Los ayuntamientos gallegos constatan que, a lo largo de este año, se ha producido un incremento exponencial de las peticiones de ayuda que reciben de sus vecinos, algo que atribuyen a la actual crisis económica. En este sentido, alertan de que la situación en 2010 será 'peor', ya que se cumplen 18 meses de los primeros despidos y comienzan a terminarse las prestaciones de desempleo.
A mayores, subrayan lo escueto de sus presupuestos y el hecho de que deben hacer frente al grueso de las demandas ciudadanas como 'primera puerta de la administración' aunque, en ciertos casos, no formen parte de sus competencias. 'Nada de lo humano nos es ajeno', señaló el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Carlos Fernández, quien, en declaraciones a Europa Press, incidió en que los ayuntamientos reciben 'muchas peticiones', sobre todo en este tiempo de 'necesidad acuciante', por lo que 'nadie puede permanecer insensible'.
De hecho, aseguró que las políticas sociales son las que más porcentaje del presupuesto consumen, algo que vinculó con el 'grave agravamiento' de la situación y con que el número de solicitudes de ayuda experimentó 'un incremento muy grande'. 'En determinados sectores sociales, casi se duplicó', enfatizó el también regidor de Ames (A Coruña).
Consciente de las 'necesidades' de la población, se ven obligados a asumir asuntos que no son de competencia municipal o que 'sí lo son, pero no tienen transferidos los fondos necesarios'. 'No podemos cortar el grifo a los ciudadanos, pero es una espiral que crece más y más', evidenció, al tiempo que apuntó que el compromiso establecido a través de la Ley de Servicios Sociales de Galicia de destinar un siete por ciento de los presupuestos a este fin está 'ampliamente superado'. 'Porque hace falta', enfatizó Fernández.
FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL
Todos los ayuntamientos cuentan con un fondo de emergencia social destinado a ayudar, de manera transitoria, a aquellos que lo soliciten. Sirve, por ejemplo, para pagar un alquiler o hipoteca en caso de desahucio, o los recibos del hogar, entre otras cuestiones, pero siempre en un horizonte temporal limitado --suele tener un máximo de seis meses, aunque depende de los municipios--.
En Lugo, ante las peticiones de unas 800 personas, según detalló la concejala de Benestar Social, Carmen Basadre, en declaraciones a Europa Press, este fondo se incrementó desde los 80.000 euros a los 160.000; mientras que Santiago también lo duplicó y Pontevedra tuvo que triplicarlo.
Asimismo, Vilagarcía de Arousa, lo elevó hasta los 170.000 euros y un municipio pequeño, como Carballo (A Coruña), debió 'refundarlo a mitad de año' y pasó de los 16.000 euros a los 36.000, según indicó la edila de Igualdade e Benestar Social, Dores Silveira.
Al margen del citado fondo de emergencia, los ayuntamientos tramitan la Renta de Integración Social de Galicia (Risga) que concede la Xunta. Se trata de una prestación destinada a garantizar recursos económicos de subsistencia a quien carezca de ellos y su cuantía es de 395 euros. En este punto, la concejala de Benestar Social de Vigo, María Méndez, apuntó que en la ciudad olívica se incrementó 'muchísimo' el número de receptores de esta ayuda.
DEPENDENCIA
Uno de los apartados de las políticas sociales que más recursos consume de los ayuntamientos es la Ley de Dependencia, de lo que se quejan ayuntamientos gobernados por los tres partidos.
'Hay mucha demanda y el dinero de la administración no llega, pero los ciudadanos tienen un derecho reconocido por ley', incidió la alcaldesa de Sanxenxo (Pontevedra), Catalina González (PP), y con ella coincidió la nacionalista Dores Silveira, quien destacó que requiere 'mucho esfuerzo económico y de tiempo'. 'Y lo de que la Xunta y el Gobierno central afrontan todo, es un bulo, porque aportamos más del 50 por ciento', remachó, en declaraciones a Europa Press
La socialista Carmen Basadre explicó que el Ayuntamiento de Lugo cuenta con un presupuesto de un millón de euros destinado a dependencia, pero que tendrá que ser ampliado 'para llegar a fin de año'. 'La otra opción es no valorar a nadie, pero los ciudadanos tienen que ser atendidos y la ley tiene que cumplir sus expectativas', defendió.
FINANCIACION
Por otra parte, los distintos responsables locales consultados por Europa Press reivindicaron 'cambios' en el sistema de financiación municipal. 'Nadie afronta el reto de buscar fórmulas para abastecer a quien, inexcusablemente, tiene que dar los servicios', lamentó la regidora de Sanxenxo.
'Recibimos ayudas a través del Plan Concertado, pero son subvenciones, no aportaciones, y eso debe cambiar', reclamó la concejala de Benestar Social de Pontevedra, Margarita Castejón, quien evidenció que los ayuntamientos 'hacen grandes esfuerzos a pesar de que sólo tendrían que colaborar'. Con ella coincidió Carmen Basadre, quien, a mayores, explicó que las subvenciones 'no llegan hasta finales de año', por lo que 'a veces hace falta quitar fondos de otras partidas' para atender las políticas sociales.
