El Tribunal Constitucional ha desestimado admitir a trámite el recurso presentado por el BNG ante la inelegilibidad decretada para el candidato del Arzúa, Xaquín García Couso, por la Junta Electoral de Zona de Santiago, y ratificada en los juzgados, al considerar que 'no se aprecia especial trascendencia constitucional'.
Ante esta situación, el portavoz nacional del Bloque, Guillerme Vázquez, ha pedido al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que presente recurso de súplica, si es que 'queda algo de democracia'.
En rueda de prensa para dar a conocer la resolución del Constitucional, Guillerme Vázquez ha advertido que este tribunal ha hecho una 'dejación de funciones' y 'no tuvo la valentía' de pronunciarse sobre la inelegibilidad del candidato nacionalista en Arzúa. 'Es inaceptable en democracia', ha señalado el dirigente nacionalista, quien apela al PSOE a 'si queda un mínimo de pensamiento de izquierdas y democrático no avale' esta decisión y 'manifieste' su opinión, más allá de 'abrazos solidarios' enviados al candidato del Bloque.
'La Sección ha examinado el recurso presentado y ha acordado no admitirlo a trámite por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, como condiciona para la presentación de un recurso de amparo, requiere', señala la resolución emitida por el Tribunal Constitucional, en el que también se recoge la posibilidad de que el fiscal general presente el recurso de súplica, sin el cual quedaría 'archivado' este asunto.
Así las cosas, el BNG espera que el fiscal general del Estado presente un recurso de súplica, para lo que tiene de plazo tres días, y sobre lo que ha dicho que existe precedentes en este tipo de actuaciones por parte del propio Conde-Pumpido. Al respecto, recordó un caso que él mismo vivió como concejal en el Ayuntamiento de Pontevedra, en que a unos vecinos se les tendría que aplicar el Código Penal --con penas de entre seis meses y un año de cárcel por desorden público por ocupación del pleno-- y el fiscal general pidió no aplicarle la tipificación.
'No pedimos nada especial', ha resaltado Guillerme Vázquez, que se ha mostrado muy cauto en su intervención, y en la que ha esperado que 'si queda algo de democracia y de dignidad', el máximo responsable de la Fiscalía del Estado 'debería actuar'. 'Digan lo que digan los tribunales, quien es inocente es el alcalde de Arzúa, que paga ahora los platos rotos', ha recalcado el dirigente nacionalista.
'YO LUCHÉ POR LA DEMOCRACIA'
'Yo luché por la democracia, entregué parte de mi vida por el Estado democrática, y lamento que con callar, y la boca pequeña y la complicidad haya un retroceso inaceptable de la democracia', ha expresado Guillerme Vázquez, quien ha puesto de manifiesto que quien reformó la ley, fueron PP y PSOE, y quien la está aplicando 'son jueces nombrados por PP y PSOE'. 'Hay decisiones políticas y no jurídicas', ha advertido.
Del PP, al que ha encuadrado en la 'extrema derecha', le ha recordado que esta situación se deriva de una petición de su formación política para que se aplique un artículo de la ley pactado con el PSOE a un dirigente nacionalista. A los socialistas, les pidió que si les queda 'izquierda y democracia', además de 'mandar abrazos solidarios', 'no deben callar', y ha insinuado que pueden hacer ver al fiscal del Estado la necesidad de presentar el recurso de súplica.
Guillerme Vázquez observa una 'gravísima decisión' del Tribunal Constitucional y una 'restricción de las libertades democráticas', y ha mostrado su 'estupor' y 'sorpresa', porque el TC no llega a pronunciarse sobre los argumentos jurídicos y, directamente, 'no aprecia especial trascendencia'. 'Algo nunca visto en la historia del TC', ha lamentado Vázquez, quien acusa al tribunal de 'falta de valentía' y quien ha considerado que la democracia española está 'más ínfima' que nunca al preguntarse que 'si el Tribunal Constitucional no está para garantizar los derechos de las personas, para qué está'.
El líder nacionalista ha asegurado que aún le queda un halo de 'esperanza' para que el fiscal general presente recurso de súplica, antes de concluir, con todo, que casi 'había más garantías hace 40 o 50 años'. 'Se está vulnerando un derecho democrático', insistió en varias ocasiones al respecto del derecho a elegir y ser elegido.
PRECEDENTES
El regidor arzuano está condenado a seis meses de inhabilitación por desobediencia al sufrir una demora el derribo de una sexta planta de un edificio en ese municipio coruñés. Ese inmueble sobre el que se dictó sentencia en 1997 fue construido durante un mandato del exregidor del PP, hace casi 20 años, y la denuncia por el sexto piso (que no estaba autorizado) la presentó un 'hermano' de ese regidor.
A ello, los nacionalistas suman el hecho de que entre 1997 y 2003 (desde que se dictó sentencia firme hasta que perdió las elecciones el exalcalde), los populares no hicieron ningún trámite administrativo para ejecutar la sentencia, mientras que el actual regidor nacionalista presentó un concurso abierto para la demolición de ese piso del edificio y otro negociado --ambos quedaron desiertos--.
Además, en 2008 fue aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) por la Xunta, con lo que en ese momento (posterior a la sentencia firme y a la sentencia que obligaba a la demolición y por la que se determinó la desobediencia) las seis alturas quedaron legalizadas para esa zona.
