La Conferencia de Presidentes finalizó sin acuerdo en el capítulo referido a la crisis económica, de lo que el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, culpó a los presidentes autonómicos del PP, por lavarse las manos.
La IV Conferencia de Presidentes convocada por el Gobierno para consensuar medidas contra la crisis acabó sin acuerdo y con duros reproches del Ejecutivo al PP, debido a la negativa de las autonomías gobernadas por los populares a hacerse corresponsables de las políticas económicas y de empleo. Tras más de once horas de negociaciones infructuosas, el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, acusó a los presidentes populares de lavarse las manos por interés partidista y aseguró que les hace falta más lealtad y madurez institucional con España.
Desde el PP, la madrileña Esperanza Aguirre explicó que era incapaz de hacerse responsable de una política económica y de empleo de alguien que se ha convertido en el campeón del paro, mientras que el gallego Alberto Núñez Feijóo advirtió de que el Gobierno no puede pedir adhesiones inquebrantables a una política que se desconoce.
Para Zapatero, lo que los presidentes del PP hicieron ayer fue decir yo no me mojo, yo me lavo las manos, ese no es mi problema. Lamentó que los ocho presidentes del PP se abstuvieran a la hora de votar un documento que calificó de integrador y que, aseguró, recogía un 80 por ciento de las propuestas que habían presentado los propios populares. Lo que han querido decir es que no se responsabilizan con el Gobierno de España en la lucha contra el paro y en favor de la recuperación económica, relató.
Esperábamos mucho del Gobierno y no nos llevamos nada. Así resumía el presidente de la Xunta los resultados del encuentro con Rodríguez Zapatero, al que acusó de improvisar y de querer hacerse sólo una foto de familia. Núñez Feijoó, que también actuó como portavoz de los barones del PP, criticó que hubiesen tenido que pasar tres años para que el presidente del Gobierno volviera a convocar a los máximos representantes autonómicos, un período que, según recordó, es el mismo tiempo que este país lleva en crisis.
Para Feijoó, esta postura sólo indica que el Gobierno no busca la cooperación, como lo demuestra que no haya contado con los presidentes autonómicos para hacer frente a la crisis, para alcanzar un acuerdo en la financiación autonómica o en la subida de impuestos. Lo mismo que tampoco ha buscado el entendimiento para concertar medidas de actuación contra el desempleo o para decidir políticas de gasto, señaló.
Subida de impuestos
Fue especialmente crítico con algunas decisiones del Ejecutivo, como la subida de impuestos, que sólo generará menos consumo, menos riqueza y menos confianza, lo que también significa menos posibilidades para salir de la crisis económica. Para corroborar estas afirmaciones Feijoó aseguró que entre los años 2007 y 2010 España había aumentado su deuda pública en 30 puntos con una caída en la recaudación de impuestos como no se conocía hasta ahora.
Sin embargo, lo más grave, en su opinión, es que con un nivel de desempleo que alcanza los cuatro millones de personas el Gobierno presente un documento de 20 páginas sobre economía y empleo y que nos exija un adhesión inquebrantable sin que antes lo hayamos analizado y para disolver su responsabilidad. Este punto fue el más polémico de la jornada, ya que los presidentes autonómicos lo solicitaron el viernes para su estudio y tan sólo tuvieron acceso al mismo a media tarde.
Las bases de la propuesta gubernamental
El texto contra la crisis rechazado por el PP proponía la creación de tres grupos de trabajo para fomentar la creación de empleo y reducir el déficit público, y la constitución de una comisión de política industrial.
En materia de empleo, el Ejecutivo se comprometía a presentar en enero las medidas laborales que ya ha anunciado, como el fomento del uso de la reducción de jornada, la revisión de las bonificaciones a la contratación, el refuerzo de los servicios públicos de empleo o la disminución de la tasa de temporalidad.
En materia de estabilidad presupuestaria, el Gobierno quiere un compromiso que reduzca el déficit al 3 por ciento para 2013, para lo que aboga por la contención en los gastos de personal a través de una oferta de empleo público selectiva, la austeridad en el incremento de la masa salarial o la reducción de los plazos de pago a acreedores.
