El juez suspende las declaraciones tras la aparición de nuevos documentos

Los controladores acusan a Aena de ocultar datos

Diego  Salmerón (en el centro), abogado de los controladores, a su llegada a los juzgados. (Foto: LAVANDEIRA)
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago suspendió ayer 'sine die' la declaración de los controladores aéreos de Lavacolla implicados en el caos aéreo del pasado mes de diciembre ante la aportación de nueva documentación por parte de la defensa, que deberá ser revisada.
Así lo explicó uno de los abogados que lleva la defensa de los controladores, Diego Salmerón, a la salida de los juzgados de Santiago, donde habían sido citados a declarar. 'Ha sido suficiente tan sólo la declaración de uno de los controladores para provocar que la autoridad judicial decida suspender sine die el resto de las declaraciones pendientes', señaló el abogado.

Al mismo tiempo, informó de que la defensa presentó nueva documentación al caso, que ha sido 'tan palmaria' y 'tan clara', que, 'a petición de las partes', se acordó 'la suspensión para volver a valorar el asunto'. 'Hemos aportado abundante documentación, de la que hemos dispuesto recientemente, que deja claro que existía una trama interesada en ocultar los hechos que se estaban produciendo en Santiago', señaló Salmerón, que acusó a Aena de tener la 'voluntad' de que 'la opinión pública no conociese la realidad' y 'provocar una falta de crédito en el colectivo de los controladores aéreos'.


UNA PERSONA ANÓNIMA

Aunque rechazó entrar en detalles sobre estos documentos, que fueron facilitados por una persona de forma anónima, sí admitió que se trata de 'documentos de la propia Aena' en los que se 'certifica' que se incumplió la jornada laboral de los controladores y que, posteriomente, trató de ocultarse.

Tres controladores aéreos de Lavacolla habían sido llamados a declarar ayer en Santiago por la causa penal que se sigue contra ellos en relación al conflicto aéreo que comenzó en noviembre de 2010 en el aeródromo compostelano, cuando algunos controladores denunciaron que habían cubierto ya el número máximo de horas de trabajo. Este conflicto, posteriormente, se extendió al resto del territorio español y terminó con el cierre del espacio aéreo nacional. Los controladores están acusados de un delito de sedición, por el que podrían afrontar penas de hasta diez años.

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