Aurelia Rey, la mujer de 85 años cuyo desahucio fue paralizado en dos ocasiones el pasado mes de febrero gracias a la movilización ciudadana, cuenta ya con su nuevo piso de alquiler social de la Xunta. La octogenaria firmó en la mañana de ayer el contrato de la vivienda y a continuación se dispuso a realizar la mudanza a su nuevo domicilio ubicado en el barrio de Eirís.
El traslado de Aurelia debía haberse realizado el pasado día 30 de abril pero un retraso en la tramitación retrasó el mismo hasta ayer con la autorización de los propietarios del inmueble, señaló el abogado Antonio Vázquez. Una vez firmado el contrato de alquiler social, Aurelia Rey puede tramitar ya el alta en los suministros básicos de la vivienda para instalarse en ella inmediatamente.
REVUELO SOCIAL
Su traslado a un piso de alquiler social de la Xunta fue la solución alcanzada para un caso que causó un gran revuelo social el pasado mes de febrero cuando la movilización ciudadana logró paralizar por dos veces el desahucio de la octogenaria. Vázquez calificó de 'éxito' el proceso al haber encontrado una 'solución negociada' que evitó el 'lanzamiento' de Aurelia y granjeó a la anciana una alternativa menos 'traumática'.
Ordenado por sentencia firme tras retrasarse en dos ocasiones en 14 años -la primera en 1999, la segunda en 2011- en el pago de la mensualidad, de 126 euros, la presión ciudadana, capitaneada por la asociación Stop Desahucios, impidió la marcha forzada de su vivienda. Con posterioridad, rechazó dos pisos de alquiler ofrecidos por la Xunta, por quedar muy lejos de su actual entorno social.
La mujer, sin hijos, y con los familiares más próximos viviendo en Buenos Aires, vive con una pensión de 400 euros.
REVUELO SOCIAL
Su traslado a un piso de alquiler social de la Xunta fue la solución alcanzada para un caso que causó un gran revuelo social el pasado mes de febrero cuando la movilización ciudadana logró paralizar por dos veces el desahucio de la octogenaria. Vázquez calificó de 'éxito' el proceso al haber encontrado una 'solución negociada' que evitó el 'lanzamiento' de Aurelia y granjeó a la anciana una alternativa menos 'traumática'.
Ordenado por sentencia firme tras retrasarse en dos ocasiones en 14 años -la primera en 1999, la segunda en 2011- en el pago de la mensualidad, de 126 euros, la presión ciudadana, capitaneada por la asociación Stop Desahucios, impidió la marcha forzada de su vivienda. Con posterioridad, rechazó dos pisos de alquiler ofrecidos por la Xunta, por quedar muy lejos de su actual entorno social.
La mujer, sin hijos, y con los familiares más próximos viviendo en Buenos Aires, vive con una pensión de 400 euros.
