Las comunidades autónomas tendrán que certificar por escrito mensualmente y año tras año en qué gastan el dinero que reciben del Estado para la aplicación de la Ley de Dependencia, según establece una orden que ultima el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad , y que será sometida a consideración del Consejo Territorial de Dependencia el 4 de julio.
El texto, que creará un nuevo sistema de información del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, establece que un cargo autonómico no inferior al rango de director general deberá presentar todos los meses un escrito dando fe de la veracidad de los datos de su comunidad.
La medida, que se justifica en el borrador de la orden por la necesidad de mejorar en 'eficiencia', así como en 'calidad y transparencia', ya que las comunidades reciben dinero en función de la población atendida, se adopta después de que el Tribunal de Cuentas detectara en una revisión de los datos del sistema la existencia de las de 12.000 expedientes con irregularidades, en muchos casos, por beneficiarios ya fallecidos.
En cuanto a la nueva regulación, la orden ministerial recoge varias novedades como la creación en el Imserso de un sistema informático para la introducción de información desde todas las comunidades autónomas, en el que se constituirá una base de datos de carácter personal a la que éstas accederán con un perfil de usuario.
Se introducen novedades en cuanto a la información, que se ve ampliada, pues ahora, además de cuestiones como género, edad y grado de dependencia, figurarán también características del usuario como discapacidad reconocida o enfermedades raras.
La medida, que se justifica en el borrador de la orden por la necesidad de mejorar en 'eficiencia', así como en 'calidad y transparencia', ya que las comunidades reciben dinero en función de la población atendida, se adopta después de que el Tribunal de Cuentas detectara en una revisión de los datos del sistema la existencia de las de 12.000 expedientes con irregularidades, en muchos casos, por beneficiarios ya fallecidos.
En cuanto a la nueva regulación, la orden ministerial recoge varias novedades como la creación en el Imserso de un sistema informático para la introducción de información desde todas las comunidades autónomas, en el que se constituirá una base de datos de carácter personal a la que éstas accederán con un perfil de usuario.
Se introducen novedades en cuanto a la información, que se ve ampliada, pues ahora, además de cuestiones como género, edad y grado de dependencia, figurarán también características del usuario como discapacidad reconocida o enfermedades raras.
