La Audiencia Provincial de Pontevedra ha revocado la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de la ciudad, que había condenado a tres sindicalistas por una presunta coacción a trabajadores de un supermercado para que secundasen una huelga en noviembre de 2009.
La sentencia cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional para recordar que los piquetes son legales, y que no todos los excesos en sus actuaciones son necesariamente delictivos.
La resolución recuerda los hechos que considera probados, la llegada de tres sindicalistas -dos de CIG y uno de CC OO- a la puerta de un supermercado conminando a los trabajadores a que cerrasen, y advirtiendo de que detrás vendrían otros e 'iba a ser peor'.
Los magistrados consideran que no se puede probar que los tres condenados estuviesen concertados con el grupo que llegó más tarde, y que rompió la verja que los trabajadores ya habían echado.
La Audiencia admite que hubo un 'exceso' en la actuación de los piquetes, pero razona que 'entre el exceso en el ejercicio del derecho fundamental y su punición conforme al más grave reproche que tipifica el precepto penal aplicado, existen otros ámbitos de reproche, o tipificaciones penales más benévolas que aquí no fueron planteadas'.
'Es cierto que produjo el efecto de que las trabajadoras cerraran las verjas del supermercado, pero también lo es que en ese contexto de tensión y conflicto, la sola presencia de piquetes por el exterior también lo había producido, pues como afirmaron las trabajadoras, a lo largo del día cerraban cuando se acercaban los piquetes por medio y cuando se iban volvían a abrir (...) La presión moral ejercida no puede conformar el delito por el que los recurrentes han sido condenados'.
La sentencia provocó amplias protestas en el mundo sindical, la última una huelga de hambre rotatoria -cada 48 horas cambiaban- que llevaban a cabo por parejas en una carpa levantada ante la sede de la Audiencia.
En los últimos días los huelguistas recibieron muestras de apoyo de los tres sindicatos y de políticos del BNG y AGE, así como de figuras del mundo de la cultura, como el actor Luis Tosar.
La resolución recuerda los hechos que considera probados, la llegada de tres sindicalistas -dos de CIG y uno de CC OO- a la puerta de un supermercado conminando a los trabajadores a que cerrasen, y advirtiendo de que detrás vendrían otros e 'iba a ser peor'.
Los magistrados consideran que no se puede probar que los tres condenados estuviesen concertados con el grupo que llegó más tarde, y que rompió la verja que los trabajadores ya habían echado.
La Audiencia admite que hubo un 'exceso' en la actuación de los piquetes, pero razona que 'entre el exceso en el ejercicio del derecho fundamental y su punición conforme al más grave reproche que tipifica el precepto penal aplicado, existen otros ámbitos de reproche, o tipificaciones penales más benévolas que aquí no fueron planteadas'.
'Es cierto que produjo el efecto de que las trabajadoras cerraran las verjas del supermercado, pero también lo es que en ese contexto de tensión y conflicto, la sola presencia de piquetes por el exterior también lo había producido, pues como afirmaron las trabajadoras, a lo largo del día cerraban cuando se acercaban los piquetes por medio y cuando se iban volvían a abrir (...) La presión moral ejercida no puede conformar el delito por el que los recurrentes han sido condenados'.
La sentencia provocó amplias protestas en el mundo sindical, la última una huelga de hambre rotatoria -cada 48 horas cambiaban- que llevaban a cabo por parejas en una carpa levantada ante la sede de la Audiencia.
En los últimos días los huelguistas recibieron muestras de apoyo de los tres sindicatos y de políticos del BNG y AGE, así como de figuras del mundo de la cultura, como el actor Luis Tosar.
