Galicia y Andalucía son las dos comunidades autónomas con mayor índice de transparencia, según un estudio de la organización Transparencia Internacional España (IT), que sitúa a Cantabria a la cola de este ránking.
El informe, presentado ayer, trata de medir, a través de 80 indicadores el nivel de transparencia de las 17 comunidades autónomas que, en su conjunto, obtienen un 'aprobado' -valoración superior a 50 sobre 100- lo que significa que todas ellas han hecho un 'esfuerzo a nivel informativo', según destaca IT-España. Junto a Galicia y Andalucía, ambas con 87,5 puntos, se sitúa La Rioja (83,3), Cataluña (82,5), Extremadura (81,3) y Madrid y Navarra (ambas con 80).
Los diez primeros puestos los completan Castilla y León (73,8), Aragón y Murcia, estas dos últimas con 70 puntos. Todas estas regiones recibieron una valoración de 'notable', según destaca Transparencia Internacional-España. Las comunidades menos transparentes son, junto a Cantabria (53,8), Valencia y Baleares, con 56,3 puntos en ambos casos.
Los responsables del estudio resaltaron ayer el nivel de colaboración prestado por los Gobiernos de todas las comunidades y quisieron dejar claro que se trata de un índice de transparencia, no de corrupción, porque lo que se mide es el nivel de información que ofrecen las distintas administraciones públicas. 'Determinar el grado de corrupción de las comunidades compete a las Fuerzas de Seguridad', señaló el director general de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, Jesús Sánchez Lambás.
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Por su parte, el patrono vitalicio de esta Fundación, Antonio Garrigues, resaltó que a mayor transparencia más dificultad para que haya corrupción, de ahí la importancia de estudio. Garrigues aprovechó, además, la presentación del informe para pedir una Ley de acceso a la información pública en España, uno de los pocos países junto a Grecia que carecen de ella, porque 'los ciudadanos tiene derecho a exigir transparencia de sus administraciones'. Según TI-España, se puede considerar alto el nivel de transparencia mostrado por el conjunto de las autonomías, ya que la calificación media global ha sido de 71,5 puntos.
El estudio se dividió en diferentes áreas y se midió la transparencia económico-financiera, las relaciones con los ciudadanos y la sociedad y la transparencia en materias en ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas. El capítulo en el que las regiones tuvieron peor puntuación fue el económico-financiero, con una media que roza el aprobado (48,8 puntos), lo que la sitúa como la 'asignatura pendiente' de las administración autonómica.
Los diez primeros puestos los completan Castilla y León (73,8), Aragón y Murcia, estas dos últimas con 70 puntos. Todas estas regiones recibieron una valoración de 'notable', según destaca Transparencia Internacional-España. Las comunidades menos transparentes son, junto a Cantabria (53,8), Valencia y Baleares, con 56,3 puntos en ambos casos.
Los responsables del estudio resaltaron ayer el nivel de colaboración prestado por los Gobiernos de todas las comunidades y quisieron dejar claro que se trata de un índice de transparencia, no de corrupción, porque lo que se mide es el nivel de información que ofrecen las distintas administraciones públicas. 'Determinar el grado de corrupción de las comunidades compete a las Fuerzas de Seguridad', señaló el director general de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, Jesús Sánchez Lambás.
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Por su parte, el patrono vitalicio de esta Fundación, Antonio Garrigues, resaltó que a mayor transparencia más dificultad para que haya corrupción, de ahí la importancia de estudio. Garrigues aprovechó, además, la presentación del informe para pedir una Ley de acceso a la información pública en España, uno de los pocos países junto a Grecia que carecen de ella, porque 'los ciudadanos tiene derecho a exigir transparencia de sus administraciones'. Según TI-España, se puede considerar alto el nivel de transparencia mostrado por el conjunto de las autonomías, ya que la calificación media global ha sido de 71,5 puntos.
El estudio se dividió en diferentes áreas y se midió la transparencia económico-financiera, las relaciones con los ciudadanos y la sociedad y la transparencia en materias en ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas. El capítulo en el que las regiones tuvieron peor puntuación fue el económico-financiero, con una media que roza el aprobado (48,8 puntos), lo que la sitúa como la 'asignatura pendiente' de las administración autonómica.
