El Grupo Parlamentario del BNG reclama una comisión de investigación en la Cámara autonómica para determinar si el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, no respetó la Ley de incompatibilidades al incorporarse a una empresa privada a la que adjudicó obras como director xeral en la Xunta de Manuel Fraga.
En rueda de prensa, el portavoz parlamentario nacionalista, Carlos Aymerich, presentó la proposición no de ley firmada por los 12 integrantes de su grupo en la que piden una comisión para debatir el posible incumplimiento de la legislación que se refiere a los altos cargos.
El Bloque recordó que durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos en el ámbito de la aplicación de esta ley no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que ya dictasen resolución en el ejercicio de su cargo, tal y como recoge el artículo 3.5 de la legislación de 1996.
Agustín Hernández ingresó como consejero en 2006 en una sociedad integrada en el grupo constructor Puentes y Calzadas cuando, un año antes, había adjudicado a esa empresa infraestructuras por más de 30 millones de euros mientras ocupaba el cargo de director xeral de Obras Públicas en el último Ejecutivo de Fraga.
CONFLICTO DE INTERESES
Según denunció el portavoz parlamentario nacionalista, Hernández también pudo incurrir en un conflicto de intereses, y apeló a la estrategia de la puerta giratoria a pequeña escala, para interpretar que, el conselleiro de Territorio e Infraestructuras se fraguó un nido en la Xunta para preparar su vuelta a la vida civil.
Para Aymerich, el PPdeG en coherencia con la regeneración democrática prometida en la campaña electoral no debería poner trabas a la celebración de la comisión para concluir, a través de examen de documentación y comparecencias, si Agustín Hernández incurrió o no en un conflicto de intereses, de forma que se dirima lo que unos sospechan y otros niegan, en referencia a la oposición y a los 'populares', respectivamente.
De esta forma, los nacionalistas buscarán el respaldo de las otros dos grupos parlamentarios para sacar adelante la comisión una vez que esta iniciativa ente a trámite, según explicó Aymerich, aunque los socialistas ya adelantaron que esperarán a la resolución del expediente abierto por la anterior Xunta en funciones para adoptar una postura a este respecto, según indicaron fuentes parlamentarias.
AVISO A FEIJOO
Aymerich avisó a Feijóo de que no puede hacer creer a los gallegos que no sabía que Hernández había beneficiado a empresas que pasó a dirigir, ya que fue un subordinado suyo cuando el actual presidente estaba en la Xunta, y lo relacionó con el caso de Luis Carrera, que fue apartado del número uno de la candidatura por Ourense en las pasadas gallegas debido a que no había declarado a Hacienda ingresos que tenía en un paraíso fiscal.
Además, el diputado nacionalista incidió en que Feijóo reconoció que el tránsito entre la Administración Pública y las empresas privadas no constituía un pasaje elegante en la trayectoria política de su conselleiro.
Por ello, el BNG considera que ante las evidencias conocidas, la ausencia clamorosa de explicaciones y la falta de explicaciones en el debate de investidura, junto con lo que tacha de flagrante incumplimiento de la ley, el Parlamento debe recuperar el protagonismo activo para esclarecer este asunto.
El presidente y el Gobierno deberían ser los primeros interesados en esclarecer la realidad de un asunto que puede tener implicaciones de gran calado para la credibilidad de un responsable de la Xunta de Galicia, agrega la proposición no de ley registrada en la Cámara.
El Bloque recordó que durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos en el ámbito de la aplicación de esta ley no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que ya dictasen resolución en el ejercicio de su cargo, tal y como recoge el artículo 3.5 de la legislación de 1996.
Agustín Hernández ingresó como consejero en 2006 en una sociedad integrada en el grupo constructor Puentes y Calzadas cuando, un año antes, había adjudicado a esa empresa infraestructuras por más de 30 millones de euros mientras ocupaba el cargo de director xeral de Obras Públicas en el último Ejecutivo de Fraga.
CONFLICTO DE INTERESES
Según denunció el portavoz parlamentario nacionalista, Hernández también pudo incurrir en un conflicto de intereses, y apeló a la estrategia de la puerta giratoria a pequeña escala, para interpretar que, el conselleiro de Territorio e Infraestructuras se fraguó un nido en la Xunta para preparar su vuelta a la vida civil.
Para Aymerich, el PPdeG en coherencia con la regeneración democrática prometida en la campaña electoral no debería poner trabas a la celebración de la comisión para concluir, a través de examen de documentación y comparecencias, si Agustín Hernández incurrió o no en un conflicto de intereses, de forma que se dirima lo que unos sospechan y otros niegan, en referencia a la oposición y a los 'populares', respectivamente.
De esta forma, los nacionalistas buscarán el respaldo de las otros dos grupos parlamentarios para sacar adelante la comisión una vez que esta iniciativa ente a trámite, según explicó Aymerich, aunque los socialistas ya adelantaron que esperarán a la resolución del expediente abierto por la anterior Xunta en funciones para adoptar una postura a este respecto, según indicaron fuentes parlamentarias.
AVISO A FEIJOO
Aymerich avisó a Feijóo de que no puede hacer creer a los gallegos que no sabía que Hernández había beneficiado a empresas que pasó a dirigir, ya que fue un subordinado suyo cuando el actual presidente estaba en la Xunta, y lo relacionó con el caso de Luis Carrera, que fue apartado del número uno de la candidatura por Ourense en las pasadas gallegas debido a que no había declarado a Hacienda ingresos que tenía en un paraíso fiscal.
Además, el diputado nacionalista incidió en que Feijóo reconoció que el tránsito entre la Administración Pública y las empresas privadas no constituía un pasaje elegante en la trayectoria política de su conselleiro.
Por ello, el BNG considera que ante las evidencias conocidas, la ausencia clamorosa de explicaciones y la falta de explicaciones en el debate de investidura, junto con lo que tacha de flagrante incumplimiento de la ley, el Parlamento debe recuperar el protagonismo activo para esclarecer este asunto.
El presidente y el Gobierno deberían ser los primeros interesados en esclarecer la realidad de un asunto que puede tener implicaciones de gran calado para la credibilidad de un responsable de la Xunta de Galicia, agrega la proposición no de ley registrada en la Cámara.