El último apartado de la propuesta se dedica a la Función Pública y en él se insta a acelerar la modernización de las administraciones mediante la aplicación de las nuevas tecnologías y la reducción de la temporalidad en el empleo.
Desde el PP, la madrileña Esperanza Aguirre explicó que era incapaz de hacerse responsable de una política económica y de empleo de alguien que se ha convertido en el campeón del paro, mientras que el gallego Alberto Núñez Feijóo advirtió de que el Gobierno no puede pedir adhesiones inquebrantables a una política que se desconoce.
Para Zapatero, lo que los presidentes del PP hicieron ayer fue decir yo no me mojo, yo me lavo las manos, ese no es mi problema. Lamentó que los ocho presidentes del PP se abstuvieran a la hora de votar un documento que calificó de integrador y que, aseguró, recogía un 80 por ciento de las propuestas que habían presentado los propios populares. Lo que han querido decir es que no se responsabilizan con el Gobierno de España en la lucha contra el paro y en favor de la recuperación económica, relató.
Esperábamos mucho del Gobierno y no nos llevamos nada. Así resumía el presidente de la Xunta los resultados del encuentro con Rodríguez Zapatero, al que acusó de improvisar y de querer hacerse sólo una foto de familia. Núñez Feijoó, que también actuó como portavoz de los barones del PP, criticó que hubiesen tenido que pasar tres años para que el presidente del Gobierno volviera a convocar a los máximos representantes autonómicos, un período que, según recordó, es el mismo tiempo que este país lleva en crisis.
Para Feijoó, esta postura sólo indica que el Gobierno no busca la cooperación, como lo demuestra que no haya contado con los presidentes autonómicos para hacer frente a la crisis, para alcanzar un acuerdo en la financiación autonómica o en la subida de impuestos. Lo mismo que tampoco ha buscado el entendimiento para concertar medidas de actuación contra el desempleo o para decidir políticas de gasto, señaló.
Subida de impuestos
Fue especialmente crítico con algunas decisiones del Ejecutivo, como la subida de impuestos, que sólo generará menos consumo, menos riqueza y menos confianza, lo que también significa menos posibilidades para salir de la crisis económica. Para corroborar estas afirmaciones Feijoó aseguró que entre los años 2007 y 2010 España había aumentado su deuda pública en 30 puntos con una caída en la recaudación de impuestos como no se conocía hasta ahora.
Sin embargo, lo más grave, en su opinión, es que con un nivel de desempleo que alcanza los cuatro millones de personas el Gobierno presente un documento de 20 páginas sobre economía y empleo y que nos exija un adhesión inquebrantable sin que antes lo hayamos analizado y para disolver su responsabilidad. Este punto fue el más polémico de la jornada, ya que los presidentes autonómicos lo solicitaron el viernes para su estudio y tan sólo tuvieron acceso al mismo a media tarde.
Las bases de la propuesta gubernamental
El texto contra la crisis rechazado por el PP proponía la creación de tres grupos de trabajo para fomentar la creación de empleo y reducir el déficit público, y la constitución de una comisión de política industrial.
En materia de empleo, el Ejecutivo se comprometía a presentar en enero las medidas laborales que ya ha anunciado, como el fomento del uso de la reducción de jornada, la revisión de las bonificaciones a la contratación, el refuerzo de los servicios públicos de empleo o la disminución de la tasa de temporalidad.
En materia de estabilidad presupuestaria, el Gobierno quiere un compromiso que reduzca el déficit al 3 por ciento para 2013, para lo que aboga por la contención en los gastos de personal a través de una oferta de empleo público selectiva, la austeridad en el incremento de la masa salarial o la reducción de los plazos de pago a acreedores.
El último apartado de la propuesta se dedica a la Función Pública y en él se insta a acelerar la modernización de las administraciones mediante la aplicación de las nuevas tecnologías y la reducción de la temporalidad en el empleo.