A esta situación, el BNG suma el hecho de que la modificación de la normativa electoral entró en vigor en el mes de enero, con lo que se le aplica a García Couso una ley de forma 'retroactiva'. A ello, añade el hecho de que la sentencia por desobediencia fue dictada en octubre de 2010, sin embargo, le fue comunicada en el mes de enero de 2011.
En rueda de prensa para dar a conocer la resolución del Constitucional, Guillerme Vázquez ha advertido que este tribunal ha hecho una 'dejación de funciones' y 'no tuvo la valentía' de pronunciarse sobre la inelegibilidad del candidato nacionalista en Arzúa. 'Es inaceptable en democracia', ha señalado el dirigente nacionalista, quien apela al PSOE a 'si queda un mínimo de pensamiento de izquierdas y democrático no avale' esta decisión y 'manifieste' su opinión, más allá de 'abrazos solidarios' enviados al candidato del Bloque.
'La Sección ha examinado el recurso presentado y ha acordado no admitirlo a trámite por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, como condiciona para la presentación de un recurso de amparo, requiere', señala la resolución emitida por el Tribunal Constitucional, en el que también se recoge la posibilidad de que el fiscal general presente el recurso de súplica, sin el cual quedaría 'archivado' este asunto.
Así las cosas, el BNG espera que el fiscal general del Estado presente un recurso de súplica, para lo que tiene de plazo tres días, y sobre lo que ha dicho que existe precedentes en este tipo de actuaciones por parte del propio Conde-Pumpido. Al respecto, recordó un caso que él mismo vivió como concejal en el Ayuntamiento de Pontevedra, en que a unos vecinos se les tendría que aplicar el Código Penal --con penas de entre seis meses y un año de cárcel por desorden público por ocupación del pleno-- y el fiscal general pidió no aplicarle la tipificación.
'No pedimos nada especial', ha resaltado Guillerme Vázquez, que se ha mostrado muy cauto en su intervención, y en la que ha esperado que 'si queda algo de democracia y de dignidad', el máximo responsable de la Fiscalía del Estado 'debería actuar'. 'Digan lo que digan los tribunales, quien es inocente es el alcalde de Arzúa, que paga ahora los platos rotos', ha recalcado el dirigente nacionalista.
'YO LUCHÉ POR LA DEMOCRACIA'
'Yo luché por la democracia, entregué parte de mi vida por el Estado democrática, y lamento que con callar, y la boca pequeña y la complicidad haya un retroceso inaceptable de la democracia', ha expresado Guillerme Vázquez, quien ha puesto de manifiesto que quien reformó la ley, fueron PP y PSOE, y quien la está aplicando 'son jueces nombrados por PP y PSOE'. 'Hay decisiones políticas y no jurídicas', ha advertido.
Del PP, al que ha encuadrado en la 'extrema derecha', le ha recordado que esta situación se deriva de una petición de su formación política para que se aplique un artículo de la ley pactado con el PSOE a un dirigente nacionalista. A los socialistas, les pidió que si les queda 'izquierda y democracia', además de 'mandar abrazos solidarios', 'no deben callar', y ha insinuado que pueden hacer ver al fiscal del Estado la necesidad de presentar el recurso de súplica.
Guillerme Vázquez observa una 'gravísima decisión' del Tribunal Constitucional y una 'restricción de las libertades democráticas', y ha mostrado su 'estupor' y 'sorpresa', porque el TC no llega a pronunciarse sobre los argumentos jurídicos y, directamente, 'no aprecia especial trascendencia'. 'Algo nunca visto en la historia del TC', ha lamentado Vázquez, quien acusa al tribunal de 'falta de valentía' y quien ha considerado que la democracia española está 'más ínfima' que nunca al preguntarse que 'si el Tribunal Constitucional no está para garantizar los derechos de las personas, para qué está'.
El líder nacionalista ha asegurado que aún le queda un halo de 'esperanza' para que el fiscal general presente recurso de súplica, antes de concluir, con todo, que casi 'había más garantías hace 40 o 50 años'. 'Se está vulnerando un derecho democrático', insistió en varias ocasiones al respecto del derecho a elegir y ser elegido.
PRECEDENTES
El regidor arzuano está condenado a seis meses de inhabilitación por desobediencia al sufrir una demora el derribo de una sexta planta de un edificio en ese municipio coruñés. Ese inmueble sobre el que se dictó sentencia en 1997 fue construido durante un mandato del exregidor del PP, hace casi 20 años, y la denuncia por el sexto piso (que no estaba autorizado) la presentó un 'hermano' de ese regidor.
A ello, los nacionalistas suman el hecho de que entre 1997 y 2003 (desde que se dictó sentencia firme hasta que perdió las elecciones el exalcalde), los populares no hicieron ningún trámite administrativo para ejecutar la sentencia, mientras que el actual regidor nacionalista presentó un concurso abierto para la demolición de ese piso del edificio y otro negociado --ambos quedaron desiertos--.
Además, en 2008 fue aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) por la Xunta, con lo que en ese momento (posterior a la sentencia firme y a la sentencia que obligaba a la demolición y por la que se determinó la desobediencia) las seis alturas quedaron legalizadas para esa zona.
A esta situación, el BNG suma el hecho de que la modificación de la normativa electoral entró en vigor en el mes de enero, con lo que se le aplica a García Couso una ley de forma 'retroactiva'. A ello, añade el hecho de que la sentencia por desobediencia fue dictada en octubre de 2010, sin embargo, le fue comunicada en el mes de enero de 2011.
