Los médicos que no cobran el plus de exclusividad en Galicia son 949 de los 7.000 que ejercen

El Consejo de Médicos de Galicia pide una solución para el plus de exclusividad de la sanidad pública

El Consejo de Colegios Médicos de Galicia critica la ’injusta discriminación’ del plus de exclusividad entre los médicos de la sanidad pública y los que trabajan en privada y pública, pero ’con la misma responsabilidad y horario’, y pide a la Xunta una solución, según dijo en entrevista el presidente de los médicos de Ourense, José Luis Doval.
Al referirse al plus de exclusividad, Doval dijo que su regulación es ’una vieja reclamación’ del colectivo, planteada desde hace años y que motiva una huelga indefinida desde hace dos días que pretende el seguimiento de los médicos que compaginan su trabajo en la sanidad pública con la privada.

Los médicos que no cobran el plus de exclusividad en Galicia son 949 de los 7.000 que ejercen en la sanidad pública, según fuentes de la consellería de Sanidad.

Doval explicó que el plus de exclusividad nació en los años 80 para que conllevase una mayor dedicación de los médicos de la pública que lo cobran. Pero, ’finalmente no fue así y se consolidó como un complemento, que ahora es de 750 euros, cobrado sin ninguna contrapartida, por eso es injusto que 949 médicos no lo cobren a pesar de que hacen el mismo trabajo’.

En ese sentido, señaló que el Consejo de Colegios Médicos de Galicia reclama desde hace años una regulación semejante a la implantada en el resto de España -excepto en tres comunidades autónomasy que incluye varias posibilidades.

Según Doval, algunos Gobiernos autónomos eligieron aplicar el plus de exclusividad a todos los médicos, otros lo pagan a aquellos médicos con especial disponibilidad voluntaria a la hora de ampliar horarios de trabajo o abrir servicios por las tardes.

Una tercera opción, según Doval, es la de pagar un plus proporcional al grado de exclusividad de forma que sólo lo cobran completo los médicos que centran su trabajo en la sanidad pública.

El Consejo de Colegios Médicos propuso a la consellería las tres posibilidades que se aplican en España ’pero nunca se abordó este tema y ahora tenemos una huelga convocada por un sindicato muy minoritario pero que repercute en la asistencia pública’.

Doval reconoció que la huelga es un derecho de todos los ciudadanos y, por tanto, de los facultativos, pero la atribuyó ’a un conflicto entre sindicatos ya que el convocante -Omegano tiene representantes en las mesas sectoriales y los otros no quieren dársela, aunque sí respaldan la igualdad en el cobro del plus de exclusividad’.

‘También es verdad que la Administración gallega no debió dejar que este tema llegase hasta este punto y, desde luego, nosotros se lo pedimos desde hace años y la última vez que auguramos la llegada de este conflicto fue en octubre de 2007’, agregó.

Se refirió además a las movilizaciones convocadas desde el mes de diciembre por los médicos y enfermeros que atienden las urgencias extrahospitalarias de los Puntos de Atención Continuada (PAC).

Doval considera que ese es un problema ’heredado’ ya que los PAC fueron creados por el anterior Gobierno de Galicia ’y se pactó dar un margen de tiempo para revisar su implantación y definir con claridad aspectos como el número de horas de trabajo al año y los complementos de nocturnidad y trabajo en días festivos’, subrayó.

Transcurrido un tiempo, recordó el representante médico, el tema sigue sin solucionar ’aunque consiguieron que los sindicatos lleven su problema específico a mesas sectoriales mientras que el debate del plus de exclusividad aún no consiguió su foro’.

Un tercer conflicto, según Doval, es el abierto por los pediatras, únicos especialistas de atención primaria pero cuyo trabajo se reparte en varios servicios como urgencias hospitalarias, consultas de atención primaria y consultas especializadas ’y en Ourense tenemos 20 pediatras para guardias, urgencias y consultas y una ley que no permite movilizarlos de un servicio a otro’, explicó.

La única solución para este colectivo, según Doval, es la decisión política de cambiar la Ley para que se puedan ’repartir los recursos’ según las necesidades.

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