde accidental del Lugo señaló también que él mismo y el secretario municipal se pusieron a 'disposición' de los agentes para 'dar todo tipo de facilidades', aunque no quiso aclarar en qué dependencias se estaba produciendo el registro, por un 'principio elemental de prudencia', dado que 'todas las actuaciones relativas a esta instrucción' están 'bajo secreto de sumario'.
Confirmó, en todo caso, que la actividad administrativa del Ayuntamiento siguió 'con absoluta normalidad' a lo largo de la mañana.
Al estar el alcalde, el socialista José López Orozco, fuera de la ciudad, fue el regidor accidental y portavoz del grupo socialista, Luis Álvarez, el que se dirigió a los medios de comunicación para informar de que se estaba produciendo ese nuevo registro y de que la junta de gobierno local, que tenía que celebrarse ayer, quedaba definitivamente aplazada hasta hoy.
SECRETO SUMARIAL PRORROGADO
Coincidiendo con esta nueva actuación, la juez Pilar de Lara volvió a prorrogar el secreto de sumario de la Ooperación Pokemon, una investigación destinada a aclarar una supuesta trama de contratos y concesiones públicas en varias administraciones gallegas a base de presuntos sobornos. Fuentes jurídicas consultadas confirmaron que la juez instructora prorrogó el secreto de sumario mediante un auto firmado el pasado 18 de abril, que fue notificado a las partes.
Más de una treintena de personas han sido imputadas ya en esta operación, que trascendió a la opinión pública en la última semana de septiembre pasado, cuando la juez ordenó detener a varios empresarios y a los entonces alcaldes de Ourense Francisco Rodríguez y de Boqueixón (A Coruña) Adolfo Gacio.
En la primera fase de esa operación también fue detenido el entonces presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y concejal de Economía y Urbanismo de Lugo Francisco Fernández Liñares. Posteriormente, fueron imputados también, por supuesto tráfico de influencias, los regidores locales de Lugo, José López Orozco, y el de Santiago de Compostela, Ángel Curras, que fueron puestos en libertad sin medidas cautelares tras prestar declaración.
El alcalde accidental del Lugo señaló también que él mismo y el secretario municipal se pusieron a 'disposición' de los agentes para 'dar todo tipo de facilidades', aunque no quiso aclarar en qué dependencias se estaba produciendo el registro, por un 'principio elemental de prudencia', dado que 'todas las actuaciones relativas a esta instrucción' están 'bajo secreto de sumario'.
Confirmó, en todo caso, que la actividad administrativa del Ayuntamiento siguió 'con absoluta normalidad' a lo largo de la mañana.