'Queremos competencias, pero con dinero', incidió la concejala de Educación de Culleredo (A Coruña), Carmen Varela, quien alertó de que, de lo contrario, el sistema es 'inviable'. 'A veces nos gustaría dar más ayudas, pero no podemos', señaló; al tiempo que la responsable de Benestar Social de Santiago, Mar Martín, aseguró que existen 'muchas dificultades para desarrollar todas las política sociales necesarias'.
Ante este escenario, y con una negativa perspectiva para 2010, convinieron en que 'habrá que sacar fondos de donde sea' y, tal como indicó la alcaldesa de A Porqueira (Ourense), Susana Vázquez Dorado, 'privarse de lo que haga falta' porque los servicios sociales son 'prioritarios'. 'Si no se pueden hacer obras, es de lo primero que se puede prescindir', recalcaron.
A mayores, la concejala de Igualdade e Benestar de Dodro (A Coruña), Victoria Rey, explicó que los ayuntamientos 'tratan de cubrir lo que no cubre la Xunta', pero evidenció que ésta 'deja muchos huecos'; mientras que la edil de Benestar Social de Ourense, Margarita Martín, advirtió de que los ayuntamientos 'no pueden suplir la acción' del Gobierno gallego. Por ello, las responsables de esta materia en Santiago y Vilagarcía, Mar Martín y Ana Lorenzo, interpretaron que el Ejecutivo autonómico 'tendrá que reflexionar' sobre su postura respecto de las políticas sociales.
INICIATIVAS
En cuanto a las actuaciones puestas en marcha por los distintos ayuntamientos, sus dirigentes explicaron que éstas difieren en función de las pirámides poblacionales. Así, municipios más envejecidos como Ourense, con un 22 por ciento de su población con más de 65 años, difiere ampliamente en sus políticas de Ames, cuya población es esencialmente joven.
En todo caso, todos cuentan con programas destinados a ayudar a las personas mayores en sus domicilios a realizar las tareas domésticas y las compras, así como otros que consisten en que se les lleva la comida a casa. A mayores, en Ourense han puesto en marcha un sistema de lavandería y farmacia a domicilio; en Dodro, servicios de podología y peluquería también en sus casas; en Ames, cuentan con un equipo que colabora con la tercera edad en su aseo personal; y en A Porqueira, disponen de un taxi para trasladarlos al centro de salud o a hacer sus recados.
En el ámbito de la infancia y de la conciliación de la vida laboral, están muy extendidas las bolsas para comedores escolares, las ludotecas que se hacen cargo de los niños de hasta 12 años y las ayudas para material escolar. También ofertan, en su mayoría, actividades de todo tipo para facilitar un envejecimiento saludable a los mayores, para mujeres, los discapacitados, niños y también dirigidos al colectivo inmigrante.
De hecho, aseguró que las políticas sociales son las que más porcentaje del presupuesto consumen, algo que vinculó con el 'grave agravamiento' de la situación y con que el número de solicitudes de ayuda experimentó 'un incremento muy grande'. 'En determinados sectores sociales, casi se duplicó', enfatizó el también regidor de Ames (A Coruña).
Consciente de las 'necesidades' de la población, se ven obligados a asumir asuntos que no son de competencia municipal o que 'sí lo son, pero no tienen transferidos los fondos necesarios'. 'No podemos cortar el grifo a los ciudadanos, pero es una espiral que crece más y más', evidenció, al tiempo que apuntó que el compromiso establecido a través de la Ley de Servicios Sociales de Galicia de destinar un siete por ciento de los presupuestos a este fin está 'ampliamente superado'. 'Porque hace falta', enfatizó Fernández.
FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL
Todos los ayuntamientos cuentan con un fondo de emergencia social destinado a ayudar, de manera transitoria, a aquellos que lo soliciten. Sirve, por ejemplo, para pagar un alquiler o hipoteca en caso de desahucio, o los recibos del hogar, entre otras cuestiones, pero siempre en un horizonte temporal limitado --suele tener un máximo de seis meses, aunque depende de los municipios--.
En Lugo, ante las peticiones de unas 800 personas, según detalló la concejala de Benestar Social, Carmen Basadre, en declaraciones a Europa Press, este fondo se incrementó desde los 80.000 euros a los 160.000; mientras que Santiago también lo duplicó y Pontevedra tuvo que triplicarlo.
Asimismo, Vilagarcía de Arousa, lo elevó hasta los 170.000 euros y un municipio pequeño, como Carballo (A Coruña), debió 'refundarlo a mitad de año' y pasó de los 16.000 euros a los 36.000, según indicó la edila de Igualdade e Benestar Social, Dores Silveira.
