El Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), organismo dependiente de la Xunta, ofreció ayer a Aurelia Rey, la octogenaria de A Coruña sobre la que pesa una orden de desahucio de su piso por impago de un mes de alquiler, una vivienda social, que la mujer rechazó por su ubicación 'en las afueras de la ciudad', según confirmó el portavoz de la Plataforma Stop Desahucios, Joaquín Díaz, quien explicó que un representante del IGVS se desplazó hasta el piso de Aurelia, situado en el número 9 de la calle Padre Feijóo y donde numerosas personas permanecen concentradas para evitar el desalojo, lo que lograron en los dos intentos realiza
El Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), organismo dependiente de la Xunta, ofreció ayer a Aurelia Rey, la octogenaria de A Coruña sobre la que pesa una orden de desahucio de su piso por impago de un mes de alquiler, una vivienda social, que la mujer rechazó por su ubicación 'en las afueras de la ciudad', según confirmó el portavoz de la Plataforma Stop Desahucios, Joaquín Díaz, quien explicó que un representante del IGVS se desplazó hasta el piso de Aurelia, situado en el número 9 de la calle Padre Feijóo y donde numerosas personas permanecen concentradas para evitar el desalojo, lo que lograron en los dos intentos realizados por la comisión judicial el pasado lunes.
En la reunión, se trasladó a la mujer la posibilidad de irse a vivir a un piso ubicado en el barrio de Eirís u otro en Novo Mesoiro, pero ella y la plataforma Stop Desahucios que la apoya rechazaron esta opción. Así, su portavoz, Joaquín Díaz, consideró que ambas zonas implicarían su 'marginación' y que 'prácticamente se quedara todo el día encerrada en casa', apuntó respecto al hecho de que se trate de barrios con gente mayoritariamente joven y a las afueras de la ciudad, al tiempo que la mujer defiende su autonomía y capacidad para vivir sola. Asimismo, Díaz confirmó que mantuvieron reuniones con los propietarios del inmueble, 'que podrían parar el desahucio', dijo, pero sin que hayan llegado a acuerdo.
AGRADECIMIENTO
Mientras, las personas concentradas decidieron llevar a cabo turnos delante del portal de Aurelia Rey, de 85 años y que lleva más de 30 años residiendo en la vivienda, para evitar que se materialice el desalojo, pese a que dieron por descartado que fuera ayer.
Por su parte, Aurelia Rey permaneció, como hizo el lunes, dentro de la casa con reuniones con su abogado, además de atender a los medios de comunicación ante los que reiteró que se niega a que la lleven a una residencia, primera opción planteada por el Ayuntamiento de A Coruña. El Valedor do Pobo está también mediando en el caso para garantizarle una vivienda digna y ayer mismo aseguró que las negociaciones para lograr este fin 'van por buen camino'.
La mujer agradeció el cariño de la gente que le está dando su apoyo, 'que son como su familia', y acusó a los propietarios de intentar echarla desde 1999. Su abogado reconoció que en el caso de Aurelia Rey, con una sentencia firme contra la que no cabe recurso, 'es muy difícil evitar la ejecución'.
La mujer reside en el noveno piso del número 9 de la calle Padre Feijóo, en el centro de A Coruña, por el pago 126 euros mensuales -con unos ingresos de 356 euros-. En 1999 abonó con retraso una de las mensualidades, una situación que volvió a repetirse en marzo de 2011, lo que motivó la apertura del proceso judicial de desahucio por impago.
El colectivo Stop Desahucios inició entonces una campaña de movilización que logró paralizar, al menos temporalmente, el desahucio. El portavoz de este colectivo, Joaquín Díaz, cargó contra el gobierno popular del ayuntamiento coruñés, al que achacó 'dejación de funciones', así como contra los propietarios del inmueble a los que acusó de mantener posturas 'especulativas'.
En la reunión, se trasladó a la mujer la posibilidad de irse a vivir a un piso ubicado en el barrio de Eirís u otro en Novo Mesoiro, pero ella y la plataforma Stop Desahucios que la apoya rechazaron esta opción. Así, su portavoz, Joaquín Díaz, consideró que ambas zonas implicarían su 'marginación' y que 'prácticamente se quedara todo el día encerrada en casa', apuntó respecto al hecho de que se trate de barrios con gente mayoritariamente joven y a las afueras de la ciudad, al tiempo que la mujer defiende su autonomía y capacidad para vivir sola. Asimismo, Díaz confirmó que mantuvieron reuniones con los propietarios del inmueble, 'que podrían parar el desahucio', dijo, pero sin que hayan llegado a acuerdo.
AGRADECIMIENTO
Mientras, las personas concentradas decidieron llevar a cabo turnos delante del portal de Aurelia Rey, de 85 años y que lleva más de 30 años residiendo en la vivienda, para evitar que se materialice el desalojo, pese a que dieron por descartado que fuera ayer.
Por su parte, Aurelia Rey permaneció, como hizo el lunes, dentro de la casa con reuniones con su abogado, además de atender a los medios de comunicación ante los que reiteró que se niega a que la lleven a una residencia, primera opción planteada por el Ayuntamiento de A Coruña. El Valedor do Pobo está también mediando en el caso para garantizarle una vivienda digna y ayer mismo aseguró que las negociaciones para lograr este fin 'van por buen camino'.
La mujer agradeció el cariño de la gente que le está dando su apoyo, 'que son como su familia', y acusó a los propietarios de intentar echarla desde 1999. Su abogado reconoció que en el caso de Aurelia Rey, con una sentencia firme contra la que no cabe recurso, 'es muy difícil evitar la ejecución'.
La mujer reside en el noveno piso del número 9 de la calle Padre Feijóo, en el centro de A Coruña, por el pago 126 euros mensuales -con unos ingresos de 356 euros-. En 1999 abonó con retraso una de las mensualidades, una situación que volvió a repetirse en marzo de 2011, lo que motivó la apertura del proceso judicial de desahucio por impago.
El colectivo Stop Desahucios inició entonces una campaña de movilización que logró paralizar, al menos temporalmente, el desahucio. El portavoz de este colectivo, Joaquín Díaz, cargó contra el gobierno popular del ayuntamiento coruñés, al que achacó 'dejación de funciones', así como contra los propietarios del inmueble a los que acusó de mantener posturas 'especulativas'.
