Los grupos parlamentarios del PSdeG y BNG reclamaron hoy a las instituciones competentes en inspección de trabajo más controles y la promoción de reformas legales si son necesarias para impedir el dumping social y salarial en el ámbito de la contratación pública.
En una iniciativa no legislativa, aprobada con los votos en contra del PPdeG y que fue transaccionada con enmiendas del PSdeG, la Cámara autonómica insta al Gobierno gallego a impulsar la intensificación de los controles en función de los colectivos laborales vigentes, al tiempo que reclama del Gobierno estatal una oposición activa a la legalización del dumping social.
El portavoz del Grupo Parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, promotor de la proposición no de ley, denunció una presión a la baja de las protección del trabajo y puso como ejemplo la explotación de los trabajadores portugueses en Galicia. En este sentido, la iniciativa pide garantizar la vigencia efectiva de los convenios vigentes para todos los trabajadores que desempeñen su actividad en Galicia y en el Estado.
En opinión del diputado nacionalista, el inmovilismo de los Gobiernos aboca al dumping social y a que las condiciones laborales de los trabajadores en la Unión Europea estén sometidas a las decisiones de las empresas y a decisiones judiciales europeas contrarias a otras nacionales.
PRESION A LA BAJA
Al respecto, se remitió a sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que hace prevalecer la libertad de prestación de servicios sobre casi consideración de orden social o salarial, lo que supone una legalización del dumping social y una presión a la baja de las condiciones de trabajo.
Soy realista, aseveró Aymerich ante el europeísmo del Grupo Parlamentario Popular, que previamente había defendido la Unión Europea tras admitir, en palabras del diputado 'popular' Antonio Rodríguez Miranda, que la participación en la UE no es llana y lisa pero defendió una posición de una Europa unida.
Frente a esta afirmación, Aymerich calificó de europapanatas a los diputados 'populares' para aclararles que existe una situación real que se está dando en Galicia, y que supone, a modo de ejemplo, que en Galicia se puede abrir un hospital y traer trabajadores de la India con las condiciones laborales del país extranjero.
Por su parte, el diputado socialista José Tomé, defendió que el problema radica en la aplicación efectiva de las normativas existentes, por lo que abogó por un control riguroso de las administraciones responsables de la inspección laboral. Portugal tendrá que vigilar las empresas que presten servicios en Galicia, apostilló Rodríguez Miranda, quien aseveró su posición contraria al dumping.
El portavoz del Grupo Parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, promotor de la proposición no de ley, denunció una presión a la baja de las protección del trabajo y puso como ejemplo la explotación de los trabajadores portugueses en Galicia. En este sentido, la iniciativa pide garantizar la vigencia efectiva de los convenios vigentes para todos los trabajadores que desempeñen su actividad en Galicia y en el Estado.
En opinión del diputado nacionalista, el inmovilismo de los Gobiernos aboca al dumping social y a que las condiciones laborales de los trabajadores en la Unión Europea estén sometidas a las decisiones de las empresas y a decisiones judiciales europeas contrarias a otras nacionales.
PRESION A LA BAJA
Al respecto, se remitió a sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que hace prevalecer la libertad de prestación de servicios sobre casi consideración de orden social o salarial, lo que supone una legalización del dumping social y una presión a la baja de las condiciones de trabajo.
Soy realista, aseveró Aymerich ante el europeísmo del Grupo Parlamentario Popular, que previamente había defendido la Unión Europea tras admitir, en palabras del diputado 'popular' Antonio Rodríguez Miranda, que la participación en la UE no es llana y lisa pero defendió una posición de una Europa unida.
Frente a esta afirmación, Aymerich calificó de europapanatas a los diputados 'populares' para aclararles que existe una situación real que se está dando en Galicia, y que supone, a modo de ejemplo, que en Galicia se puede abrir un hospital y traer trabajadores de la India con las condiciones laborales del país extranjero.
Por su parte, el diputado socialista José Tomé, defendió que el problema radica en la aplicación efectiva de las normativas existentes, por lo que abogó por un control riguroso de las administraciones responsables de la inspección laboral. Portugal tendrá que vigilar las empresas que presten servicios en Galicia, apostilló Rodríguez Miranda, quien aseveró su posición contraria al dumping.
