El ayuntamiento de Totana ha cobrado ya unos dos millones de euros, que representan alrededor de la mitad del importe total del convenio firmado en su día por Nuaria y el propio consistorio. Este pago fue a cuenta de la recalificación de los terrenos que autorizan la construcción de 5.040 viviendas, según ha afirmado el alcalde y también José Romero, presidente de la plataforma No a este precio, contraria al plan de urbanismo. Mientras, ayer fueron trasladados a Murcia el abogado Manuel Núñez y su socio.
El Ayuntamiento murciano de Totana ya recibió la mitad del dinero que le suponía la firma del convenio con Inmonuar, sociedad inmobiliaria del grupo vigués Nuaria, y que asciende a un total aproximado de 2,4 millones de euros, según afirmó ayer Pedro José Romero, portavoz de la plataforma No a este plan urbanístico. En este sentido, apunto que en un convenio firmado el 3 de octubre del pasado año entre el ex-alcalde, Juan Morales, y el director de suelo de Inmonuar, Pablo José M.G., se acordó que el pago al Consistorio sería de 4,9 millones de euros y se haría en efectivo.
Con la firma del documento, el 3 de octubre, el Ayuntamiento recibió un 25 por ciento (casi 1,2 millones de euros); y con la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en febrero de este año, recibió la misma cantidad, precisó Romero, quien indicó que ya con la aprobación definitiva, que todavía no se ha producido, se entregaría al Ayuntamiento el 50 por ciento restante (2,4 millones aproximadamente).
En este sentido, resaltó que en el próximo pleno se debatirán los presupuestos y esa cantidad restante que queda por abonar al Ayuntamiento se contempla como futurible, aunque se preguntó, a tenor de esta situación, cómo le van a cuadrar los presupuestos cuando el Ayuntamiento contaba con este dinero y con otro, porque son casi 60 los convenios urbanísticos que se firmaron para financiarse, dijo Romero.
Así, puso de manifiesto que el Consistorio totanero tiene una deuda de 42 millones de euros, reconocida por el alcalde, José Martínez, que le viene de la anterior Corporación por la mala gestión, cuando era concejal de Seguridad Ciudadana y Juan Morales primer edil.
En la firma también se contempló que si en el supuesto de que la recalificación, en el próximo PGOU, no alcanzara los parámetros de edificabilidad concertados para obtener esas 5.024 viviendas (0,28 por ciento de edificabilidad), el Ayuntamiento tendría que devolver las cantidades entregadas hasta el momento.
El convenio no está en los tribunales El alcalde de Totana, José Martínez Andreo (PP), afirmó ayer que ni el convenio urbanístico de El Raiguero, suscrito entre el ayuntamiento y la empresa gallega Nuaria, ni el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) local son investigados por la Justicia, y si lo fueran, quedarían suspendidos.
Martínez insistió en que ningún miembro de la corporación municipal ha sido investigado por la Fiscalía y agregó que los implicados en este asunto lo están a título personal y, sobre todo, particular, así como que no tienen nada que ver con la actual Corporación.
Señaló que anoche habló por teléfono con el anterior alcalde de Totana, Juan Morales (PP), quien le mostró su tranquilidad, porque las cosas se hicieron bien. El alcalde aclaró que el ayuntamiento percibió alrededor de dos millones de euros por la venta de los terrenos en El Raiguero a Nuaria, donde la empresa gallega tiene proyectada la construcción de alrededor de 5.000 viviendas.
Con la firma del documento, el 3 de octubre, el Ayuntamiento recibió un 25 por ciento (casi 1,2 millones de euros); y con la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en febrero de este año, recibió la misma cantidad, precisó Romero, quien indicó que ya con la aprobación definitiva, que todavía no se ha producido, se entregaría al Ayuntamiento el 50 por ciento restante (2,4 millones aproximadamente).
En este sentido, resaltó que en el próximo pleno se debatirán los presupuestos y esa cantidad restante que queda por abonar al Ayuntamiento se contempla como futurible, aunque se preguntó, a tenor de esta situación, cómo le van a cuadrar los presupuestos cuando el Ayuntamiento contaba con este dinero y con otro, porque son casi 60 los convenios urbanísticos que se firmaron para financiarse, dijo Romero.
Así, puso de manifiesto que el Consistorio totanero tiene una deuda de 42 millones de euros, reconocida por el alcalde, José Martínez, que le viene de la anterior Corporación por la mala gestión, cuando era concejal de Seguridad Ciudadana y Juan Morales primer edil.
En la firma también se contempló que si en el supuesto de que la recalificación, en el próximo PGOU, no alcanzara los parámetros de edificabilidad concertados para obtener esas 5.024 viviendas (0,28 por ciento de edificabilidad), el Ayuntamiento tendría que devolver las cantidades entregadas hasta el momento.
El convenio no está en los tribunales El alcalde de Totana, José Martínez Andreo (PP), afirmó ayer que ni el convenio urbanístico de El Raiguero, suscrito entre el ayuntamiento y la empresa gallega Nuaria, ni el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) local son investigados por la Justicia, y si lo fueran, quedarían suspendidos.
Martínez insistió en que ningún miembro de la corporación municipal ha sido investigado por la Fiscalía y agregó que los implicados en este asunto lo están a título personal y, sobre todo, particular, así como que no tienen nada que ver con la actual Corporación.
Señaló que anoche habló por teléfono con el anterior alcalde de Totana, Juan Morales (PP), quien le mostró su tranquilidad, porque las cosas se hicieron bien. El alcalde aclaró que el ayuntamiento percibió alrededor de dos millones de euros por la venta de los terrenos en El Raiguero a Nuaria, donde la empresa gallega tiene proyectada la construcción de alrededor de 5.000 viviendas.