Al margen del citado fondo de emergencia, los ayuntamientos tramitan la Renta de Integración Social de Galicia (Risga) que concede la Xunta. Se trata de una prestación destinada a garantizar recursos económicos de subsistencia a quien carezca de ellos y su cuantía es de 395 euros. En este punto, la concejala de Benestar Social de Vigo, María Méndez, apuntó que en la ciudad olívica se incrementó 'muchísimo' el número de receptores de esta ayuda.
DEPENDENCIA
Uno de los apartados de las políticas sociales que más recursos consume de los ayuntamientos es la Ley de Dependencia, de lo que se quejan ayuntamientos gobernados por los tres partidos.
'Hay mucha demanda y el dinero de la administración no llega, pero los ciudadanos tienen un derecho reconocido por ley', incidió la alcaldesa de Sanxenxo (Pontevedra), Catalina González (PP), y con ella coincidió la nacionalista Dores Silveira, quien destacó que requiere 'mucho esfuerzo económico y de tiempo'. 'Y lo de que la Xunta y el Gobierno central afrontan todo, es un bulo, porque aportamos más del 50 por ciento', remachó, en declaraciones a Europa Press
La socialista Carmen Basadre explicó que el Ayuntamiento de Lugo cuenta con un presupuesto de un millón de euros destinado a dependencia, pero que tendrá que ser ampliado 'para llegar a fin de año'. 'La otra opción es no valorar a nadie, pero los ciudadanos tienen que ser atendidos y la ley tiene que cumplir sus expectativas', defendió.
FINANCIACION
Por otra parte, los distintos responsables locales consultados por Europa Press reivindicaron 'cambios' en el sistema de financiación municipal. 'Nadie afronta el reto de buscar fórmulas para abastecer a quien, inexcusablemente, tiene que dar los servicios', lamentó la regidora de Sanxenxo.
'Recibimos ayudas a través del Plan Concertado, pero son subvenciones, no aportaciones, y eso debe cambiar', reclamó la concejala de Benestar Social de Pontevedra, Margarita Castejón, quien evidenció que los ayuntamientos 'hacen grandes esfuerzos a pesar de que sólo tendrían que colaborar'. Con ella coincidió Carmen Basadre, quien, a mayores, explicó que las subvenciones 'no llegan hasta finales de año', por lo que 'a veces hace falta quitar fondos de otras partidas' para atender las políticas sociales.
'Queremos competencias, pero con dinero', incidió la concejala de Educación de Culleredo (A Coruña), Carmen Varela, quien alertó de que, de lo contrario, el sistema es 'inviable'. 'A veces nos gustaría dar más ayudas, pero no podemos', señaló; al tiempo que la responsable de Benestar Social de Santiago, Mar Martín, aseguró que existen 'muchas dificultades para desarrollar todas las política sociales necesarias'.
Ante este escenario, y con una negativa perspectiva para 2010, convinieron en que 'habrá que sacar fondos de donde sea' y, tal como indicó la alcaldesa de A Porqueira (Ourense), Susana Vázquez Dorado, 'privarse de lo que haga falta' porque los servicios sociales son 'prioritarios'. 'Si no se pueden hacer obras, es de lo primero que se puede prescindir', recalcaron.
A mayores, la concejala de Igualdade e Benestar de Dodro (A Coruña), Victoria Rey, explicó que los ayuntamientos 'tratan de cubrir lo que no cubre la Xunta', pero evidenció que ésta 'deja muchos huecos'; mientras que la edil de Benestar Social de Ourense, Margarita Martín, advirtió de que los ayuntamientos 'no pueden suplir la acción' del Gobierno gallego. Por ello, las responsables de esta materia en Santiago y Vilagarcía, Mar Martín y Ana Lorenzo, interpretaron que el Ejecutivo autonómico 'tendrá que reflexionar' sobre su postura respecto de las políticas sociales.
INICIATIVAS
En cuanto a las actuaciones puestas en marcha por los distintos ayuntamientos, sus dirigentes explicaron que éstas difieren en función de las pirámides poblacionales. Así, municipios más envejecidos como Ourense, con un 22 por ciento de su población con más de 65 años, difiere ampliamente en sus políticas de Ames, cuya población es esencialmente joven.
En todo caso, todos cuentan con programas destinados a ayudar a las personas mayores en sus domicilios a realizar las tareas domésticas y las compras, así como otros que consisten en que se les lleva la comida a casa. A mayores, en Ourense han puesto en marcha un sistema de lavandería y farmacia a domicilio; en Dodro, servicios de podología y peluquería también en sus casas; en Ames, cuentan con un equipo que colabora con la tercera edad en su aseo personal; y en A Porqueira, disponen de un taxi para trasladarlos al centro de salud o a hacer sus recados.
En el ámbito de la infancia y de la conciliación de la vida laboral, están muy extendidas las bolsas para comedores escolares, las ludotecas que se hacen cargo de los niños de hasta 12 años y las ayudas para material escolar. También ofertan, en su mayoría, actividades de todo tipo para facilitar un envejecimiento saludable a los mayores, para mujeres, los discapacitados, niños y también dirigidos al colectivo inmigrante.
