La magistrada Irene Roura, extitular del Juzgado de Instrucción número 1 del municipio pontevedrés de Cambados e instructora de la 'operación Tabaiba', alertó ayer de la posibilidad de que los cárteles colombianos traten de recuperar la ruta tradicional de la cocaína a Galicia. La juez Roura, en un almuerzo homenaje antes de marcharse a su nuevo destino, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Lugo, destacó que hay que 'permanecer en alerta' porque con los envíos en contenedores los narcos 'ganan mucho menos', mientras que en los barcos transportan 'varias toneladas y los beneficios se multiplican'.
Cree que los cárteles colombianos están 'haciendo ensayos con otras rutas', pero está convencida de que 'tratarán de volver a recuperar' la de Galicia. Piensa que desde la Operación Tabaiba, su 'mayor satisfacción' por la 'magnitud' y las 'repercusiones que tuvo', los cárteles colombianos 'ya no tienen tanta confianza en los transportistas y la logística de los gallegos para traer la cocaína a Europa', pero eso no quita para que piensen en restablecerla algún día.
La juez acepta que se alcancen acuerdos de conformidad 'porque la ley procesal lo permite', aunque reconoció que produce 'situaciones que no debieran darse' como que 'el fiscal, en algunas causas, ya solicita una pena a la baja; luego llega el acuerdo y la pena no es acorde con el delito', lo que causa 'perplejidad en la sociedad'.
También se dan casos singulares como los de las personas de tercer nivel que no aceptan el acuerdo y 'luego se comen más años que el jefe de la organización'. Además, consideró que las escuchas telefónicas que no son aceptadas por un tribunal 'son una asignatura pendiente', y abogó por 'una regulación más exhaustiva'.
La juez acepta que se alcancen acuerdos de conformidad 'porque la ley procesal lo permite', aunque reconoció que produce 'situaciones que no debieran darse' como que 'el fiscal, en algunas causas, ya solicita una pena a la baja; luego llega el acuerdo y la pena no es acorde con el delito', lo que causa 'perplejidad en la sociedad'.
También se dan casos singulares como los de las personas de tercer nivel que no aceptan el acuerdo y 'luego se comen más años que el jefe de la organización'. Además, consideró que las escuchas telefónicas que no son aceptadas por un tribunal 'son una asignatura pendiente', y abogó por 'una regulación más exhaustiva'.
